Formalmente todos seguimos hablando de izquierda y derecha aunque no sean los ejes que expliquen la realidad. Lo hacemos por inercia y comodidad, al fin y al cabo seguimos instalados en el marco mental de la modernidad que alumbró la revolución francesa –pocos hitos tienen mejor prensa– dividiendo la sociedad entre partidos zurdos y diestros.
Los retos a los que nos enfrentamos, sin embargo, demandan perspectivas diferentes. Hablar de conservadores y progresistas a estas alturas parece un deliberado intento por embarrar el terreno de juego y generar tal confusión que ya no se aprecie con claridad quiénes son los contendientes ni cuáles son las causas en liza.
El mito del progreso que ha desembocado en este desorden posmoderno llama derechos a los deseos para legitimar cualquier aberración. Así, arrebatar la vida de niños inocentes en el vientre materno es un derecho protegido mientras que defender la vida está perseguido por ley.
Si hemos llegado hasta aquí es por el avance de unos y la complicidad de otros. Porque, apoyar que la causa provida sea considerada violencia de género, ¿es de derechas o de izquierdas? El PP ha votado en Bruselas a favor de que la Unión Europea se adhiera al Convenio de Estambul. El texto califica de «inhumanas» las leyes provida de varios Estados de la UE y afirma que “limitar al acceso al aborto constituye una forma de violencia de género”. Sólo hubo dos honrosas excepciones en las filas populares: Isabel Benjumea, que votó en contra, y Javier Zarzalejos, que se abstuvo.
Lo mismo cabe decir de la legislación auspiciada por el lobby LGTBI. PSOE, PP, Cs y Podemos han aprobado leyes de autodeterminación de género. Algunas estatales y otras autonómicas, aunque apenas nos enteramos de las segundas porque -seguro que es casualidad- el PP es quien las ha promulgado, como en el Madrid de Ayuso, la Galicia de Feijoo y la Andalucía de Moreno Bonilla. A esa omertá contribuyen los medios afines a Génova, que sólo critican las que aprueba «la izquierda comunista» mientras omiten perlas como la de Moreno Bonilla en el parlamento andaluz cuando le pidieron esta semana que derogue la ley trans: «La educación afectivo-sexual es un derecho de niños, niñas y adolescentes».
Las afinidades también se dan en la persecución contra el español. ¿Son de izquierdas o de derechas las leyes que arrinconan la lengua común? No sólo el PNV, ERC y los herederos de Pujol fomentan la cruzada lingüística. Desde 2013 el PP promueve en Galicia la campaña «21 Días con el gallego y +» que consiste en adoctrinar a alumnos y profesores hasta el punto de invadir el ámbito privado y familiar señalando a quienes hablan español.
Pero si hay una causa que suscita verdadero consenso a derecha e izquierda es el cambio climático. Partidos de ambos signos reman juntos en la prohibición contra vehículos diésel y gasolina, lo que afecta a millones de trabajadores (los empleados en fábricas del sector del automóvil y los conductores que necesitan el coche para desplazarse cada mañana a su puesto de trabajo).
En nuestro país el paradigma de este ataque a la forma de vida de tantos españoles es Madrid Central, que fue impulsado por Manuela Carmena y ampliado después por el PP del alcalde Almeida. Esta aparente contradicción no es tal: los Acuerdos de París y el Pacto verde europeo han tenido un apoyo masivo a un lado y a otro. Hoy, por tanto, nadie se atrevería a decir que prohibir los coches de gasolina y diésel es más de izquierdas que de derechas.
Por supuesto, también influye la Agenda 2030, cuyo logo lucen en la solapa políticos de casi todas las formaciones. De ahí que el cierre de centrales nucleares, la descarbonización, la instalación de molinos de viento y la transición ecológica hayan logrado un respaldo enorme. Otra cosa son las consecuencias: la dependencia energética ha encarecido la factura de la luz y el precio de la gasolina, lo que castiga a las clases medias y bajas. ¿Qué han ganado los trabajadores con esta cruzada a favor del medioambiente? ¿Y los transportistas? ¿Y los empleados de una central nuclear o térmica?
¿Y qué hay de las leyes del aborto? ¿En qué medida favorece a un obrero, a la clase media, la atomización de la sociedad y el hostigamiento contra la familia? ¿Quién gana con el modelo de mujer cuya única meta en la vida es el éxito profesional? ¿Quiénes se frotan las manos ante sociedades con cada vez menos niños?
En 2014, Podemos, que tuvo la habilidad de absorber el movimiento 15-M, prometía la redención de los parias de la tierra. Sin embargo, su llegada al Gobierno ha demostrado que sus prioridades están de cintura hacia abajo. «Va a tocar hablar del placer de las mujeres de 50, 60, 70 y 80 y de tener relaciones sexuales con la regla», ha declarado la ministra Irene Montero, cuyo plan para las mujeres no son salarios dignos, la conciliación o ayudas a la maternidad, sino convencerlas de llegar solas y borrachas a casa o cambiar a los hombres por el satisfayer.
Claro que ya no sabemos si es incluso peor que quienes están enfrente aborden el debate sobre la conciliación. Ayuso, musa del liberalismo madrileño y máximo icono de la confusión izquierda-derecha, abrirá los colegios en días no lectivos para hacer actividades. Es decir, Ayuso entiende por conciliación no que los padres pasen más tiempo con sus hijos, sino que los padres puedan servir a las empresas hasta tarde. ¿Acaso no es el modelo de mujer empoderada y sin cargas familiares que tanto proclama el 8-M? El resultado es el mismo: mejor 12 horas trabajando para tu jefe que hacerlo en casa para tu familia.
En definitiva, seguir alimentado la ficción de que hay unos partidos a la izquierda y otros a la derecha no ayuda, como vemos, a entender los retos del mundo de hoy. El sistema surgido en occidente tras la Segunda Guerra Mundial vertebrado sobre partidos conservadores y progresistas ha impuesto un modelo de sociedad que ni unos ni otros discuten, tal es así que ya ni disimulan por el económico, salvo por un puñado de impuestos.
