A cinco meses de las elecciones en Nicaragua, Daniel Ortega continúa la escalada represiva contra la oposición, obstaculizando la organización de la Alianza Ciudadanos por la Libertad para los comicios.
El régimen está “investigando” un presunto delito de lavado contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH); y se ensaña contra los 120 presos políticos que permanecen en sus mazmorras.
El Ministerio Público continuó citando para “entrevistas” a periodistas y directores de algunos medios y portales digitales que recibieron beneficios a través de la FVBCH. La fiscalía del régimen sandinista ha congelado las cuentas bancarias de tres funcionarios de la organización, entre ellas la de su expresidenta Cristiana Chamorro, quien afirmó que continúa con su precandidatura presidencial.
La Alianza Ciudadanos por la Libertad denunció el asedio que enfrenta la organización en los distintos puntos del país por la Policía Nacional. Les impiden realizar reuniones. Patrullas policiales rodean las oficinas de la sede nacional, los vehículos son requisados, y los miembros de ese partido son interrogados antes de entrar a las instalaciones del partido.
Rosario Murillo, esposa de Ortega y precandidata presidencial la emprendió el viernes contra los opositores, a quienes calificó de “matones”, “criminales”, “terroristas” y “tarados”.
“Y todavía pretender ser candidatos: ¡Qué barbarie!”, indicó.
Murillo enfrenta sanciones por violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión gubernamental contra las protestas de abril de 2018, que dejó un saldo de 328 muertos, más de 2 mil heridos, presos políticos y más de 80 mil exiliados.
Los muertos presentaban disparos en órganos vitales de arma de alto calibre de uso exclusivo del Ejército de Nicaragua y la Policía.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, dijo que en Nicaragua disminuyen las probabilidades de elecciones libres y genuinas tras la aprobación de una reforma electoral que ignora las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional.
“Nos preocupa profundamente que las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el 7 de noviembre, se estén alejando como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades contra partidos políticos, candidatos, candidatas y periodistas independientes, que restringen aún más el espacio cívico y democrático. El pasado mes de febrero, el Consejo de Derechos Humanos encomendó a la Oficina que monitoreara de cerca los derechos humanos durante el proceso electoral en Nicaragua. Hemos observado acontecimientos preocupantes a este respecto en las últimas semanas”, expresa el comunicado de la ONU.
En términos similares se han pronunciado la Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La “investigación”
El Ministerio de Gobernación la entidad que “regula” a las oenegés, dijo que la Fundación incumplió “gravemente” sus obligaciones ante esa entidad y con los estados financieros durante el período 2015-2019.
“Se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, aseguró la entidad. El caso fue remitido al Ministerio Público donde es investigado.
A Chamorro le endilgan cuatro delitos: falsedad ideológica, gestiones indebidas, actos ilícitos, y lavado de dinero.
La FVBCH cerró operaciones en febrero pasado tras la reglamentación de Ley de Agentes Extranjeros, pues recibía fondos externos para ayudar al periodismo y promover la libertad de expresión que ha sido restringida desde que Ortega llegó al poder en 2007. Uno de sus donantes era la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El abogado y consultor legislativo Oscar Carrión dijo que, de acuerdo con la Ley, no existe figura de lavado de dinero en el caso que la Fiscalía persigue contra la FVBCH.
“Si la fuente de los recursos de financiamiento es lícita y legal, no hay manera que exista la figura de lavado de dinero. Pero lo que debemos preguntarnos es cómo –aunque no sea un ilícito– existe una gigantesca danza de millones de dólares destinados a ciertos medios de comunicación y a ciertos periodistas”, dijo.
“¿Es moral que algunos periodistas y algunos medios de comunicación tengan la gigantesca provisión de recursos económicos para emitir criterios políticos o económicos? Criterios, en algunos casos, sesgados (a ciertos intereses). Por otro lado, tenemos medios de comunicación y periodistas que no tienen para la subsistencia diaria y andan arriesgando su vida y su integridad física para llevar noticias con imparcialidad y criterios independientes. Algunos están en Nicaragua y otros en el exilio”, afirmó el especialista.
La mayoría de medios beneficiados se identifica con el sandinismo disidente, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) o Unamos, cuyos fundadores gobernaron con Daniel Ortega en la década de los 80.
Para Carrión, el único reclamo que cabría en el caso de la FVBCH, sería de carácter ético, pero no de un delito como sostiene el régimen.
“Orgullosa de haber trabajado en la FVBCH con profesionales intachables y periodistas valiosos de Nicaragua. Todo es una farsa de la dictadura”, dijo en su cuenta en Twitter la aspirante presidencial Cristiana Chamorro.
También anunció que solicitará una reunión con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que integra la Alianza Ciudadanos por la Libertad, que iniciará la selección de su candidato.
