Como bien saben quienes siguen las peripecias de la Comisión Europea más radical jamás habida en sus ambiciones antinacionales, injerencistas y globalistas, hay mucha prisa en Bruselas por crear hechos irreversibles en este camino hacia un megaestado unificado europeo en el que, sin naciones soberanas, las decisiones relevantes se tomen ya siempre en centros de poder no electos y la democracia no sea más que un recuerdo. Es un camino dictado por la ideología, tantas veces en abierta discordia con la realidad, y con los intereses de sectores productivos o poblacionales, regiones o naciones enteras. Hay prisa en la UE por establecer en todos los campos esas puertas de no retorno que impidan a las fuerzas nacionales cada vez más pujantes en toda Europa revertir y desandar ese camino.
Uno de los ejemplos más destacados y relevantes de esta política es sin duda el Pacto Verde, un colosal programa de ingeniería social que en nombre de objetivos en sí loables se propone la creación de una tupida red de leyes y reglamentos, órganos y mecanismos que determinan, imponen y controlan hasta los extremos más nimios del acontecer de nuestra vida administrativa, productiva, económica, jurídica, comunicacional etc, y también la cotidianidad doméstica y familiar. En el Pacto Verde hay de todo para todos. Hay un programa llamado «Farm to Fork», traducido al español como «De la Granja a la Mesa», que arrebata a los países toda soberanía sobre su agricultura y a sus agricultores e industrias asociadas todo margen de actuación con una tupida red de regulaciones y asfixiantes limitaciones que modifican profundamente y en gran parte prohíben o convierten de una forma u otra en inviables la producción y el consumo de productos y el mantenimiento de industrias, servicios, hábitos, tradiciones, etc. Todo ello y en todos los casos con mucho más respeto a la ideología radical de minorías que a los intereses de las mayorías.
Casi todos los europeos están ya resignados a que nada ni nadie pueda frenar el tsunami de la legislación «climática»
Otro de estos paquetes regulatorios para vaciar de soberanía a las naciones por la puerta de atrás es el llamado «Fit for 55», «Listos para 55”, que persigue una reducción del 55% en las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030. El 14 de Julio la Comisión Europea presentó 13 propuestas legislativas bajo el paraguas de «Fit For 55». El paquete implica cambios radicales en nuestro modelo económico que afectan a sectores tan dispares como el sistema de comercio de emisiones, la energía en hogares y transportes, las emisiones de los automóviles o los objetivos climáticos para la agricultura.
El objetivo, adornado por los llamamientos a «descarbonizar la economía», se antoja inicialmente bienintencionado, pero una vez más la Comisión Europea utiliza legítimas expectativas de los ciudadanos para imponer un determinado modelo económico y social impregnado de altas dosis de ideología climática, enorme vocación intervencionista, pocos estudios reales de impacto y nula base científica.
Casi todos los europeos están ya resignados a que nada ni nadie pueda frenar el tsunami de la legislación “climática”. La pandemia no pudo ni mitigar este frenesí verde de la Comisión Europea de Úrsula Von der Leyen y del Parlamento Europeo. Y ni siquiera la guerra en Ucrania que tanto tiene que ver con el delirio ecologista que ha liderado Alemania en los últimos treinta años sirve -como algunos ilusos creían- para que Bruselas reflexione, con responsabilidad y datos, sobre el impacto de sus medidas. Han sido medidas energéticas emanadas de este delirio ecológico fundamentalista las que han dejado postrada a Europa en esta crisis bélica.
Cualquiera puede constatar cómo las necesidades reales de los ciudadanos van en la dirección contraria a la desbordante y ya ingente legislación verde europea
Los ciudadanos europeos azotados por la crisis económica y por una subida exponencial del coste de la vida asisten atónitos a tanto despropósito «made in Brussels» que no decae. Por el contrario, hay elementos que lo hacen aun más dañino y tóxico para naciones y ciudadanos.
Porque el análisis detallado de las propuestas muestra un cambio de paradigma: La búsqueda de la descarbonización de los sectores industriales ha dejado paso a un proceso mucho más ambicioso donde el objetivo de control y restricción es el ciudadano común. En muchos casos con enormes restricciones y perjuicios. Los beneficiarios no se conocen. Aunque el resultado llegara a ser esa reducción del 55% en el 2030, que a efectos medioambientales mundiales es de muy poca relevancia, los daños para sectores, regiones, naciones y cientos de millones de europeos en su situación personal son incalculables pero inmensos. Todas estas medidas más o menos reales o utópicas posiblemente beneficien a todas esas multinacionales que se han especializado en ordeñar los fondos ya absolutamente desorbitados del ecologismo oficial en la UE. Pero lo que tiene absoluta certeza es que estas medidas agudizarán el empobrecimiento de las clases medias y de los más desfavorecidos. No les importa. Ellos dicen estar «salvando el planeta» y para eso han de controlarlo todo. Quien intente obstaculizar su noble objetivo es un despreciable «negacionista» que debe ser marginado, castigado y perseguido.
