Iberoamérica es la cuna del presidencialismo moderno. Buena parte de los países que la integran entrañan una larga tradición de concentración de poder en la figura del Presidente. Eso conlleva a que, en la región, los riesgos de tener a un Jefe de Estado centralizador, invasor de la autonomía de los demás poderes públicos y que eventualmente cometa actos de corrupción se potencien seriamente.
La ecuación es sencilla: la debilidad o inexistencia de controles institucionales para aminorar la cantidad de poder que maneja una persona hacen que la posibilidad de que ésta incurra en malos procederes aumente exponencialmente. Allí es cuando la prensa libre, en tanto órgano vigilante de la gestión pública, adquiera un papel nodal en cualquier democracia que se precie de serlo.
Es frecuente ver en la región a gobernantes enfrentados frontalmente a los medios de comunicación. Ejemplos de esta relación tirante que ha llegado incluso a la violencia física sobran, pero solo basta posar la mirada en tres casos: un México gobernado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), El Salvador del joven Presidente Nayib Bukele y la Venezuela que le legó Hugo Chávez a Nicolás Maduro.
Generalmente al poder no le gusta la prensa libre. Es incómoda porque pregunta, porque investiga y porque pone en evidencia ante el gran público los desafueros de los políticos inescrupulosos. Seguramente sería mucho más fácil gobernar sin medios de comunicación críticos, esos que ante cualquier actuación de un funcionario público anteponen la duda y el deseo de conocer si realmente las cosas se están haciendo bien, con arreglo a la ley y, sobre todo, sin que en el camino medie el maldito cáncer de la corrupción.
Basado en la duda sobre el poder y los poderosos está edificado todo el pensamiento liberal clásico; ése que es aplicado en las sociedades del mundo que actualmente exhiben algún nivel importante de desarrollo democrático. Se apela a apuntalar instituciones independientes que, dentro del Estado, se controlen las unas a las otras. Vamos, que no todos los hombres que acceden al poder son la encarnación de Satanás; pero es mejor contar con mecanismos para frenar a tiempo las ambiciones de un político aprovechador que depender del factor suerte para que el próximo Presidente de tu país sea un político decente y bien portado.
El México de AMLO
López Obrador tiene en su haber el penoso mérito de haber protagonizado un 2019 el año más violento de la última década con respecto a los periodistas, de acuerdo a cifras de vigilancia de la libertad de expresión. Durante ese periodo se registraron 609 agresiones de diverso tipo a la prensa libre. La cosa no es casual, puesto que desde que llegó al poder, López Obrador ha cargado duramente contra los periodistas que se atreven a cuestionar su gestión, señalando a menudo que quienes lo critican desde los medios de comunicación lo hacen obedeciendo a intereses pagados. A ellos les ha endilgado el mote de “prensa fifí”.
En 2020 la cosa no pintó mejor. La Organización No Gubernamental Artículo 19 señaló en septiembre pasado que en México se cometían ataques a la prensa cada 10.7 horas. Según la ONG, para el primer semestre del año pasado ya se contabilizaban 406 ataques, por lo que era evidente que al cierre del año la cosa iba a pintar mucho peor que en 2019. Dentro de este grupo de incidentes destacaba para entonces el asesinato de cuatro periodistas.
México nunca ha sido un paraíso para la actividad de los medios de comunicación, y mucho menos para quienes trabajan dentro de ellos. Antes de que llegara AMLO al poder ya la cosa pintaba mal, pues Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica estiman que solamente en el período comprendido entre 2006 y 2018 se produjeron 102 asesinatos y 14 desapariciones forzadas de comunicadores sociales. Sin embargo, desde que el líder izquierdista tomó el timón del barco los riesgos al ejercicio de la profesión periodística se han acrecentado considerablemente, en tanto es el propio Presidente el que ha protagonizado diversos capítulos en los que él directamente ha arremetido y mandado a arremeter contra la prensa libre, tal y como lo acreditó la Sociedad Interamericana de Prensa en mayo del año pasado.
El Salvador de Bukele
En El Salvador un joven y vigoroso Nayib Bukele se ha vuelto famoso por ser el prototipo de un presidente ‘millenial’: disruptivo, vestido desenfadadamente, ajeno a los partidos tradicionales y ávido de visibilizar su gestión de gobierno a través de las redes sociales. Pero no todo es color de rosa. El nuevo Mandatario del país centroamericano no ha perdido el tiempo desde que llegó a la Presidencia para enfilar contra distintos medios de comunicación, a quienes acusa de torpedear su gobierno.
