Todos los medios lo dan por hecho: “El Gobierno aprueba la ley trans”, aunque en verdad lo promulgado por el consejo de ministros ha sido el anteproyecto de ley. Después un informe del consejo de Estado hará que la norma vuelva al Ejecutivo que decidirá si la tramita como ley. En ese caso llegará al Congreso para su debate y votación.
El precedente no sonríe al legislador. En mayo el Congreso tumbó la proposición de ley impulsada por ERC y Grupo Plural redactada en los mismos términos que la propuesta por el ministerio de Igualdad. Los socialistas se abstuvieron y la norma quedó rechazada. Una grieta enorme dividió el Gobierno en dos: a un lado, Carmen Calvo, autoproclamada representante del feminismo clásico y, al otro, Irene Montero, promotora de la ley trans y de palabras inexistentes como “portavoza”, “niñe” o “todes”.
Como ya es norma de la casa (ley contra la violencia de género) el texto presentado por el Gobierno invierte la carga de la prueba. Esto quiere decir que será el acusado quien tenga que demostrar su inocencia y no el acusador quien aporte pruebas que apunten a la comisión del delito. En la práctica ha supuesto que las denuncias por malos tratos sin indicios de violencia hayan llevado a hombres inocentes a dormir en el calabozo. Es la vulneración de la presunción de inocencia y la aniquilación del derecho en el altar de la progresía. La ideología suplantando al sentido común y a las nociones más básicas de justicia.
Ya sabemos que la ideología suele tener problemas con la realidad y en este caso sobrepasa cualquier límite conocido al negar la naturaleza, esto es, la realidad biológica más elemental. Las consecuencias de este disparate no son difíciles de aventurar: los menores de 12 años podrán cambiar de nombre sin problemas. Hasta los 14 podrán promover expediente de jurisdicción voluntaria asistidos por sus representantes legales. Hasta los 16 años deberán estar asistidos por sus representantes legales. Y a partir de los 16 podrán hacerlo libremente como si fueran mayores de edad. El espíritu de la norma les avala: “El cambio de sexo se trata de un procedimiento administrativo basado en la despatologización y la autodeterminación de género sin ningún medio de prueba ni ningún testigo”. Todos ellos tendrán un amplio abanico de prebendas maquilladas con el eufemismo de “ampliación de derechos”. El premio, recoge el anteproyecto de ley, es que esos menores que se cambien de sexo en el registro civil podrán disfrutar de “numerosos derechos a nivel educativo, deportivo, etc”.
En el deporte es precisamente donde mejor se aprecia el nefasto resultado de negar la biología: los hombres trans que juegan en categoría femenina tienen ventaja sobre el resto de mujeres debido a su complexión atlética más fuerte, de modo que casi siempre se imponen adulterando de esta manera la competición y el principio de igualdad.
En este proceso de deconstrucción de la sociedad la clase dominante -multinacionales, bancos, organismos supranacionales como la UE o la ONU y otros grupos de presión- va de la mano de muchos Estados que, como el español, asumen los postulados de la agenda LGTBI. La presión ejercida es formidable hasta el punto de sustituir términos científicos como disforia de género -patología con que la psiquiatría define a la transexualidad- por el propagandístico “no binario”, tan en boga por los ideólogos del ministerio de Irene Montero.
De aprobarse la ley, las administraciones públicas podrán sancionar “a cualquier persona que veje a otra por ser trans, bisexual, gay… o por impedir el acceso a la vivienda a una pareja formada por dos mujeres. También se contemplan sanciones para aquellas empresas que permitan o alienten la discriminación en el ámbito laboral o establezcan condiciones distintas por tener una orientación sexual o identidad de género concreta”. El caso no es que esté mal sancionar a quien veje o discrimine a otra persona, sino el hecho de que será el denunciado quien tenga que demostrar que es inocente. ¿Cómo demuestra una empresa que si no ha contratado a un transexual fue sencillamente porque otros candidatos tenían mejor currículum y no por su condición sexual? La amenaza de la multa es una manera de garantizar las cuotas.
Entre las sanciones también destacan las referidas a las terapias de la conversión. “Se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento en cualquier forma destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas”. O sea, que si usted tiene pene y decide ir al registro civil a decir que es mujer, no hay problema. La ley le ampara aunque sea un varón. Otra cosa es si usted ya es transexual. Llegado a este punto el legislador no permite cambio alguno. Si el transexual no está contento con su condición sexual y acude a una terapia de conversión la persona responsable de esa terapia será sancionada. También lo será si sencillamente informa de la existencia de las terapias. Las multas oscilan entre los 10.001 y los 150.000 euros. La ayuda a realizar cambios, por tanto, sólo se permiten en una dirección como ya sucede con la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid aprobada por el PP en 2016. Por eso no es de extrañar que estos últimos se hayan opuesto a la norma trans con el argumento de que no es la adecuada, pero “hace falta otra ley trans”.
La sumisión del principal partido de la oposición demuestra que la izquierda (en sus variantes PSOE o Podemos) vuelve a ser dueña y señora de la hegemonía cultural, social e ideológica de España convirtiéndose en algo más que un legislador. Un Dios terrenal que altera la naturaleza a su capricho: el órgano reproductor masculino o femenino ya no determina ser hombre o mujer. Es el triunfo supremo de la voluntad, el superhombre de Nietzsche reencarnado en Irene Montero y el feminismo de nueva ola.
Llegados a este punto y aceptando que el Estado confiere al individuo la potestad de autodeterminarse negando su realidad biológica, ¿con qué cara se le puede decir a Rufián, Puigdemont y Junqueras que un menor de 16 años puede cambiarse de sexo sin autorización pero que ellos no tienen derecho a la autodeterminación de Cataluña?
