Se acabó. El sistema de 1978 se acabó. Ahora otra cosa debe comenzar.
El portavoz de la CUP dijo en la sesión insurreccional del Parlamento de Cataluña que el sistema de 1978 acaba de morir. Es verdad. La declaración de independencia no es un mero asunto de orden público, un atropello reglamentario, una simple infracción legal. Todos sabemos -empezando por el propio gobierno catalán- que el proceso separatista ha sido ilegítimo e ilegal desde su comienzo hasta su desenlace, pero eso ahora, aunque importante, es secundario. Lo verdaderamente relevante es esto otro: una región de España gobernada desde 1978 por oligarquías privilegiadas plenamente instaladas en el sistema, con abundante financiación pública e innumerables canonjías privadas, ha roto el armazón político del país. Previsiblemente, el mismo camino intentarán seguir otras regiones donde, igualmente, estos cuarenta años de gobierno autonómico han servido para que las oligarquías locales construyan su propio espacio nacional. Así muere un sistema que se construyó, precisamente, sobre la base del reparto de poder.
Porque el sistema que ha venido vertebrando la democracia española en los últimos cuatro decenios consistía precisamente en eso: cultura del “consenso”, entrega deliberada del poder local a los nacionalistas regionales, entrega del poder sindical a las centrales de partido, dos grandes partidos de estabilización (conflictiva), colusión frecuentemente indecente de los poderes político y económico (y mediático), control partitocrático de la Justicia, generación de estructuras clientelares de poder por todas partes, etc. El Sistema de 1978 no ha buscado nunca el afianzamiento de la nación española, sino que su objetivo ha sido siempre mantener el propio sistema. En nombre de ese juego de equilibrios se aceptó que entraran en el reparto fuerzas políticas cuyo fin último era la destrucción del propio sistema. Era una estrategia que forzosamente tenía fecha de caducidad. Alguna vez tenía que llegar el día. Ya ha llegado.
El Sistema de 1978 ha muerto y, con él, la forma de nuestro Estado. Ahora hay que recoger los platos rotos. Seguramente lo más urgente es tratar de recomponer la situación con los instrumentos vigentes, que los hay. Pero el objetivo de fondo ha de ser otro. En el famoso “Delenda est monarchia” de Ortega se lanzó aquel grito de “Españoles, vuestro Estado ya no existe, ¡reconstruidlo!”. Hoy estamos en esa situación. Nuestro Estado ya no existe: se basaba en la presunta lealtad de una fuerzas políticas que lo han traicionado y en unos equilibrios de poder que se han venido abajo con estrépito. Lo que sigue existiendo es la certidumbre histórica de una comunidad nacional española y el sentimiento popular de nación, el sentimiento de patria, que hoy ha florecido de manera inesperada. Sobre esa base hay que volver a empezar.
Es imprescindible y urgente una refundación nacional de la democracia española. Eso quiere decir lo siguiente: que la nación -su integridad, su unidad, su soberanía, su independencia- vuelva a ser el referente del Estado. Hay que desmantelar todo el aparato de disgregación y fragmentación de España construido a lo largo de cuarenta años -en la educación, en la comunicación, en el poder local, en la propia vida cotidiana de los ciudadanos- y hay que afianzar los instrumentos materiales de soberanía de la nación española en la economía, en la Justicia, en la Administración, en la cultura, en la milicia… Hay que recuperar para la soberanía nacional tanto lo que se ha perdido por abajo, por la fragmentación autonómica, como lo que se ha perdido por arriba, por la cesión a instancias transnacionales que, al margen de otras consideraciones, están vaciando al Estado de razones para existir. Para empezar, es prioritario dar cauce a fuerzas políticas que estén dispuestas a asumir el compromiso de esa refundación nacional y popular de nuestra democracia . Por así decirlo, hay que recoger esas banderas que por todas partes amanecen y darles una misma dirección. Ahora, en fin, debe comenzar la Reconquista.
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