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A TRAVÉS DEL PROGRAMA ACOL

La Generalidad destinará 19 millones para la contratación de inmigrantes ilegales

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès
El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès. Europa Press

El Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) destinará 19 millones de euros al programa Acol para la contratación de más de 600 inmigrantes ilegales.

Acol es un programa de fomento de la contratación de inmigrantes ilegales «que cumplen los requisitos para tramitar un arraigo social», según ha señalado el Departamento de Trabajo de la Generalitat en un comunicado.

Estos 19 millones de euros suponen un incremento del 137,5 % respecto al presupuesto de la convocatoria de 2020. Con este programa, que también cuenta con el apoyo del Departamento de Igualdad, el SOC financia un contrato de trabajo de 12 meses a jornada completa.

La subvención se otorga a ayuntamientos y consejos comarcales para que hagan las contrataciones. Si los participantes cumplen los requisitos, al finalizar el contrato pueden renovar su permiso de residencia y trabajo con una duración de dos años. Y se entrega en un momento en el que las subidas de impuestos continúan empobreciendo a las clases medias y casi el 30% de los catalanes está al borde de la exclusión social.

Desde VOX se denuncia el «efecto llamada» que promueve el separatismo y que provoca que inmigrantes ilegales que «vivan mantenidos con recursos de los catalanes». Y sostienen que el Gobierno de Peré Aragonés impone su «modelo ideológico y multicultural sin importarle la inseguridad y la degradación».

El pasado año, el Parlament rechazó una moción del grupo parlamentario para eliminar las ayudas públicas a los inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en el territorio nacional de manera ilegal. El texto, que contó con 13 votos a favor y 115 en contra, también pidió suprimir las subvenciones a las ONG, asociaciones u organismos que se dedican «a promover la inmigración ilegal». Y se recordó que casi la mitad de las ayudas que cada año otorga la Generalidad en materia, por ejemplo, de adjudicación de viviendas tienen como destinatarios a ciudadanos extranjeros –a pesar de representar menos del 15% de la población–.

«Se debe eliminar todo tipo de subvenciones publicas a ONG y entidades que promocionan la inmigración ilegal», afirma la formación liderada por Santiago Abascal.

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