Si se revisa con cuidado, el poder judicial se está convirtiendo en un eje fundamental para derribar a las democracias latinoamericanas desde dentro. El proceso de desgracia colectiva en el que ha caído buena parte de la región bajo los auspicios del Socialismo del Siglo XXI y el Foro de Sao Paulo no puede entenderse cabalmente sin la colonización del sistema de jueces y aplicación de la «justicia» que los autócratas rojos de turno han ejercido en los distintos territorios que han gobernado.
Si bien es importante la legitimación que adquieren los liderazgos autoritarios por la vía del voto en un momento inicial -mediante los llamados “baños de masas”- la anulación de la independencia de poderes termina siendo el primer objetivo clave que persiguen estos dictadorzuelos una vez que arriban a la Presidencia en sus países. La cosa parece de manual: engañas al electorado con propuestas demagógicas, ganas la elección, controlas todos los poderes públicos, cambias la Constitución y luego permaneces en el poder per saecula saeculorum. Así de fácil.
Ahora bien, dentro de esta operación de disolución de la autonomía de los poderes del Estado, el intento de minar el relativo a la aplicación de justicia siempre emerge en el panorama. “Quien hace la Ley, hace la trampa” reza un viejo adagio. Y en el caso de las autocracias que se han desarrollado en países como Venezuela, Nicaragua y ahora peligrosamente en El Salvador, esto parece tener pleno sentido.
En la Nicaragua de Daniel Ortega, por ejemplo, recientemente el poder judicial ha enfilado contra el Director del diario más antiguo del país centroamericano. Se trata de Juan Lorenzo Holmann Chamorro, Gerente General de La Prensa, quien será llevado a las cortes próximamente por causar “perjuicio a la sociedad y al Estado” nicaragüense.
Para nadie es un secreto que dicho ámbito judicial está absolutamente cooptado por los intereses de Ortega y que no es la primera vez que le sirve para llevar a término diversos propósitos, que van desde permanecer inalteradamente en el poder hasta que le venga en gana, pasando por gobernar sin sobresalto y refreno alguno, hasta aplastar inmisericordemente a la disidencia.
Este último asunto se ha puesto en boga últimamente, cuando esa máquina de perseguir en la que se han convertido las cortes en el país latinoamericano han optado por quitar de en medio a todos los virtuales oponentes que tendría el tirano sandinista en las próximas elecciones presidenciales, llevándoles a la cárcel sin que medie razón legal alguna. Esa es la justicia orteguista.
No en balde los Estados Unidos en Septiembre se refirieron al régimen de Ortega, señalando que tanto él como su esposa han “(…) llevado al país por la sombría senda del autoritarismo, apoyándose en un Poder Judicial obsecuente, la usurpación de partidos políticos y el encarcelamiento de periodistas, líderes opositores y otras personas que defienden las elecciones libres y justas».
En Venezuela el asunto no es distinto. En 2016 la máxima corte del país caribeño, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue fundamental para desconocer los poderes de la entonces recién electa Asamblea Nacional (AN), por aquellos días controlada por una abrumadora mayoría opositora.
Así el TSJ –mediante una sentencia en la que dijo que el órgano legislativo estaba en “desacato”-logró quitarle el peso de encima a Maduro de tener que someterse a las labores de control propias de un parlamento de oposición, y de paso inhibió a la AN de su facultad para aprobar nuevas leyes. ¿El resultado? 5 años de una Asamblea Nacional absolutamente inhabilitada en la práctica y un chavismo con poderes prácticamente ilimitados desde la Presidencia de la República, para hacer y deshacer a placer.
De allí en más el TSJ -por cierto presidido por Maikel Moreno, un juez que tiene antecedentes penales por asesinato– solo ha servido a los fines de quitar de en medio cualquier obstáculo que le surja al chavismo: creación de juicios amañados en los que se señala a opositores de conspirar contra la tiranía para derrocarla a través de subversiones armadas, dar el visto bueno a cualquier iniciativa que ponga sobre la mesa Maduro en materia de decretos presidenciales, intervenir partidos políticos de oposición para poner su control en manos del régimen, entre otras cosas. Para todo eso y más ha sido útil un poder judicial absolutamente fiel a la causa revolucionaria roja en el país caribeño.
Venezuela es hoy un territorio en la que la judicialización de la política se expresa en una cifra cercana a los 300 presos por razones políticas. Este particular modo de criminalizar a la disidencia solo ha sido posible gracias a un entramado en el que los tribunales civiles y militares del país se han convertido en verdaderos paredones de fusilamiento contra todo aquel que piense distinto a Maduro y su organización criminal de administración del poder.
Pero las preocupaciones no acaban allí. Si se posa la mirada sobre lo que está en pleno desarrollo en El Salvador, el polémico liderazgo construido en torno a Nayib Bukele arroja suficientes sombras en torno a cómo el poder judicial puede supeditarse al Ejecutivo para permitirle a este último hacer virtualmente lo que le venga en gana.
En mayo de este año el parlamento de la nación centroamericana -dominado abrumadoramente por una coalición de Diputados afines a Bukele- destituyó a 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (el más alto tribunal del país) y al Fiscal General del Estado. La decisión asomó desde un principio las intenciones del mandatario millennial por construirse un poder judicial a su medida, que le permitiese llevar adelante un proceso de concentración y reacomodo del poder sin obstáculo alguno.
De allí en más las campanadas de alarma sobre la pérdida de independencia de este poder del Estado no han dejado de sonar. Esto a un punto en el que a finales de septiembre el país latinoamericano fue escenario de una marcha de jueces indignados ante los desafueros del controversial Presidente. La manifestación -que prácticamente no tenía antecedentes similares desde 2006- fue oportuna para que varios abogados dejaran en claro que en la nación centroamericana el Estado de derecho está severamente amenazado.
Las preocupaciones en el caso de Bukele se proyectan hacia un futuro en el que está previsto llevar a cabo un proceso de reformas amplias a la Constitución, en donde se definirán temas complejos como: el aborto, la duración del mandato presidencial, la posibilidad de reelección en los cargos públicos y la tentativa del establecimiento de algo similar a un régimen de partido único. Un poder judicial sumiso podría ser fatal a la hora de dar anuencia a los deseos de Bukele.
