Ecuador lanzará nuevos contratos de participación en un intento por atraer más inversión privada a su estratégico sector petrolero, como parte de un plan para impulsar la reactivación de su economía con problemas de liquidez, dijo el miércoles el presidente Guillermo Lasso.
Las acciones anunciadas por Lasso, un exbanquero que asumió el cargo el 24 de mayo, buscan en 100 días optimizar los procesos del sector petrolero, a fin de lanzar nuevas rondas de licitaciones internacionales bajo los nuevos contratos, que incluirán compromisos de inversión de riesgo y un incremento de la producción.
Adicionalmente, el gobierno realizará un estudio para determinar los campos petroleros que serán incluidos en las licitaciones internacionales y aquellos que seguirán bajo la operación de la petrolera estatal Petroecuador, explicó Lasso durante la firma de un decreto que detalla acciones para el desarrollo del sector.
«No podemos desperdiciar la oportunidad de subirnos a esta pequeña ola de bonanza petrolera internacional», dijo el mandatario, refiriéndose al reciente aumento de los precios del crudo, principal producto de exportación del país.
«Eso se traduce en más ingresos para el Ecuador; sin embargo, no es suficiente para las muchas necesidades que tenemos», agregó, enfatizando que el país necesitaba impulsar la producción de crudo desde los niveles actuales que bordean los 500.000 barriles por día (bpd).
Ecuador también arrancará con un proceso para que las empresas que ya operan en el país puedan migrar de manera «libre y voluntaria» a los contratos de participación desde los actuales de prestación de servicios, en los que el gobierno les paga una determinada tarifa.
Lasso anunció planes para revisar los procesos de Petroecuador para la comercialización, refinación y transporte del petróleo y estudios para evaluar la posibilidad de crear una mezcla de los principales grados de crudo del país para potencialmente encontrar nuevos clientes.
Ecuador además creará un «fondo de sostenibilidad» que se alimentará con una parte de los ingresos petroleros, los mismos que serán destinados para programas sociales, en especial en las áreas de influencia de la infraestructura petrolera, donde tienden a ser las zonas más pobres del país.