Daniel Ortega se ensaña contra sus adversarios políticos mientras familiares de los opositores encarcelados siguen lanzando un SOS por la vida de sus seres queridos. Suplican un gesto de humanidad, pero el régimen continúa ignorándoles, mientras la comunidad internacional poco hace con comunicados, resoluciones y llamados al dictador sandinista.
Los más vulnerables son los presos de la tercera edad, cuyo deterioro es evidente debido a las torturas a las que son sometidos, meses de aislamiento, extenuantes interrogatorios a los que se les ha expuesto, estrés, falta de una alimentación adecuada, y las enfermedades que padecen. Más de una decena de opositores adultos mayores son acusados por el régimen sandinista de “menoscabo a la integridad nacional”, “propagación de noticias falsas” y hasta de “lavado de dinero”.
El Ministerio Público emitió un comunicado la noche del viernes para informar que ha “solicitado” al juez correspondiente, “un cambio de medida cautelar de prisión preventiva a detención domiciliaria con custodia policial” para de tres de los presos políticos de la tercera edad por “razones humanitarias”.
El cambio de régimen es para el exembajador Francisco Aguirre Sacasa, 77 años; José Bernard Pallais, de 68 años; y para el excandidato presidencial Arturo Cruz Sequeira, de 68 años.
“El Ministerio público al tener conocimiento del estado de salud de las personas antes referidas, por razones humanitarias, pidió a la autoridad judicial el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por detención domiciliaria, lo que fue autorizado por la correspondiente autoridad judicial”, dice el comunicado de la dictadura sandinista.
Quedan todavía una decena de opositores presos de la tercera edad, entre ellos el exembajador Edgard Parrales, de 79 años; Mauricio Díaz, 71 años; Pedro Joaquín Chamorro, 71 años; Víctor Hugo Tinoco, 69 años; Dora María Téllez, 69 años; Violeta Granera, 66 años; Nidia Barbosa, 66; Cristiana Chamorro, 67 años; y Noel Vidaurre, 67 años.
La alarma alrededor de la salud de los presos adultos mayores se intensificó tras la muerte del general en retiro Hugo Torres, que falleció estando bajo custodia del régimen. Torres habría fallecido de una enfermedad y pese a su condición médica la dictadura lo mantuvo encarcelado. Estuvo preso durante ocho meses; habría sido trasladado desde mediados de diciembre en estado de gravedad de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial al hospital del ministerio de Gobernación, donde estuvo bajo custodia policial.
El general en retiro es el primer preso político de la última ola de arrestos en 2021 que muere en la cárcel y el segundo en el contexto de abril de 2018. El primero fue Eddy Montes, asesinado de un disparo a manos de un oficial del Sistema Penitenciario. Un crimen que permanece impune.
Un tercer caso es el de Juan Sebastián Flores Castillo, el hombre que denunció a Ortega por abuso sexual contra su hermana menor a la edad de 15 años. El reo fue encarcelado por el mismo delito del que él acusó a Ortega: una trama inventada por el régimen y por la que fue condenado a 13 años de prisión. Murió supuestamente “ahorcado” el 9 de noviembre, con casi dos tercios cumplidos de la sentencia impuesta. Pero ni la oposición ni los organismos que monitorean la situación de los reos de conciencia catalogaban como preso político a Flores Castillo.
Otros de los casos críticos de salud son el del exembajador y académico Arturo Cruz, el del exembajador Mauricio Díaz, y el del abogado y político José Pallais.
El diario La Prensa publicó sobre el deterioro de la salud del exembajador Cruz. La defensa solicitó que se le haga una valoración médica especializada ante la sospecha que podría estar presentando síntomas de Parkinson. Cruz presentaba temblor en sus manos. “Se levantó a firmar el acta y cuando regresó a su lugar su rostro reflejó expresiones de dolor y se le dificultó sentarse. Además, está extremadamente delgado”, dijo uno de los abogados al diario.
La hija del exembajador Díaz, Alejandra Díaz, una joven graduada en Economía Política Global en Taiwán, dijo que el encarcelamiento y la sentencia contra su padre es injusta, las evidencias presentadas en contra de su progenitor son las entrevistas que concedió a medios de comunicación como analista político.
“En ningún momento pide sanciones ni intervención, esas son las pruebas que están usando, los testigos son policías. Mi mamá y yo testificamos, pero el fiscal dijo que nuestra declaración no abonaba en nada, es muy duro porque estamos viendo que esto es una farsa y una complicidad entre policías, jueces y la Fiscalía”, aseveró.
“A mi familia le ha afectado mucho porque mi papá es el pilar de esta familia, tiene 71 años, no tiene por qué estar viviendo esto. Nos preocupa muchísimo su salud sobre todo después de lo que paso [la muerte de Torres]. Su salud está bastante mal, se ha desmayado dos veces”, dijo Díaz.
Durante el juicio, la familia pudo ver a Díaz “Le notamos que tenía mucha tembladera en las manos, eso quiere decir que le volvió algo que le diagnosticaron ahí mismo, que es polineuritis. Eso no lo tenía. Lo que más nos preocupa es su edad y su estado de salud. La gente de tercera edad no debería estar ahí”, precisó. El régimen declaró “culpable” al exembajador Díaz. La Fiscalía pide 9 años de prisión.
Otro de los casos complicados es el de la activista política Nidia Barbosa, quien tiene 66 años y fue condenada a 11 años de cárcel y está obligada a pagar 800 días de multas, con lo que sumaría 52,767.46 córdobas (un promedio de 1.400 euros).
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió una declaración en la que demanda al régimen sandinista la liberación de los presos políticos. Ortega ha ignorado todas las resoluciones de la OEA y ha solicitado su salida del organismo.
