Camila Gallardo, una cantante juvenil chilena, fue descubierta haciendo una fiesta clandestina en su departamento ubicado en un exclusivo hotel de la ciudad de Santiago. Su caso ha sido controversial porque rompió las normativas sanitarias impuestas por el covid-19, a pesar de que en días previos (y en especial desde el 18-O) ha emitido discursos contradictorios basados en la lucha de clases, en la conciencia social, y promoviendo la inquisición social. En esta oportunidad, la cantante fue víctima de su propia corrección política.
Como ocurre a lo largo de Latinoamérica, el gobierno chileno ha endurecido las normativas para controlar los casos de contagio del coronavirus. Toque de queda, cuarentenas dinámicas, y números telefónicos para denunciar a los que rompen las medidas sanitarias ya son parte de la cotidianeidad de los chilenos. Ante este escenario hay un interesante debate en relación con cómo se ven afectadas las libertades, lo que devela el giro autoritario que han tenido los gobiernos.
Pero, por otro lado, hay voces que funcionan como policías de la verdad: que dictan cuáles discursos y comportamientos son válidos, señalando que quienes interpelan el autoritarismo solo piensan en su propio beneficio en desmedro de la salud de los demás. Por ello, cuestionar las cuarentenas y otras restricciones sería un acto burgués, y ya conocemos el resto de su repetido discurso: “capitalista, fascista y neoliberal”.
Los actores del mundo cultural se han proclamado abiertamente anti-capitalistas, comunistas y feministas, es decir, han adoptado los lineamientos de las izquierdas. Y con una falsa superioridad moral, se posicionan como policías de la verdad cuando juzgan y “funan”, pues actúan como blancas palomas justicieras. Pero la experiencia nos demuestra que ellos son los primeros en contradecir sus discursos.
El caso de Camila Gallardo, alias Cami, generó una gran controversia justamente por su doble discurso. Pues, Gallardo ha hablado de la “profunda desigualdad” de Chile, mientras escribe desde su departamento ubicado en las exclusivas torres del Hotel W, pero también de cumplir las cuarentenas por consciencia social.
Gallardo fue a Miami y volvió a Chile el 26 de enero, y por la normativa vigente, debe hacer cuarentena de 10 días (al menos que al séptimo día ―y no antes― se tome el test PCR y con el resultado negativo en mano puede salir de su domicilio). Estar en confinamiento por viaje tendría como fin no tener contacto con nadie que no viva en ese lugar.
Luego, se la descubrió realizando una fiesta clandestina quebrando las normas sanitarias la noche del sábado 30 de enero. La comuna de Las Condes estaba en fase 2, es decir, los habitantes solo pueden salir de lunes a viernes entre las 05:00 y 22:00 horas, mientras que los fines de semana están en cuarentena y se prohíben las reuniones.
Carabineros llegó al domicilio tras recibir denuncias por ruidos molestos, y detuvieron a la cantante y a sus siete acompañantes, algunos de los cuales escondieron en el baño. Tras estos hechos, Cami se disculpó por redes sociales y señaló que se hizo un PCR que dio resultado negativo (antes del séptimo día), no obstante, será sumariada por las autoridades.
Tras estos hechos, el ministro de Salud señaló que “con los seguidores que tiene [Gallardo], que nos ayude a educar es mucho más positivo que una multa”, lo cuál sorprende pues a comienzos de enero se dio a conocer una polémica fiesta clandestina en la exclusiva playa de Cachagua, que fue condenada fervientemente por las autoridades. Katherine Martorell (subsecretaria de Prevención del Delito) señaló en su momento que “si alguien se muere ya saben a quién ir a preguntar”.
El caso de Camila Gallardo nos deja varias reflexiones: por un lado, vemos cómo las restrictivas normativas no se cumplen porque los ciudadanos ven que atentan contra la libertad. No es entendible que durante la semana los centros comerciales estén saturados, y los fines de semana cerrados; que las personas se movilicen en el transporte público sin el distanciamiento social que promueven las autoridades, pero no se puedan reunir grupos de personas sanas. O que el toque de queda empiece a las 22 horas, cuando hace unos meses empezaba a las 12 de la noche.
Pero por otro lado, quienes militan con el progresismo pueden ser perdonados a pesar que quiebren las normativas sanitarias, mientras que los jóvenes que representan el estereotipo “burgués” (caricatura que ha instalado la izquierda) son condenados y “funados” hasta por las autoridades del gobierno.
Esto devela una vez más la impunidad que tienen los actores del progresismo chileno en todos sus niveles. Rompen las normas sanitarias, hacen obstruccionismo en el Congreso, son acusados de abusos sexuales, pero son tibiamente interpelados. La hipocresía de los actores de izquierda es una constante, pues nos han saturado con sus dobles discursos de cómo comportarnos, qué pensar y qué condenar, pero son ellos los primeros en no cumplir lo que tanto profesan. Como dicen, por la boca muere el pez.
