'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El Constitucional debate endurecer sus sanciones a los separatistas

Estudia aplicar una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que le permita sancionar con suspensión o multas relevantes a altos cargos o autoridades políticas que desobedezcan sus resoluciones.

El Constitucional (TC) está debatiendo desde este martes imponer sanciones de multa a los miembros de la Sindicatura Electoral catalana encargados del seguimiento de la convocatoria del 1 de octubre, una decisión que podría romper la unanimidad interna del tribunal y que supone aplicar una reforma legislativa polémica.

El alto tribunal nunca hasta ahora, en toda su historia, ha puesto encima de su mesa de debate una propuesta de sanciones graves por incumplimiento de sus sentencias. Y siempre ha resuelto con unanimidad sus fallos frente al separatismo catalán.

Ambas constantes podrían variar si este miércoles decide aplicar una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que le permite sancionar con suspensión o multas relevantes a altos cargos o autoridades políticas que desobedezcan sus resoluciones.

La medida afectaría a figuras de menor relevancia, los recién elegidos miembros de la Sindicatura Electoral catalana encargada del seguimiento de la convocatoria del 1 de octubre. Y parece ceñirse a la opción menor, la multa.

Los cinco miembros de esta Sindicatura -presidida por Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UB- han desoído el mandato del Tribunal Constitucional de disolverse y continúan aprobando resoluciones.

Cabe recordar que el pasado 13 de septiembre el Constitucional le recordó a Carme Forcadell, presidenta del Parlament, que tiene el poder de hacer cumplir sus sentencias como órgano encargado de la jurisdicción constitucional, lo cual incluye también la capacidad de suspender a altos cargos. La decisión de hoy podría abrir un frente más amplio del relativo a los síndicos.

La reforma que lo permite es polémica, aunque plenamente legítima y constitucional, porque aunque fue avalada por el propio TC, lo fue con oposición interna y, sobre todo, porque ha recibido en esta legislatura el voto en contra de la mayoría del Congreso (incluido el PSOE), que sin embargo no ha sido capaz de aprobar un texto alternativo.

Si en esta semana el TC decide aplicar las multas a los síndicos, ello podría suponer que se rompiera la unanimidad que hasta el momento ha mostrado frente al independentismo catalán porque dos de sus magistrados se han mostrado contrarios a la reforma en cuestión en sendos votos particulares. A ellos se podría unir un tercer juez de tendencia progresista.

La reforma fue aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP (y solo por sus votos) y desde su debate fue acusada por la oposición de estar diseñada «ad hoc» contra el independentismo catalán.

Además, se reprochó al texto normativo que sitúe al órgano supremo de la Constitución al terreno de la justicia ordinaria y, más concretamente, en el de la justicia penal.

Sobre esa base los gobiernos catalán y vasco presentaron un recurso ante el propio Constitucional que fue resuelto a favor de la reforma pero que supuso una confrontación seria en el seno del TC, hasta el punto de que hubo de ser relevada la ponente de la sentencia, Adela Asúa (entonces vicepresidenta del Constitucional y hoy sustituida por Cándido Conde Pumpido, también progresista).

Junto a ella, Fernando Valdés-Re y Juan Antonio Xiol formularon votos particulares contra la reforma. Si ahora se aprueba la aplicación de esta norma, la posición de estos magistrados será significativa, ya que o bien se romperá la unanimidad interna, o bien se pondrá de manifiesto que la situación en Cataluña les ha obligado a cambiar de posición.

 

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