Silvia López Mejía, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, ocultó al tribunal su relación con el Fútbol Club Barcelona. La jueza que asumió el caso Negreira en su fase inicial y dirigió la instrucción mantiene una relación con el principal proveedor de cartelería del Barsa. López Mejía podría haber incurrido en una incompatibilidad por conflicto de intereses, según adelanta El Debate.
Ignasi Pietx es el marido de la magistrada. Propietario de una empresa de cartelería especializada en impresión corporativa —Artyplan se llama la empresa—, Pietx reconoce en un documento que su compañía es el «proveedor preferente de toda la producción gráfica del club desde el año 2003». Esta relación económica entre Pietx y el FC Barcelona implica la producción de vallas publicitarias, cartelería alrededor del campo, y distintos formatos de banderas y pancartas.
El conflicto de intereses no es sólo tal. Además, el Barsa ha incluido a la empresa del marido de la magistrada López Mejía en su programa de patrocinio, que implica un 10% de descuento para los socios que contraten servicios de la mencionada empresa. «Los socios tienen ventajas en la compra o utilización de los servicios de patrocinadores y empresas colaboradoras. ¡Saca partido a tu carnet!», reza el programa de patrocinio del club blaugrana.
A lo económico se suma lo sentimental, puesto que el marido de la jueza es abiertamente fan del FC Barcelona y amigo de Joan Laporta, presidente del club. En sus redes sociales da muestras de apoyo a Laporta y juntos aparecen en una fotografía junto con otros seguidores del club. La instantánea se tomó apenas un mes después de que la Fiscalía iniciara la investigación de los pagos del Barsa a Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, por un valor de más de siete millones de euros.
La magistrada Silvia López Mejía frenó la investigación gracias a una instrucción lenta e incompleta, en la que no se decretó ningún registro, los plazos se apuraron hasta el final y su acción se limitó a tramitar cuestiones meramente burocráticas. Un caso clarísimo de incompatibilidad —según dicta el artículo 219 de la Ley del Poder Judicial— por el que tendría que haber solicitado la abstención y ser retirada del caso.
