Sigue la indignación entre numerosos fiscales contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por lo que denuncian como una maniobra para que sean él o alguno de sus subordinados quienes decidan sobre los indicios para juzgar al fugado Carles Puigdemont por terrorismo en el marco de los actos llevados a cabo por Tsunami Democrátic, y así salvar la ley de Amnistía que necesita aprobar el Gobierno para seguir en el poder.
Según informa The Objective, representantes del Ministerio Público acusan a García Ortiz de reinterpretar el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al dejar en manos de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde —su segunda—, el informe que fijará la posición de la institución sobre si se debe investigar al líder de Junts huido a Bélgica.
La mayoría los miembros de la junta de fiscales apreciaron delitos de terrorismo y rechazaron el informe de Álvaro Redondo, fiscal del tribunal Supremo que en un informe de finales de enero también consideró que correspondía investigar al expresidente catalán por este delito, y cuatro días después elaboró otro defendiendo la tesis opuestamente contraria y tras reunirse en privado con García Ortiz.
Redondo sí obtuvo, sin embargo, un apoyo significativo: el de Joaquín Sánchez-Covisa, uno de los fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Supremo. Como el otro fiscal jefe, Fidel Cadena, avalaba la tesis de terrorismo y la Fiscalía funciona de manera absolutamente jerarquizada, García Ortiz o uno de sus subalternos serían los encargados de fijar la posición definitiva. En este caso ha decidido que se Sánchez- Conde, su mano derecha, quien elabore el nuevo informe.
Sin embargo, podría encontrarse con un problema. Y es que según la misma información, en caso de no apreciar terrorismo, los fiscales de Sala reclamarán ser oídos y pueden llegar incluso a interponer un recurso. Hay que recordar que García Ortiz es el primer fiscal general del Estado que no cuenta con el apoyo del CGPJ, quien en su informe no vinculante no declaró «no apto» para el cargo, y a pesar de lo cual el Ejecutivo de Sánchez ha decidido mantenerlo.
