El régimen de Daniel Ortega mantiene encarcelados a 149 presos políticos, 139 de ellos en el contexto del estallido social de abril de 2018, aunque la cifra podría ser mayor debido a que algunos casos no han sido incluidos en una lista publicada por el “Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas”.
Dos de los casos que no están incluidos en el listado correspondiente al mes de agosto son el aspirante presidencial Noel Vidaurre y el comentarista político Jaime Arellano, ambos detenidos el 24 de julio y a quienes el régimen sandinista les dictó arresto domiciliar.
Arellano fue acusado por el Ministerio Público ante el juez el 2 de septiembre por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal. Vidaurre y Arellano son de derecha y críticos del sandinismo en el poder y el disidente.
El tercer caso que no está incluido es el de Santos Sebastián Flores Castillo, el abogado que permanece preso desde 2013 tras denunciar al dictador Ortega por abuso sexual a su hermana cuando esta era una menor de 15 años. El caso del abogado fue expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en abril 2016 por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), como uno de los casos más críticos debido a que es víctima de crueles torturas, un caso denunciado por la familia Flores Castillo.
Las condiciones en las que permanece Santos Sebastián Flores Castillo, en las cárceles sandinistas de Nicaragua fueron expuestas ante la 157º sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Washington, en abril de 2016, junto al caso del preso político Marvin Vargas.
Flores Castillo fue condenado en tiempo récord a 15 años de prisión, acusado del mismo delito por el que él acusó a Ortega.
Marvin Vargas sí aparece en la lista de los presos políticos junto a los nueve presos de conciencia encarcelados desde 2014, acusados por el caso conocido como “la masacre del 19 de julio de 2014”, en el que murieron cinco simpatizantes sandinistas. Los nueve encarcelados que se han declarado inocentes son reconocidos como presos políticos por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
En total, en la cárcel La Modelo, en Tipitapa, ubicada al oeste de la capital, Managua, hay 114 presos políticos. De ellos poco se habla desde hace algún tiempo en los medios de comunicación, y mucho menos tras la detención de 35 opositores encarcelados por la dictadura a partir de junio, entre ellos siete aspirantes presidenciales. La atención mediática se ha centrado en el segundo grupo.
Durante la organización de la campaña electoral, pocos sectores de la oposición mencionaban a los presos políticos, la atención estaba centrada en la campaña presidencial, algunos políticos opositores prometieron que cuando ganaran las elecciones los presos políticos serían liberados inmediatamente.
En medio de disputas a lo interno de la oposición, el dictador sandinista descabezó a sus adversarios, entre ellos a sus antiguos camaradas. Ortega se presenta a las elecciones presidenciales sin competencia.
Juzgados
El informe del “Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas”, revela que los presos políticos detenidos entre 2018 y 2019, en su “mayoría han sido condenados por delitos asociados con terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, homicidio y posesión de armas”.
Activistas de derechos humanos sostienen que esas acusaciones carecen de pruebas y tienen como fin mantener en la cárcel a opositores que participaron en las protestas antigubernamentales.
En el caso de los presos políticos detenidos en 2020 han sido acusados, en su mayoría, por supuestos delitos relacionados con robo agravado y tráfico de estupefacientes “apuntando a un patrón de criminalización de la protesta que busca que las víctimas no sean identificadas como presos políticas” sino como reos comunes.
Ese patrón ha sido empleado con los excarcelados que fueron liberados bajo la ley de “amnistía” y posteriormente han sido recapturados. Ortega aprobó esa ley en 2019 para “perdonar” los crímenes cometidos por su régimen durante las protestas. Sin embargo, la persecución contra la oposición ha continuado.
“A pesar de este intento por parte del régimen de solapar la verdadera naturaleza de persecución política detrás de estos casos de criminalización, las distintas asociaciones de familiares y organizaciones de derechos humanos lograron documentar los casos. Por lo que se logró evidenciar las distintas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, así como el cumplimiento de los criterios sistematizados por el Mecanismo para la identificación de casos de prisión política”, dice el documento.
Las acciones del régimen están revictimizando a los presos políticos debido a las condiciones carcelarias en el penal de Tipitapa, las torturas y crueles castigos a los que son sometidos, las amenazas y las dificultades económicas que enfrentan los familiares debido a que la mayoría de los presos políticos eran sostén del hogar.
Muchas familias enfrentan dificultades para sobrevivir y llevarles alimentos a los presos políticos.