En ese país el comportamiento en términos de las agresiones a la prensa ha experimentado una tendencia similar a la de México: va in crescendo. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha señalado que en 2020 se han producido 125 vulneraciones al ejercicio periodístico, en contraste a un 2019 que dejó 77. Lo preocupante, señala esta organización, es que en un 90% de los casos se evidencia que el autor directo de las agresiones es el Estado salvadoreño, encabezado por Bukele desde junio de 2019.
Un caso extremadamente polémico puso al propio Bukele en el centro de los reflectores en 2020, esto cuando el Presidente informó que había demandado a “El Faro” por lavado de dinero y evasión tributaria, un medio periodístico que había encabezado investigaciones que develaron una trama en la que el Jefe de Estado había establecido conversaciones con el grupo criminal de la llamada “Mara Salvatrucha” (MS-13) en pos de intercambiar impunidad y prebendas para sus integrantes por una bajada en las tasas de violencia y criminalidad en las calles del país.
El fenómeno Bukele -que cuenta con un abundante respaldo popular- es temido en tanto que la reciente victoria electoral que le ha conferido a su partido la mayoría absoluta en las elecciones legislativas pueda allanar el camino hacia un nuevo peldaño en su relación hostil con la prensa: la aprobación de leyes que le permitan ejercer la censura mediática de un modo más abierto y feroz. Habrá que dar tiempo al tiempo y ver qué deriva toma el mandatario salvadoreño.
La Venezuela chavista
La Venezuela del chavismo ha sido el paraíso para la aplicación de distintos modos de censura y enfrentamiento a la prensa libre. Desde su llegada al poder Hugo Chávez se tornó en un individuo absolutamente hostil con los medios de comunicación críticos a su gestión, a la vez que apalancó la creación de un gigantesco sistema de medios pagado por el Estado para replicar las supuestas bondades de la Revolución Bolivariana.
Muy temprano la censura en Venezuela se institucionalizó incluso por vías legales. En 2004 el Parlamento, dominado por el chavismo, aprobó la creación de la llamada “Ley Resorte”, cuyo articulado condicionó de cabo a rabo la programación de las televisoras y radioemisoras privadas del país. El papel central en la censura que durante todo este tiempo ha tenido la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es innegable, en tanto además se ha convertido en el administrador de las “concesiones” que otorga el Estado venezolano para explotar el espectro radio-eléctrico. Medios que critiquen demasiado al régimen siempre estarán sujetos a que su concesión sea revocada.
Básicamente, desde el punto de vista de las leyes y de las instituciones, el chavismo ha desarrollado una sofisticada máquina de acallar voces, decantando en episodios como el cierre del antiquísimo y crítico canal de tv venezolano Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, la sacada del aire de más de 38 radioemisoras en 2009, la persecución sistemática durante todo este tiempo a los directivos y periodistas de la prensa escrita tradicional (El Nacional, Tal Cual, El Nuevo País) y los nuevos medios digitales (La Patilla, Efecto Cocuyo, El Pitazo, entre muchos otros).
La era Maduro incluso ha complejizado la ecuación. El nuevo jefe del Estado ha optado incluso por censurar comprando medios de comunicación privados y poniendo su línea editorial al servicio de la máquina de propaganda del régimen. Tal fue el caso en la televisión del crítico canal de noticias Globovisión (actualmente regentado por el empresario chavista Raúl Gorrín) y los viejos diarios Últimas Noticias y El Universal (cuyos propietarios actuales ni siquiera se sabe quiénes son).
El resultado es evidente: al día de hoy la oferta de medios de comunicación venezolanos críticos y libres frente al poder es prácticamente inexistente en la televisión, en la radio y en la prensa escrita. El chavismo les ha constreñido de tal modo que ser periodista en esa nación sudamericana actualmente representa más un deporte de riesgo extremo que otra cosa. No obstante, existen honrosas excepciones que con mucha valentía siguen resistiendo en Venezuela para informar sobre los desmanes del régimen chavista.
En conclusión, a los regímenes que concentran poder y que gobiernan basados más en sus antojos que en el verdadero interés público, los medios de comunicación que hacen su trabajo les representan un estorbo, un fastidioso lastre del que hay que buscar salir a como dé lugar. América Latina, con sus problemas para manejar los principios básicos de la democracia y con Presidentes cada vez más megalómanos e irresponsables, presenta un perfecto caldo de cultivo para que líderes todopoderosos arrasen con todo a su paso, incluida la prensa libre.
