Los tres partidos con representación parlamentaria del bloque constitucionalista han rechazado esta semana el empleo del artículo 155 que contempla la Carta Magna. Sólo hay un partido que ha defendido públicamente la suspensión de la autonomía catalana, VOX.
En cada discurso, los líderes de PP, PSOE y Ciudadanos insisten en la defensa de la legalidad y la Constitución en Cataluña, pero no avanzan cómo hacerlo. Mientras, el separatismo avanza sin nadie que frene su plan para romper España. La fecha de la secesión ha sido fijada para el próximo 1 de octubre y, por el momento, el Gobierno ha decidido no actuar.
La Generalitat tramita la compra de urnas, explica cómo será una hipotética ‘república catalana’, anuncia que la ruptura se consumará 48 horas después de la votación y que, como defendió esta semana Oriol Junqueras en el programa Al Rojo Vivo, les es indiferente que sólo participe un 20 en el referéndum ilegal para declarar la independencia.
El Gobierno, en su ya tradicional inmovilismo, se ha limitado a asegurar que no habrá votación y a enviar a todos los ayuntamientos una carta en la que les explica las consecuencias de participar en la consulta. Estos consistorios, para evitar problemas futuros, no están cursando el acuse de recibo y pretenden alegar desconocimiento en caso de que la justicia actúe.
La aplicación del artículo 155
El autodenominado bloque constitucionalista, a la luz de esta sucesión de acontecimientos, parece haber llegado a una única conclusión: no se aplicará el artículo 155. Por uno u otro motivo, tanto PP como PSOE y Ciudadanos han rechazado su implementación por el momento.
Para el PP no es necesario
El presidente del Gobierno ha pedido esta semana a los catalanes ‘’sensatos y moderados’’ que tengan confianza en el futuro frente “delirios autoritarios y frentistas”.
Con confianza, así pretende Rajoy frenar el avance separatista. Muchos de esos catalanes ‘’sensatos y moderados’’ a los que se dirige han denunciado en diferentes ocasiones sentirse ‘’abandonados’’ por el Ejecutivo que preside.
El líder del PP considera que por el momento no hay motivos para la suspensión de la autonomía de Cataluña. Su intención es que el Tribunal Constitucional actúe y evite la implementación del 155, recurso legal del que dispone el Gobierno.
“El Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización”, destacaba este martes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de intentar solventar el problema catalán y cuya actuación por el momento no está dando sus frutos.
Sánchez no lo apoyará
Este jueves, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se veían las caras por primera vez después de la victoria del socialista en las primarias de su partido. Aunque se ha podido saber que durante el encuentro ambos líderes no han tratado la aplicación del 155, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha subrayado que su partido nunca lo apoyará.
La ejecutiva del PSOE entiende que «esa solución nunca sería procedente ni la apoyaría», tal y como ha remarcado Robles.
C’s también se baja del carro
La posición de Ciudadanos, cuyo bastión es precisamente Cataluña, siempre ha sido bastante ambigua. A medio camino entre los partidos tradicionales, los de Albert Rivera se han mostrado más contundentes en la defensa de la legalidad que los socialistas pero a la vez críticos con la pasividad demostrada por el PP.
Pero este jueves, Rivera ha dejado clara la postura de su formación en una hipotética aplicación del mecanismo que otorga la Constitución: «no hace falta gritar» ni tampoco aplicar el artículo 155 de la Constitución para que el Estado recupere determinadas competencias.
«Yo soy más partidario de evitar los delitos que de perseguirlos», ha subrayado Rivera, que ha dejado claro que la intención de su partido es aglutinar una mayoría alternativa en contra de la secesión en unas nuevas elecciones regionales.
VOX, el único partido que lo apoya.
La formación que preside Santiago Abascal ha sido la única que ha defendido públicamente la suspensión de la autonomía en Cataluña para evitar la ruptura de España.
La semana pasada, el pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobaba una moción promovida por VOX en la que se solicitaba formalmente al Gobierno central la aplicación del 155 en la región.
Dicha moción fue defendida en el pleno por Javier Ortega, Secretario General de VOX, quien manifestó que “ante el golpe de Estado perpetrado desde una Institución del propio Estado, un acto ilegítimo e ilegal, el Gobierno de España debe cumplir el mandato otorgado por el pueblo español que no es otro que preservar nuestra convivencia, nuestro Estado de derecho y la Unidad de la Nación española”. Por esta defensa de la unidad de España, Ortega sufrió un intento de agresión:
🔴 Intento de agresión a @Ortega_Smith en el Ayuntamiento de Jaén por defender la aplicación del #155 #AgresióncontralaConstitución pic.twitter.com/6duzqok5w6
— VOX (@vox_es) 29 de junio de 2017
¿Cómo funciona el artículo 155?
«1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2.Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.»
Esto es lo que dice literalmente el artículo constitucional, que aparece en las cartas magnas de otros países de nuestro entorno. En el caso de España, no contempla la suspensión efectiva de la autonomía ni la disolución de sus instituciones, sino la adopción por parte del Ejecutivo central de sus competencias -o parte de ellas-.
Se tiene que dar una situación extrema y que atente contra el interés general de España (condiciones que se darían en caso de una amenaza secesionista).
El procedimiento de aplicación sería el siguiente:
-El Gobierno requiere a las autoridades de la región incumplidora que cesen en sus acciones.
-En caso de que el apercibimiento fuese rechazado, el Senado deberá aprobar por mayoría absoluta las propuestas de actuación del Gobierno en dicha región.
-No es preceptivo un dictamen del Tribunal Constitucional sobre la idoneidad o no de la aplicación del artículo.
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El rechazo del PSOE al 155: ¿La ruptura del bloque constitucionalista español?
