Vestido como el expresidente boliviano Evo Morales, el comunista Pedro Castillo juró esta mañana como presidente de la República del Perú en el hemiciclo del Congreso, despotricando contra el legado español -estando el rey Felipe VI presente en la investidura-, exaltando el indigenismo radical y prometiendo intervención estatal para la reducción de costos y el retorno del servicio militar obligatorio para jóvenes que no estudian ni trabajan.
Además, anunció que presentará al Congreso un proyecto de reforma constitucional para modificar la Carta Magna, a fin de posibilitar una Asamblea Constituyente.
«Una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria de una asamblea constituyente, que dote a nuestra patria de una nueva Carta Magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social (…) Tengan la seguridad que nunca se hará tabla rasa de la legalidad. Sin duda, para lograr este propósito, tendremos que conciliar posiciones con el Congreso, pues será aquí, en esta casa de las leyes, donde se tendrán que aprobar las normas correspondientes», dijo durante su discurso ante el Congreso unicameral.
“Quieren cambiar el marco ideológico del Perú”
Para Francisco Tudela, exministro de Relaciones Exteriores y exvicepresidente del Perú, la izquierda quiere cambiar la Constitución de 1993, atribuida al régimen del expresidente autoritario Alberto Fujimori, para “cambiar el marco ideológico del Perú” y asegurar el regreso de un “estado socialista” para evitar la alternancia en el poder.
“Quieren cambiar la Constitución para cambiar el marco ideológico del Perú. El Perú tiene un marco ideológico de garantías individuales y libertades económicas muy vastas. Es una Constitución, digamos, capitalista, tiene un capítulo de régimen económico que fue colocado para evitar que vuelva a suceder lo que ocurrió con el gobierno prosoviético de Velasco Alvarado, en el cual se nacionalizó todos los sectores de la economía de gran importancia. Se expropió la banca, la pesca, la minería, el agro, el petróleo, incluso los supermercados, medios de comunicación y hasta los cines. No se pagaron compensaciones en muchos casos, y entonces el capítulo del régimen económico de la Constitución de 1993 nace de esa experiencia traumática y altamente destructiva que produce el estatismo. El capítulo económico de la Constitución lo quieren obliterar para poder volver al Estado socialista de los años 70, hay un anhelo anacrónico en estas fuerzas políticas de izquierda. Pero el objetivo va más allá de lo jurídico, es metajurídico. El objetivo es esencialmente político, cambiar el régimen del país para tener un Estado socialista en el cual, mediante una serie de artificios, se evita la alternancia en el poder”, advierte.
Amenaza a la minería
También aseguró en su Mensaje a la Nación que las obras de minería e hidrocarburos que no cuenten con “rentabilidad social” no podrán ser ejecutados.
“Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Los pueblos y organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, apuntó.
Castillo aseveró que el Estado deberá intervenir para reducir costos, facilitar procesos y mantener la seguridad jurídica. A cambio, el empresariado deberá generar mayor desarrollo para las poblaciones locales, cuidando el medio ambiente.
“Se promoverá la participación del Estado como lo hacen todos los países de la región, como socio o ejecutor mayoritario (…) El Estado necesita una nueva forma de hacer minería en su territorio, un escenario de paz con justicia social, donde cada pueblo sea protagonista de su destino”, puntualizó.
