Analizar los desaciertos del gobierno mexicano es una tarea inabarcable. Tal parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus subordinados han encontrado una forma de que la prensa y los ciudadanos no encontremos abasto en comentar la actividad de la mal llamada Cuarta Transformación. Sus estrategas en comunicación han hecho un buen trabajo al arrastrarnos a una interminable y deliberada cascada de información en donde confluyen todo tipo de eventos, desde los más infantiles hasta los más aberrantes.
De cualquier modo, referiré algunos puntos de importante preocupación que el obradorismo nos regaló en este año inédito en la historia de la humanidad.
Los acontecimientos pueden dividirse al menos en tres rubros. Las ocurrencias, las incongruencias y las inclemencias.
En las ocurrencias nos encontramos con la rifa del avión presidencial y la consulta popular para “enjuiciar presidentes”. Lo trascendente de estos circos no se define por lo que signifiquen en sí, sino por todo aquello que desnudan, por esa razón hago mención de los mismos. Por que al igual que muchos mexicanos yo también quisiera borrar esos dos lamentables episodios de nuestra historia política nacional.
En las incongruencias nos encontramos con el combate a la corrupción por ser una de las principales arengas de esta administración la cual constantemente queda expuesta y rebasada por la propia realidad y en las inclemencias además de incluir la contingencia por covid-19 está la detención del General Cienfuegos.
La rifa del avión presidencial
La lujosa aeronave Boeing 787 Dreamliner, «José María Morelos y Pavón», con un valor actual estimado en 2,400 millones de pesos, sí, esa que “ni Obama tiene”, ha estado en la punta de la lengua del presidente desde que inició su gestión. A principios de 2020, al gobierno Obradorista se le ocurrió una “grandiosa” idea para lidiar con ese elefante blanco ahí varado: rifarlo.
Inmediatamente comenzaron las críticas de la población, entre burlas y memes se dejaba al descubierto la evidente inviabilidad del grotesco sorteo.
¿Qué haría un ciudadano común si resultaba ganador de la aeronave?, cuando las estimaciones del gobierno indican que los costos de mantenimiento anuales equivalen a aproximadamente 1,7 millones de dólares.
Pese a esto, la rifa del avión presidencial continuó solo que… sin el avión presidencial.
En su lugar, se haría entrega de un premio en efectivo dividido entre 100 ganadores. Cada ganador recibiría 20 millones de pesos.
Los fondos excedentes a los premios otorgados serían destinados a la dotación de equipos médicos a los hospitales públicos para poder hacer frente a la pandemia.
Al término de todo alboroto, ni siquiera se tiene certeza de la cantidad de boletos vendidos ya que la cifra final fue cambiada en un par de ocasiones. A la par de la emergencia sanitaria, esta penosa simulación acaparó la conversación la primera mitad del año.
Entre los sinsentidos, las inconsistencias y los señalamientos de efectivamente se habían forzado a servidores públicos de todos los niveles y a empresarios a comprar sus chachitos de lotería, este tema llegó a cansar sistemáticamente a la gente.
Fue un sentimiento generalizado, a todos niveles podría vislumbrarse el acto como una incomprensible e inútil ocurrencia del gobierno, como una burla.
Consulta popular
En un nuevo capítulo de las locuras del emperador tuvimos la solicitud que realizó el presidente para consultar a la población si se somete o no a juicio a los expresidentes por posibles delitos cometidos.
En principio, el partido en el poder pretendía hacer pasar la solicitud de consulta como un reclamo legítimo de la población, pero no alcanzaron a recabar los 1.8 millones de firmas ciudadanas para hacer la petición como lo establece la ley, por lo fue realizada desde el ejecutivo.
Lo relevante en todo este circo de la consulta popular, fue comprobar lo que ya se sospechaba: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sólo un integrante más de una línea corporativa política. Bajo este contexto se fraguó una de las decisiones más vergonzosas de la historia de la Corte mexicana.
Lo relevante en todo este circo de la consulta popular, fue comprobar lo que ya se sospechaba: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sólo un integrante más de una línea corporativa política
Por decisión mayoritaria, los ministros calificaron la constitucionalidad de la consulta popular solicitada por López Obrador, consistente en preguntar a la población si estaba de acuerdo en que se abriera una investigación y proceso penal a determinados actores del pasado reciente (expresidentes).
A los jueces del máximo tribunal del país se les olvidó que en un Estado democrático la justicia no se encuentra supeditada al contentillo de una mayoría aplastante, e incluso unánime, pues las obligaciones de investigación y persecución de los delitos son facultades regladas y no discrecionales de las autoridades correspondientes. De ese tamaño fue el resbalón quienes encabezan el Poder Judicial.
Política internacional
El evento más significativo en el rubro fue el primer viaje de trabajo de AMLO al extranjero en lo que va de su sexenio. Acudió a Washington DC el 8 y 9 de julio con la intención de ratificar la entrada en vigor del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá de libre comercio, el T-MEC
Sin duda la visita al presidente estadounidense Donald Trump generó indignaciones y habladurías por su evidente connotación política al realizarse en el contexto de la carrera electoral en EE.UU.
Los analistas lo llamarón “el peor error diplomático de su gestión”, mismo que quizá solo sería superado por el segundo evento “catastrófico” en voz de algunos representado por la resistencia del mandatario mexicano a reconocer como ganador a Joe Biden hasta en tanto no estuvieran concluidos los procedimientos electorales, incluyendo las batallas legales.
