«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Sánchez aparca la reforma de la financiación autonómica y enfada a los suyos

Las autonomías han expresado su preocupación por el anuncio del presidente del Gobierno de no reformar el modelo de financiación por falta de tiempo y han recordado, también las socialistas, que el cambio de modelo es una exigencia legal y es urgente abordarlo.

El anuncio de Sánchez, que este miércoles ratificaba en el Congreso lo dicho ayer en el Senado, de no culminar esta legislatura la reforma del sistema, ha tenido una pronta respuesta en la Junta de Andalucía, donde su presidenta, Susana Díaz, ha informado de que en la próxima reunión con Sánchez defenderá el «mandato» del Parlamento regional que reclama para la comunidad 4.000 millones más por su infrafinanciación.
Díaz ha desvelado que miembros de su Gobierno mantienen «contactos directos» con la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exconsejera andaluza del área, a la que consideran perfecta conocedora de la deficiente financiación de la Junta y quien elaboró el documento aprobado por el Parlamento andaluz que reclama los 4.000 millones de euros.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha valorado que Sánchez quiera introducir mejoras a corto plazo pero ha subrayado que no se puede renunciar a cambiar el modelo «lo más rápidamente posible» porque es «injusto».
El anuncio que ha cogido por sorpresa a las comunidades autónomas también ha tenido respuesta en Baleares y su presidenta, la socialista Francina Armengol, se ha mostrado comprensiva con Sánchez si bien ha dejado claro que no renunciará a negociar «de forma rápida» un nuevo sistema.
En Castilla-La Mancha, el consejero socialista de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha insistido en que la reforma de la financiación es uno de los temas más urgentes que debe afrontar el Gobierno, y en el caso de esta comunidad «corre mucha prisa».
Para el Gobierno de Asturias y a la espera de que Sánchez explique su postura, las negociaciones deben abrirse y si no se culminan «al menos encauzarlas».

Más contundencia en el PP

Las comunidades gobernadas por el PP han sido más contundentes y desde Castilla y León, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha asegurado que Sánchez «está tomando el pelo a las comunidades y a los españoles».
Para Del Olmo, el presidente del Gobierno tiene una «memoria frágil» porque hace nada esta exigiendo a Mariano Rajoy una propuesta y ahora dice «que en dos años no da tiempo».
En la misma línea se ha expresado el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, que ha asegurado que Sánchez vino a esa comunidad «a tomarnos el pelo mientras Vara aplaudía».
La vicepresidenta extremeña, Pilar Blanco-Morales, ha abogado por avanzar en los puntos que sean posibles de la reforma, como que la liquidación se haga a año vencido y no cada dos años.
Blanco Morales ha dicho que el nivel de reivindicación de Extremadura hacia el Gobierno de la nación «va a ser el mismo porque lo que exigimos es de justicia».
Y desde Galicia, el titular de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente que aclare «exactamente cuál es el calendario en financiación autonómica».
Feijóo, que está cerrando fechas para reunirse con Sánchez, ha informado de que abordará esta cuestión en persona.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha exigido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar ese asunto con «transparencia» y no en reuniones «ocultas» que pueden acarrear «más discriminación».
También el consejero de Administración Pública y Hacienda de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha considerado que queda tiempo «más que suficiente» para aprobar la reforma pero ha pedido que no se aborde en reuniones bilaterales, para garantizar «la transparencia».
En el mismo sentido se ha expresado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ve tiempo «más que suficiente» para abordar la reforma o, al menos, «intentarlo».
Mientras, Cantabria ha sido la única comunidad que ha visto «razonable» que no se pueda culminar la revisión y ha abogado por una reestructuración de la deuda de las comunidades que permita «aligerar su carga fiscal» hasta que llegue un nuevo modelo.
Canarias ha recibido la noticia con «cierta perplejidad» y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha lamentado que se desaproveche la oportunidad de revisar el sistema, algo que tenia que haberse hecho hace cuatro años.

Y Cataluña… a lo suyo

Desde Cataluña, el nuevo Govern ha mostrado su interés en participar de cualquier discusión que implique recursos para la comunidad aunque reclamando la bilateralidad «como principio» al Gobierno de Sánchez.
El ejecutivo catalán, cuya área económica lidera Pere Aragonès, optó la pasada legislatura por mantenerse al margen de la reforma y no designó representante en la comisión de expertos que elaboró el informe base para el nuevo modelo.
Este informe ha sido punto de partida para un documento técnico elaborado por Hacienda y remitido a las comunidades que han hecho alegaciones y presentado sus propios documentos.
Todo ello a la espera de un Consejo de Política Fiscal y Financiera que el expresidente de Gobierno, Mariano Rajoy, se había comprometido a convocar a finales de mayo y, finalmente, quedo pospuesto, sin fecha, para el mes de junio.

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