Tras la muerte de más de 320 presos en lo que va del año, fue necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas del Ecuador para apaciguar la situación en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil), donde el pasado fin de semana hubo una masacre.
La Fiscalía General del Estado informó que un total de 62 reclusos fueron asesinados entre el viernes 12 y sábado 13 de noviembre. Originalmente se dijo que fueron 68. Sin embargo, “debido al estado de las piezas anatómicas halladas”, el comunicado explica que el número es menor.
Hasta ahora, 48 cuerpos ya fueron identificados, 43 fueron entregados a sus familiares y todavía quedan 14 por identificar. Fueron asesinados con tal brutalidad que se complica el reconocimiento de los cadáveres, entre mutilados y quemados por otros reclusos.
Para frenar la violencia que se vive y recuperar el control de las instalaciones, alrededor de 1.000 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador asumieron desde el lunes el «control total y absoluto» del Centro de Privación de Libertad Guayas Número 1, mejor conocida como «La Penitenciaría de Guayaquil».
Ya que ha habido presencia de carteles de narcotráfico en las cárceles del Ecuador, el ingreso de las Fuerzas Armadas en las cárceles resulta apropiada, en cuanto corresponde a una “amenaza externa”, según explica el presidente Lasso.
Dado que la población carcelaria ronda los 8.500 individuos, fue necesario redoblar esfuerzos para una misión exitosa, puesto que la desventaja numérica impedía una ejecución efectiva de cualquier plan para frenar la violencia.
Según explicó el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena Marriot, en toda la ciudad de Guayaquil hay 3.000 policías y es necesario que superen por dos a uno a los reos para poder intervenir en las cárceles ante un motín.
Además, usar toda la fuerza policial de la ciudad implicaría dejar descuidada el resto de la ciudad. Sumada a la desventaja numérica, la policía no tiene capacidad de actuar. Pues el socialismo del siglo XXI debilitó a la institución al penalizar a los policías que abren fuego contra delincuentes. Tanto así que el gobernador señala que hay 500 policías presos por “exceso de fuerza” en sus funciones. Por eso y más fue necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas.
Por lo cual parte de la recuperación del control sobre la prisión fue expandir el perímetro. Inicialmente la policía se mantuvo afuera de los pabellones donde 62 reclusos fueron asesinados. Luego que se permitió el ingreso del ejército, se sumó a la policía para tomar las torres que las bandas de narcotraficantes rivales instalaron sobre los tejados de la prisión para vigilarse mutuamente.
La participación de las Fuerzas Armadas en este operativo, tras la orden de Guillermo Lasso, va frontalmente contra la Corte Constitucional que pretendía impedir la intervención del Ejército en las cárceles, resguardándose en la Constitución.
Esto a su vez pone un freno a nivel regional respecto a las atribuciones que se toman las cortes en cuanto superan en sus funciones al poder Ejecutivo, Legislativo e incluso Judicial. Pues el presidente de Ecuador decidió avanzar la presencia militar, contra la voluntad de la Corte Constitucional.
Vale aclarar que la Corte, hasta el momento, no se ha caracterizado por su defensa de la Constitución sino por profundizar una tendencia “progresista”. Por ejemplo, pasó por encima de la Constitución, que reconoce al matrimonio entre hombre y mujer, al validar el “matrimonio igualitario” para homosexuales, contrario a lo previsto en la Carta Magna.
De igual manera, pese a que la Constitución reconoce el derecho a la vida en el artículo 45, la Corte Constitucional pasó por encima de ella al validar el aborto en caso de violación; disposición que ni siquiera logró ser aprobada en la Asamblea Nacional (el equivalente al Congreso que ha sido suplantado en todas las naciones de América donde ha gobernado el socialismo para crear nuevas Constituciones).
Es decir, la Corte Constitucional pasó por encima del poder Legislativo, además del Código de la Niñez que reconoce como menor de edad al ser humano desde la concepción hasta los 18 años de edad.
Esto en términos jurídicos se conoce como activismo judicial: no consiste en hacer cumplir la ley, sino apelar a “derechos progresivos” para avanzar en una agenda política-ideológica para ir “más allá de la ley”. Lo cual contradice la función de la Corte Constitucional que tiene como fin hacer cumplir la Constitución.
Para los detractores del activismo judicial se trata de un gobierno de los jueces, que pasa por encima de los demás poderes. Así estaba encaminado Ecuador, hasta ahora. La intervención de las Fuerzas Armadas en la Penitenciaría del Litoral es la primera acción en la cual el presidente Lasso enfrentó a la Corte Constitucional y pasó por encima de su voluntad para poner fin a la barbarie, al derramamiento de sangre en la cárcel.
