El Gobierno ha dinamitado el principio de separación de poderes. Pedro Sánchez ha optado por proponer como magistrados del Tribunal Constitucional a su exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, más conocido por redactar los indultos a los condenados del procés y a la exdirectora de Presidencia, Laura Díez. El presidente socialista no ha esperado a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos candidatos que hubieran completado el tercio pendiente de renovación. Con este paso al frente del PSOE, la mayoría progresista del Tribunal de Garantías variaría y se podrían resolver los recursos que hoy frenan las causas más políticas del Ejecutivo socialcomunista.
¿Pero cómo se ha llegado hasta aquí? Recordemos lo básico: de los 12 magistrados del Constitucional, cuatro son propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ; y actualmente cuatro de ellos tienen su mandato caducado. Pues bien, el Ejecutivo modificó en marzo del año pasado la ley para impedir que el CGPJ realizase nombramientos discrecionales, una práctica que fracasó y además, rompió las negociaciones con el PP tras anunciarse la despenalización del delito de sedición.
Así las cosas, Sánchez volvió a reformar su propia prohibición el pasado verano para que el Consejo pudiese elegir a los dos magistrados del Constitucional. Ante la incapacidad de Gobierno y oposición de ponerse de acuerdo, el entonces presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, dimitió. Tras lograr el apoyo de los separatistas a las cuentas públicas, Sánchez se centra ahora en lograr una mayoría de magistrados progresistas para avalar el que podría ser un segundo intento de referéndum ilegal en Cataluña.
Ahora bien, siguiendo el artículo 159.3 de la Carta Magna; «los miembros del Tribunal Constitucional (…) se renovarán por terceras partes cada tres», es decir; de cuatro en cuatro y no sólo dos, como ha propuesto hoy el Consejo de Ministros. La renovación de los cuatro candidatos pendientes -los dos planteados por el Consejo y los dos del Gobierno- ha de ser conjunta y simultánea. En consecuencia, la toma de posesión de tan sólo una parte del tercio de sus miembros, dos de los cuatro caducados en su mandato, podría no ajustarse a Derecho. El sector progresista defiende que el incumplimiento del CGPJ con los plazos para los nombramientos no anula la propuesta del Gobierno y sí sería posible validar a los dos candidatos socialistas. Sin embargo, de la lectura religiosa del texto constitucional la conclusión jurídica es clara: no, no es válido.
A lo anterior se suma la más que cuestionable idoneidad de ambos candidatos. De un lado, se ha escogido a la jurista que asesoró a la Generalitat para reformar su Estatuto de autonomía y es experta en estudiar los estados descentralizados, todo un desafío para la alicaída unidad nacional. De otro, a un exministro de Justicia.
Aunque el Tribunal Constitucional ya se pronunció en el pasado sobre el presidente Pérez de los Cobos para aclarar que un magistrado sí puede pertenecer a un partido político, pues «una posible afinidad ideológica no es ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que según su Ley orgánica este Tribunal debe decidir», el caso de Juan Carlos Campo podría matizar esta doctrina.
El exministro de Sánchez fue quien redactó los informes de los indultos a nueve condenados del procés, la reforma del Poder Judicial para que el CGPJ no pudiera realizar nombramientos estando en funciones y la primera propuesta de la reforma del delito de sedición. A lo anterior se suma que conoció de varias normas hoy recurridas en el Constitucional y sobre las que tendría que pronunciarse de ser nombrado magistrado: la Ley de la eutanasia, la reforma laboral, la Ley Celáa, la Ley riders, el ingreso mínimo vital o la Ley de protección a la infancia. En definitiva, Campo debería inhibirse caso por caso, a riesgo de ser recusado si no lo hiciera. ¿No hubiera sido más sencillo escoger a un magistrado de un perfil menos político?
La respuesta es evidente, por lo que, conociendo la contribución tanto de Campo como de Díez a la causa separatista, ningún trazo de esta hoja de ruta parece esbozado al azar. Y todo ello, a escasas semanas de las vacaciones navideñas, con su lógica desconexión informativa por parte de los ciudadanos. La intención de Pedro Sánchez nunca fue negociar con el PP sino con los separatistas catalanes. Y dado que este intercambio de peón por reina sitúa a la independencia judicial española al borde de la convalecencia, no parecería desorbitado acudir, una vez más, a la Justicia europea. El presidente socialista logró su plan: mató a Montesquieu.
