Mientras el mundo permanece en vilo esperando la tantas veces anunciada invasión de Ucrania por Rusia, varios gobiernos occidentales han declarado una guerra sorda contra sus propios pueblos, empezando por la Canadá de Justin Trudeau, que este lunes invocó el Estado de Emergencia contra la pacífica protesta de los camioneros.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha invocado una ley de emergencia prevista para casos gravísimos y excepcionales, dotándose en la práctica de poderes dictatoriales para aplastar una protesta, la del Convoy de la Libertad, que no ha registrado un solo acto de violencia durante las semanas que lleva ocupando la capital, Ottawa.
Los camioneros, a los que se han unidos agricultores y una gran multitud de ciudadanos, piden la dimisión del primer ministro tras dos años de agobiantes restricciones con la excusa de la pandemia o, en su defecto, que se levanten dichas restricciones algo que, por otra parte, están haciendo ya un número creciente de países en Occidente.
Pero Trudeau, que gobierna en minoría y cuyo respaldo popular ha caído por debajo del 16%, ni siquiera ha accedido a reunirse con los organizadores, a quienes ha tachado de “pequeña minoría marginal”, además de machistas, racistas y xenófobos que “mantienen ideas inaceptables. La izquierda universal, que lleva ya más de un siglo diciendo ansiar un verdadero levantamiento de la clase obrera, se ha alineado con el poder en cuanto ha visto uno de verdad. Y las “democracias consolidadas”, demasiado ocupadas con el “dictador” Putin y el “autoritarismo” de Hungría y Polonia, no tienen nada que decir de la medida dictatorial de Trudeau.
“Esto no es una protesta pacífica”, dijo el líder canadiense a los periodistas, sin que la prensa haya podido hasta ahora recabar un solo ejemplo que pruebe el aserto de Trudeau. “El gobierno federal interviene porque las autoridades policiales locales están teniendo problemas para aplicar la ley”.
La ley invocada por Trudeau significa, en sustancia, la ley marcial sobre Canadá, con la policía facultada para detener a quien quiera cuando quiera sin necesidad de una orden judicial.
Su primer acto tras la proclamación consiste en aplicar abusivamente la legislación contra el blanqueo de dinero para ahogar financieramente el movimiento. De hecho, ha anunciado que podrá dar orden a los bancos para que congelen o suspendan cualquier cuenta, dando una vez más la razón a la creciente legión de conspiranoicos que habían advertido de este paso en el proceso de Gran Reinicio.
Esta nueva ley se aplica a las cuentas de empresas y particulares y cubre todo tipo de transacciones, incluyendo las criptomonedas, cada vez más populares como forma de escapar al control de las autoridades. Los bancos, por lo demás, quedarán protegidos de toda posible acción legal posterior. El Gobierno de Trudeau ha tenido problemas para obligar que empresas de grúas o policías apliquen sus medidas autoritarias, pero no es probable que los bancos vayan a poner el menor problema en congelar cuentas de sus clientes.
