Líderes de la izquierda iberoamericana han emitido una declaración de apoyo a las acusaciones de «injerencias en asuntos internos de Bolivia» por parte del Gobierno de Luis Arce contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
Entre los firmantes de esta declaración se encuentran los expresidentes latinoamericanos Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Lugo, Dilma Rousseff, Rafael Correa, José Pepe Mujica, Evo Morales, Ernesto Samper, Leonel Fernández, Manuel Zelaya, Salvador Sánchez, Álvaro Colom y Vinicio Cerezo así como otros líderes de la región como Jorge Taina, Ricardo Patiño, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.
En total, doce expresidentes, ocho políticos y 22 personalidades suscribieron la declaración titulada ‘Rechazo a la injerencia en Bolivia’ respecto a los comunicados de la OEA emitidos hace dos semanas en el que se planteaba crear una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en Bolivia desde el gobierno de Morales hasta la actualidad y se cuestiona el sistema judicial boliviano.
Estas propuestas han sido tildadas como una «intromisión en los asuntos internos» de Bolivia así como los firmantes han considerado que «exceden» las funciones del secretario general de la OEA e «ignoran el funcionamiento del sistema interamericano».
Los firmantes abrazan la narrativa del «golpe de Estado» adoptada por Evo Morales tras su renuncia en medio del caos causado por el fraude perpetrado en las elecciones de 2019.
Asimismo, también se han manifestado preocupados por las recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien consideran que «desconoce la recuperación democrática institucional e interviene en asuntos» de Bolivia.
La semana pasada Blinken expresó su preocupación ante indicios de «comportamiento antidemocrático». «Hacemos un llamado al Gobierno boliviano para que deje claro su apoyo a la paz, la democracia y la reconciliación nacional, incluso liberando a los exfuncionarios detenidos en espera de una investigación independiente y transparente», apuntó Blinken.
Tras la detención de Áñez el pasado 15 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración, Estados Unidos, la Unión Europea, la Conferencia de Obispos Católicos de Bolivia y organizaciones bolivianas e internacionales han planteado públicamente serias dudas sobre la legalidad de las acciones del Gobierno de Bolivia en este caso.
