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CONTRA LA DISCRIMINACIÓN BASADA EN EL SEXO

Texas prohibirá a los atletas transgénero jugar en equipos escolares femeninos

La atleta transgénero Laurel Hubbard compite en los Juegos Olímpicos de Tokio.
La atleta transgénero Laurel Hubbard compite en la categoría femenina de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio. REUTERS

La Cámara de Representantes de Texas, controlada por los republicanos, ha aprobado un proyecto de ley que, de salir adelante, prohibirá a los atletas transgénero jugar en equipos deportivos escolares de su mismo género. Es decir, los jóvenes solo podrán participar en los grupos basándose en el sexo inscrito en sus certificados de nacimiento.

El Proyecto de Ley 25 de la Cámara de Representantes, que ha sido aprobado por 76 a 54 votos y ha sido presentado por la congresista Valoree Swanson, tiene como objetivo «remediar la discriminación basada en el sexo» entre niños y niñas. «La clasificación por sexo es la única clasificación factible para promover el interés gubernamental de brindar oportunidades deportivas escolares para las niñas», asegura el documento.

La propuesta contempla algunas excepciones: se aceptarán certificados de nacimiento modificados si se han cambiado «para corregir un error administrativo», y a los atletas masculinos transgénero se les permitirá jugar en equipos masculinos solo si no hay otras opciones disponibles. Es decir, si el deporte al que juegan no tiene una versión femenina.

«La legislación trata sobre las niñas y su protección. Estoy emocionada de que hoy tengamos la oportunidad de defender a nuestras hijas, nietas y todas nuestras niñas de Texas», comentó Swanson en referencia al objetivo antidiscriminatorio de la propuesta.

Este plan es el cuarto intento después de que las tres propuestas anteriores fracasaran, aunque el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, ha asegurado que lo convertirá en ley.

Abbot también ha sido uno de los principales impulsores de la Ley del latido‘, una de las más restrictivas normas contra el aborto de Estados Unidos desde que el Tribunal Supremo decretara en los setenta que la eliminación de no nacidos era un ‘derecho constitucional’.

La norma establece que el aborto está prohibido cuando se detecta el latido fetal y únicamente contempla una excepción por «emergencias médicas». También permite a los ciudadanos presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una madre a abortar.

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