La comentocracia mexicana que lamentaba en un constante grito de dolor la tremenda insolencia de AMLO por guardarse la felicitación al virtual presidente electo, -el candidato demócrata- ignoraban incluir en la ecuación aquello que sin duda definiría no solo la relación bilateral sino también la conducción de la política interna de orden: la polémica detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Detenido en territorio americano, el exsecretario de la Defensa Nacional fue imputado por asociación con el crimen organizado durante la gestión de Enrique Peña Nieto, lo cual comenzó a minar la confianza y la comunicación entre México y Estados Unidos, pues tal parece que previo a la detención de aquél, no existía conocimiento de la investigación por parte de ninguna agencia del gobierno mexicano. Después de una serie de opacidades, el gobierno americano determinó retirar los cargos y delegar en el gobierno de Andrés Manuel la responsabilidad en su investigación por la supuesta participación de Cienfuegos en actividades delictivas. No obstante, el misterio ha continuado, pues no hay conocimiento de que alguna investigación al exsecretario de la Defensa Nacional se encuentre en curso. No existen, reitero, respuestas claras en este rubro. Existe una total incertidumbre respecto al sentir del Ejército y los problemas que ello le pueda reportar a Andrés Manuel. Es quizá por lo que el silencio ha reinado en el tema, pues no es conveniente un distanciamiento entre aquéllos bajo el entendido de la importante apuesta sobre la Guardia Nacional y la militarización de facto en la política de seguridad pública.
Combate a la corrupción. Caso Lozoya y los parientes incomodos de López Obrador
La supuesta cruzada por erradicar la corrupción ha sido una de las principales banderas de AMLO. Una lucha cobijada con un discurso cínico cuando los personajes más impresentables forman parte de su gabinete. Manuel Bartlett, desde luego, es el funcionario que inmediatamente llega a nuestra mente al ser blanco de numerosos señalamientos de enriquecimiento inexplicable, por citar algún ejemplo.
En este contexto, el caso Lozoya, representaba una gran oportunidad de López Obrador para legitimar su discurso y llevar a los hechos la gastada prédica de purificación gubernamental.
Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), capturado en España en el mes de febrero, aceptó ser extraditado a cambio de información referente al caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en México donde se involucra a tres expresidentes, gobernadores y varios legisladores de participar en la cadena de sobornos y asignación irregular de contratos a la empresa brasileña.
Comenzaron los señalamientos y los deslindes de los implicados, a quienes Lozoya señalaba como los orquestadores del saqueo, la mayoría colaboradores en la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto.
En una jugada de autopreservación, la mafia del mirreynato priísta contratacó, asegurando con ello que la telenovela de Lozoya fuera sacada del aire.
Fue así que el 2020 fue testigo de un grande golpe a la credibilidad de López Obrador, pues vino de la mano de, ni más ni menos, el hermano de Andrés Manuel, Pío López Obrador, quien fue captado recibiendo dos paquetes de dinero en el año 2015, presuntamente para destinarlos a la campaña de su hermano.
Pío López Obrador fue captado recibiendo dos paquetes de dinero en el año 2015, presuntamente para destinarlos a la campaña de su hermano
Inmediatamente, la justificación: que el dinero que recibe el hermano del mandatario, proyectado en un videoescándalo provenía de contribuciones populares al movimiento. No estoy completamente segura de cómo esta importante revelación ha quedado relativamente en el olvido, pues parece que las excusas fueron suficientes. A mi juicio, esto habría sido imperdonable en sexenios anteriores. Tristemente, la narrativa de Andrés Manuel, donde lo suyo es financiamiento legítimo y lo ajeno es corrupción y saqueo, ha permeado en el imaginario colectivo.
Posteriormente, se nos presentó el caso de Felipa Obrador Olán, prima hermana del presidente, dueña de una empresa beneficiada indebidamente con contratos de PEMEX por más de 365 millones de pesos.
Reiterando por si nos quedaba alguna duda, que el supuesto combate a la corrupción es letra muerta, una burla a la inteligencia de los mexicanos.
Crisis de la covid-19
La crisis de la covid-19, la dejé al último ya que pandemias como ésta no son imputables a los líderes del mundo. Sin embargo, sí puede reprochárseles su manejo y conducción.
Muchos señalan la indolencia de Andrés Manuel para ridiculizar y minimizar la crisis sanitaria. Cuando a inicios de este año se confirmó el primer caso de coronavirus el presidente lanzaba afirmaciones en el sentido de que no había por qué alarmarse y en meses después, decidió reanudar sus giras por el país pese a que la emergencia sanitaria se mantenía.
El presidente lanzaba afirmaciones en el sentido de que no había por qué alarmarse y en meses después, decidió reanudar sus giras por el país pese a que la emergencia sanitaria se mantenía.
Lo que sí, muy criticable, bajo el contexto de la pandemia, se lanzó un catálogo de medidas de austeridad promovidas vía decreto, en las cuales, al amparo de la reasignación unilateral de presupuestos, se incluían como prioritarias los megaproyectos característicos de este gobierno: Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya.
En general, el año 2020 fue el año del nuevo funcionario de lujo en las filas de la 4T, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien protagonizó una de las joyas imborrables del culto a la personalidad, afirmando que “la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio”. Aunque no será por esta manifestación de servilismo por lo que López-Gatell tendrá que reportar cuentas en su futuro: versiones cambiantes respecto al uso de mascarillas; opacidad en la presentación de datos sobre contagios y defunciones por motivo de la pandemia denunciados desde la prensa nacional e internacional; etc.
Lamentablemente, el problema está lejos de acabar, pues no hay que ser particularmente suspicaces para pronosticar la gran difusión que el gobierno federal le dará a la vacunación a efecto de reportar dividendos electorales. Sí le cayó como anillo al dedo la pandemia a Andrés Manuel, después de todo.
