Una declaración de independencia de Cataluña carecería, en las circunstancias actuales, de legitimidad política, y la vía correcta hacia una solución debería ser la negociación de un autogobierno mejorado, según el diario Financial Times.
En un editorial titulado «El referéndum de Cataluña no es base para un estado», el diario británico escribe que el gobierno regional y sus aliados secesionistas siguen adelante con la consulta desafiando al Tribunal Constitucional, la máxima autoridad en estos asuntos.
«Al margen de los argumentos legales, que favorecen a las autoridades centrales de España, el argumento político de los separatistas catalanes es todo menos inequívoco», añade.
Y recuerda que en las elecciones regionales celebradas en septiembre de 2015, «las fuerzas a favor de la independencia, desde los nacionalistas de centroderecha a los radicales de izquierda ganaron una mayoría reducida de escaños, pero no alcanzaron la mayoría de los votos», por lo que «no era una base como para acelerar el programa secesionista», agrega.
No obstante, el gobierno y parlamento regionales «han seguido adelante, de todos modos, y de una manera que se salta alegremente las normas democráticas apropiadas para un asunto de tal importancia», escribe el FT.
La llamada ley del referéndum, prosigue el periódico, «no estableció un mínimo de votos para que el resultado sea válido. En teoría una pequeña minoría del electorado de la región podría desencadenar la declaración de la independencia».
El Estatut, «un buen punto de partida» para negociar
«En tales circunstancias, y teniendo en cuenta que la legalidad del voto es cuestionada con apasionamiento, cualquier proclamación de una Cataluña independiente carecería de legitimidad política«, según el periódico.
«Se celebre o no el referéndum, el paso esencial para ambas partes es la apertura de unas negociaciones serias sobre una versión actualizada de la autonomía de Cataluña», agrega el artículo, que recuerda que los plebiscitos de Quebec (1995) y Escocia (2014) se hicieron con el consentimiento de los gobiernos centrales y respetando la ley.
«El estatuto de 2006, aprobado por los parlamentos catalán y español y por los votantes de Cataluña en un referéndum, pero imprudentemente recortado en 2010 por el Tribunal Constitucional español, sería un buen punto de partida», concluye.
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