Este domingo 7 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales en Nicaragua. El resultado está cantado, todos los candidatos presidenciales de oposición están presos o exiliados, los medios críticos al régimen perseguidos y la observación internacional sustituida por un «acompañamiento» electoral de inclinación marxista. No olvidemos que las autoridades electorales están al servicio del oficialismo.
Ante este panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el cual señala que «la concentración del poder por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo».
Para sorpresa de algunos, hasta el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, -tan amigo de la farsa venezolana del 21 de noviembre próximo- ha afirmado que las elecciones previstas en Nicaragua son «un fake» y que de ellas no se puede esperar ningún «resultado legítimo».
Hasta el Centro Carter -organismo complaciente frente a los fraudes que comete el chavismo en Venezuela- ha expresado que no hay condiciones electorales en el país centro americano. Jennie Lincoln, asesora principal del Centro, declaró el pasado viernes que ·no hay condiciones para unas elecciones creíbles en Nicaragua, no hay, no existen… la democracia nicaragüense está muerta”
Lo peor es que la población nica se ve imposibilitada de protestar ante la avalancha de atropellos, ya que la persecución del régimen hacia la disidencia es feroz. Sin embargo, los nicaragüenses en el exterior han convocado a movilizaciones en contra de los comicios generales en lo que han denominado El Gran Grito por Nicaragua, abriendo la jornada de protestas ayer en Roma y continuándolas este domingo en España, particularmente en Madrid y Bilbao; en Lund (Suecia), Ottawa (Canadá), San José (Costa Rica) y en Ciudad de Panamá (Panamá). En Estados Unidos se manifestarán hoy en Miami, Boston, Nueva York, Houston, Los Ángeles y Washington, según las convocatorias difundidas en distintas redes sociales.
Surge entonces la interrogante: Si las elecciones son un «fake»; si «no hay condiciones», y si en Nicaragua existe un “Estado policial”, ¿Qué harán los gobiernos democráticos del mundo a partir de este lunes, 8 de noviembre, cuando se anuncie la reelección de Daniel Ortega?
Habría que tomar al menos cinco decisiones: desconocer el resultado electoral de los próximos comicios nicaragüenses; como consecuencia de lo anterior, desconocer la presidencia de Ortega; activar la Carta Democrática Interamericana de la OEA en contra de Nicaragua; imponer todo tipo de sanciones a los funcionarios nicaragüenses involucrados en el fraude; y acusar a Daniel Ortega ante los tribunales internacionales.
Dado que no existen indicios de que el desenlace previsto vaya a cambiar es importante que los gobiernos, las organizaciones multilaterales y los sectores democráticos tengan preparada su respuesta al fraude nicaragüense para que mañana presenten su visión de los hechos.
Los aliados de Ortega ya están preparados para avalar los resultados como se desprende de la entrevista ofrecida el pasado domingo por la Secretaria Ejecutiva del Foro de Sao Paulo, Mónica Valente, quien aseguró que dichos comicios serán válidos. Los sectores democráticos, por tanto, deben reaccionar rápidamente.
