El Tribunal Supremo estudia desde hace unos meses una querella del empresario Francisco Medina, fundador de Open Camp, contra los ex tenientes de alcalde de Barcelona Jaume Asens y Gerardo Pisarello y el exconcejal Eloi Badia, todos actualmente integrados en Sumar, por la quiebra del extinto parque temático del deporte Open Camp.
Están acusados de delitos de amenazas, coacciones, extorsión, falsedad documental, fraude, prevaricación, cohecho y financiación ilegal de partido político. La querella tuvo que presentarse ante el Supremo porque Pisarello y Badia son diputados del Congreso y, por tanto, aforados, por lo que sólo el Alto Tribunal puede decidir iniciar un proceso contra ellos.
El empresario denunció que trazaron un «premeditado y manifiesto plan delictivo» tras su llegada al Ayuntamiento de Barcelona en 2015 para «paralizar y detener la actividad del parque temático Open Camp del Anillo Olímpico», el que iba a ser, según Medina, «el primer parque temático del mundo dedicado al universo del deporte».
Según se indica en la querella, en junio de 2014 la empresa municipal BSM concertó con la emprendedora Open Camp el contrato de alquiler necesario para el uso del Estadio Olímpico y la Explanada del Anillo Olímpico por un periodo de 230 días al año durante cinco años.
Un año después, llegó el cambio de gobierno con la Victoria de Ada Colau, y el nuevo Consistorio emprendió una batalla contra el turismo, por lo que Open Camp se vio obligado a cerrar sus puertas «por la obsesión ideológica de los Comunes, Sumar en Cataluña, contra el turismo y las empresas privadas». Más de 280 personas, entre empleo directo e indirecto, perdieron su trabajo y 95 empresas sufrieron pérdidas por valor de 42 millones de euros.