Cualquiera puede constatar cómo las necesidades reales de los ciudadanos van en la dirección contraria a la desbordante y ya ingente legislación verde europea. Los agricultores hacen frente a la subida brutal de costes de producción y los consumidores pagan por algunos alimentos un 50% más que el pasado año. Sin embargo, la respuesta de Bruselas con sus nuevos reglamentos aumenta contra toda racionalidad en estos momentos los objetivos de reducción de carbono, añadiendo más restricciones a la actividad agrícola que desencadenarán costes adicionales y ponen en jaque la supervivencia de muchos agricultores y de nuestra soberanía alimentaria.
Pensar que todo el mundo podrá o querrá acceder a un coche eléctrico es una ilusión propia de burócratas y políticos alejados de una realidad que desprecian tanto como ignoran
La movilidad «sostenible» es otro de los ejes de la nueva regulación. Entre las medidas delirantes de la Comisión Europea está su pretensión de acabar con el motor de combustión en 2035 y plantear una reducción drástica de las emisiones contaminantes con objetivos vinculantes para 2025 y 2030 que ataría de pies y manos a los gobiernos y los compromete a actuar masivamente, y muy en especial en el caso de España, contra los intereses de sus ciudadanos. La política exclusivamente centrada en el coche eléctrico -que sigue aun planteando para muchos muy serios interrogantes como sustituto real del motor de combustión- acarreará la pérdida en la UE de millones de puestos de trabajo. No les importa. Ellos combaten el automóvil emisor pero también en general por motivos ideológicos el tráfico privado. Por eso no les importa que la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos no pueden comprarse un coche eléctrico.
El denominado «Fondo Social del Clima» (…) se pagará con el dinero que previamente se les ha confiscado en aras de la defensa climática
Porque pensar, en la coyuntura actual, que todo el mundo podrá o querrá acceder a un coche eléctrico es una ilusión propia de burócratas y políticos alejados de una realidad que desprecian tanto como ignoran. Ni hay dinero ni puntos de recarga (España cuenta con 400 puntos de recarga por cada millón de habitantes) suficiente para hacer posible su compra a ciudadanos al límite por las consecuencias de la crisis. Una estrategia exclusivamente eléctrica aumenta la dependencia de estados totalitarios y cada vez más hostiles como Rusia y China. Europa les pone en bandeja de plata la cadena de suministro de materias primas para baterías eléctricas. Pero esa peligrosa realidad recuerda a la insensata dependencia de los combustibles fósiles rusos que Alemania generó con su cierre de centrales nucleares y disparatada política energética y medioambiental.
La inclusión del transporte por carretera y los edificios en el Régimen Europeo de Comercio de Emisiones (RECE) así como las nuevas disposiciones en materia energética van a provocar, ya están avisados, un aumento notable del precio del transporte y también de la factura eléctrica. Pero les da igual. Ellos tienen sus objetivos y el masivo deterioro del nivel de vida de cientos de millones de europeos no pueden desviar de sus objetivos ideológicos a quienes quieren una Europa sin naciones y sin emisiones.
Ante tanto delirio político y desatino reglamentario, la Comisión no puede negar del todo los efectos negativos -en realidad devastadores- y propone un parche a modo de tirita sobre una amputación con la que pretende preservar su conciencia social. El denominado «Fondo Social del Clima» se erige en el instrumento para apoyar a los más pobres perjudicados por las medidas eco-climáticas. Se pagará con el dinero que previamente se les ha confiscado en aras de la defensa climática. La Comisión Europea genera con sus políticas irracionales una pobreza energética masiva. Y a renglón seguido intenta con poca puntería teledirigir ayudas para paliar los efectos de sus delirantes decisiones.
La UE propone que los ciudadanos, los trabajadores, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas paguen una transición energética acelerada, improvisada, precipitada y absurda
El Parlamento Europeo debate su posición sobre los aspectos más importantes del paquete «Fit For 55» con vistas a negociar con el Consejo la aprobación de las medidas antes de 2023. Lo presentado por la Comisión Europea al Parlamento es un disparate. Estaba claro que el Parlamento Europeo sería capaz de empeorarlo. En lugar de introducir en el debate algunas dosis de sentido común, los grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo se pelean entre ellos por ver quién es capaz de hacer la propuesta de mayor puerilidad en su ecologismo. Así la Comisión Europea acaba pareciendo un actor moderado y racional.
La realidad social y económica que vivimos en Europa es ya dramática. Y se agravará muy seriamente por efecto directo de estas medidas de la Unión Europea que destruyen todos los resortes de racionalidad, aplastados por la apisonadora ideológica eco-climática. La UE propone que los ciudadanos, los trabajadores, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas paguen una transición energética acelerada, improvisada, precipitada y absurda. VOX está en primera línea de la batalla para denunciar este delirio tan dañino para todos los españoles y con la voluntad de enmendarla y frenarla en alianza con otras fuerzas nacionales que defiendan la soberanía de los países miembros de la UE, los derechos y la prosperidad de sus compatriotas, y eso tan ausente ya de la Unión Europea que es el sentido común.
