La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, se rehúsa a volver a las aulas e impartir clases de manera presencial. Los Ministerios de Salud y Educación solicitaron el retorno a la presencialidad de los colegios públicos, pues los privados –en su mayoría– han adoptado un modelo de alternancia donde los estudiantes pueden decidir si regresan a las instalaciones o mantienen la virtualidad.
Fernando Ruiz, ministro de salud, aseguró que “los niños, por encima de todo, tienen derecho a salud y educación. No tiene justificación alguna que abramos fábricas y restaurantes, pero sí mantengamos las escuelas cerradas. Todos somos responsables de protegerlos”.
Compartió además la circular destinada a todas las autoridades locales y departamentales para apoyar la reapertura segura de establecimientos educativos y dar prioridad al retorno a clases.
La ministra de educación, María Victoria Angulo, también se pronunció al respecto. “Es imperativo avanzar en alternancia y esta debe iniciar lo más pronto posible en todos los colegios del país. Los estudiantes necesitan retornar a las aulas por su salud mental y emocional para volver a socializar y avanzar con su proceso educativo».
En su momento, ante la reapertura de colegios en Bogotá, la alcaldesa Claudia López respondió al sindicato en una entrevista para el medio El Tiempo: “Medidas de bioseguridad sí hay, tenemos ventilación, demarcación, distanciamiento, tapabocas y lavamanos. Lo que no podemos pretender es que no haya coronavirus como condición para volver al colegio, para eso faltan, posiblemente, años. Y no podemos sacrificar a los niños”.
Los argumentos del sindicato
FECODE argumenta que las instalaciones de los colegios están en pésimas condiciones, que estas no son óptimas para el retorno seguro y que el país está por enfrentarse a la cepa brasilera junto y el consecuente tercer pico de contagios.
En su cuenta de Twitter, el sindicato ha publicado evidencia fotográfica de instalaciones educativas en condiciones lamentables. El director del sindicato, Nelson Alarcón, se ha manifestado en numerosas ocasiones al respecto.
“Durante los últimos días se han asentado más los ataques por parte del partido de gobierno, el Centro Democrático (…) nosotros no somos los culpables de que hoy estén cerradas las escuelas, es culpa del gobierno nacional que realmente no ha colocado los recursos suficientes para adecuar cada una de las instituciones con lo mínimo que se necesita (…) no han dotado de los protocolos (…) no hemos dejado de laborar, seguimos cumpliéndole a nuestros niños”, afirmó en un video publicado en la cuenta de Twitter del sindicato.
“Elevamos un mensaje para que se garantizaran condiciones en los colegios públicos para las clases presenciales y el partido de gobierno, en vez de un compromiso con las comunidades, responde con un ataque a los docentes. Esperamos que no se traduzca en amenazas ni asesinatos”, agregaron los sindicalistas.
Lo anterior, a pesar de que el gobierno para el segundo semestre del año pasado había invertido $400.000 millones de pesos en adecuaciones y protocolos de seguridad.
La solución no es cerrar
FECODE se ha caracterizado por ser un sindicato que, como buen grupo de interés protegido por el Estado, busca privilegios para los trabajadores sin consideraciones. En más de una ocasión FECODE ha emprendido la guerra contra la implementación de colegios en concesión, un modelo cuya efectividad está comprobada en ciudades que lo han aplicado, como Bogotá.
El sindicato ha mostrado total resistencia a garantizar una mayor calidad en la educación, pues se niega evaluar a sus docentes y a estandarizar los procesos con referentes a nivel global.
Se oponen rotundamente al debate sobre el voucher escolar, controlan los colegios públicos –a los que tienen acceso los estudiantes de menores recursos– y cuentan con el apoyo de los partidos de izquierda como Colombia Humana (Gustavo Petro) y Polo Democrático.
Gracias a la centralización y dominio que tiene este sindicato sobre la educación en Colombia, quienes pagan los platos rotos son los profesores talentosos, proactivos y cuyo principal fin es aportar a la educación de los niños más vulnerables.
Las instalaciones de muchas instituciones pueden no ser las óptimas, pero esto no implica que antes de la pandemia lo fueran. Es un despropósito negar los hechos. Sí hay un reto enorme a nivel país de mejorar la infraestructura de muchas instituciones, pero ahora lo imperativo es retornar al aula.
Parece que el pretexto de la pandemia funciona solo para evitar volver a la presencialidad en sus trabajos, pero no obstaculiza los paros que han hecho sin escrúpulos en los últimos meses.
No abrir las escuelas, condena a la pobreza
Distintos expertos han señalado la importancia de retornar a la educación presencial, especialmente en un país como Colombia, que presenta bajos niveles de cobertura de internet.
Esta necesidad se agudiza en las zonas rurales, donde la mayoría de los niños no cuenta con los equipos necesarios para atender a las clases virtuales y tampoco cuentan con apoyo en casa para llevar exitosamente su proceso de aprendizaje.
Lo anterior ha generado deserción, especialmente para los estudiantes de colegios públicos y de menores recursos, profundizando así las brechas sociales de las generaciones futuras. Según organismos como UNICEF y UNESCO, muchos niños se han visto expuestos a violencia doméstica como producto del estrés familiar del confinamiento.
Para noviembre de 2020, eran más de 100.000 niños los que habían desertado en Colombia a raíz de la pandemia, según cifras del ministerio de salud. Cada día sin clases se traduce en efectos que cargaremos por décadas y significa grandes retrocesos en la lucha contra la pobreza en Colombia.
La educación de los más vulnerables está secuestrada por el sindicato de maestros.
