'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
LA REPRESIÓN EN NICARAGUA SE HA INCREMENTADO DESDE LAS PROTESTAS DE 2018

El régimen de Ortega ilegaliza a otras 25 ONG y ya son más de 100 las organizaciones canceladas por la dictadura desde 2018

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Twitter

El régimen de Daniel Ortega se dispone a cerrar otras 25 organizaciones y fundaciones de Nicaragua, dentro de una campaña represiva que ya suma más de cien entidades afectadas desde la revuelta popular de 2018 y que cuenta desde hace unas pocas semanas con el respaldo de una ley más restrictiva para las ONG.

El régimen nicaragüense ha ordenado el cierre de la Fundación Luisa Mercado dirigida por el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez Mercado y también ha ordenado el cierre de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal (1925-2020).

Asimismo, el régimen ha propuesto a la Asamblea Nacional cancelar la personalidad jurídica a la Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), dedicada a la defensa de los derechos humanos desde 1991.

El régimen de Daniel Ortega ya ha ilegalizado a al menos 112 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por Ortega.

Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas, y centros de pensamiento, entre otras.

Además, el régimen también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.

Otras ONG propuestas para ser ilegalizadas han sido la Fundación Coen, del empresario Piero Coen; la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía y la Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

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