Polonia celebrará elecciones parlamentarias el próximo 15 de octubre y el partido gobernante Ley y Justicia (PiS) se enfrenta a una cita complicada. El primer ministro, Mateusz Morawiecki, busca la reelección a pesar de la bajada en el apoyo popular conocida en las últimas encuestas. De momento, no hay duda de que este partido conservador afiliado al Grupo ECR (en el que también se encuentran VOX y Fratelli d’Italia) repetirá como primera fuerza. Lo que está en duda es la dimensión en la que lo conseguirá.
Si bien en los anteriores comicios (2019) el PiS logró mayores apoyos que en 2015 (43,6% frente a 37,6%), las encuestas predicen ahora un escenario más cercano al vivido hace ocho años. De acuerdo con los sondeos, el PiS obtendría el 38% de los votos totales, seguido de la Coalición Cívica (30%), formación afiliada al Partido Popular Europeo y liderado por Donald Tusk, ex primer ministro y presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019. La Izquierda, una coalición de partidos socialistas y de extrema izquierda, empataría en tercera posición con la coalición Tercera Vía, ambas con el 10%. En última posición quedaría Confederación (9%), partido situado a la derecha del PiS que vio crecer su apoyo durante este verano hasta alcanzar el 14% y colocarse como tercera fuerza en intención de voto.
Sin embargo, y a pesar de algunos escándalos explotados por la oposición —la crisis en la relación con Ucrania, los visados fraudulentos o el rearme de Polonia—, el PiS ha logrado frenar el crecimiento de Confederación y reducir distancia con su principal oponente, la Coalición Cívica de Tusk. Si en junio la distancia entre ambos era de sólo 5 puntos, las últimas encuestas indican que la brecha habría crecido 3 puntos hasta un total de 8, mientras que Confederación habría perdido la tercera posición y 5 puntos porcentuales de intención de voto.
Los ánimos de la campaña electoral están caldeados. Con la guerra de Ucrania como telón de fondo, las últimas polémicas respecto al grano ucraniano, al rearme de las Fuerzas Armadas polacas —Estados Unidos mediante—, la tensa relación con Alemania y la trama de ventas fraudulentas de visados de trabajo han encendido el ambiente de unas elecciones que se presentan complicadas y que podrían cambiar por completo el panorama político, no sólo ya de Polonia, sino de la Unión Europea —con las próximas elecciones europeas a la vuelta de la esquina— e, incluso, de la OTAN.
Restricciones al grano ucraniano
Tras la decisión de no renovar el acuerdo que impedía la exportación de grano ucraniano el pasado viernes 15, los primeros ministros de Polonia, Hungría y Eslovaquia anunciaron que impondrían restricciones unilaterales semejantes a las medidas europeas anteriores: se permitirá el paso cuando el país no sea el destino final, pero se prohibirá que el grano ucraniano pueda venderse dentro de sus territorios nacionales. La medida busca, según estos Gobiernos, proteger a sus agricultores y evitar que los productos agrícolas de Ucrania, uno de los mayores productores mundiales de grano, invadan —como en el pasado— sus mercados, provocando desequilibrios en sus precios.
El Gobierno de Zelenski anunció sendas denuncias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para forzar a los tres países a «restablecer el comercio normal (…) así como a mostrar solidaridad». La pasada semana, Zelenski aprovechó su intervención en la Asamblea General de la ONU para reprochar las medidas unilaterales destinadas a prohibir el comercio de grano. El primer ministro Morawiecki no se tomó estas críticas a la ligera y conminó a Zelenski a que «nunca más vuelva a insultar a los polacos». «Defender el bueno nombre polaco es mi deber y mi honor, la tarea más importante del Gobierno de Polonia».
Esta semana, Polonia animó a Ucrania a retirar la demanda ante la OMC para facilitar el diálogo y la búsqueda de «soluciones a largo plazo». El presidente de Polonia, Andrzej Duda, aseguró que el Gobierno hará «todo lo posible» para asegurar que el transporte de los envíos que transcurran por su territorio funcione «de la mejor manera». Duda señaló que «Zelenski está bajo una enorme presión» y prefirió quitar hierro al asunto, aunque lamentó las críticas porque «los polacos han sacrificado mucho para ayudar a Ucrania».
Carrera armamentística y crisis de relaciones con Ucrania
En un clima de relaciones tensas, el presidente polaco anunció además que el país había dejado de enviar armamento nuevo a Ucrania, ya que la propia supervivencia de la nación polaca también estaba amenazada. El Gobierno de Polonia acumula varios meses de aumento en la presión militar: entre sus objetivos, modernizar su armamento y engrosar las filas de sus Fuerzas Armadas, pasando de 150.000 a 300.000 efectivos. El Gobierno compró recientemente cazas F-35 de última generación a Estados Unidos y los primeros aparatos se recibirán en 2024. El Gobierno estudia, además, que estos aviones lleven integradas bombas nucleares estadounidenses. También está pendiente la entrega de más de 500 carros de combate, adquiridos en Estados Unidos y Corea del Sur, mientras otros 800 se producen en la propia Polonia. En total, más de 1.300 nuevos tanques a recibir que permitirían a Polonia deshacerse de manera definitiva del viejo arsenal soviético.
El Gobierno de Polonia advierte de que la decisión de no enviar armamento recién adquirido no debilita su compromiso con Ucrania y su defensa, y seguirá enviando ayuda militar, pero Duda señaló que «no estamos gastando miles de millones para regalarlos de repente». Polonia, de hecho, es uno de los países occidentales que más PIB emplea para gasto militar, el 2,3%. El Gobierno planea llevarlo al 3% para el próximo año y alcanzar el 5% en los siguientes. El primer ministro Morawiecki anunció en televisión que «ya no transferimos armas a Ucrania, porque estamos dotando a Polonia de armamento más moderno». El Gobierno, sin embargo, aseguró que la entrega de material militar acordada antes de la decisión seguiría su curso normal.
El rearme de Polonia es una cuestión extremadamente popular, pues la guerra en Ucrania ha encendido las alarmas entre la población de Europa Central, donde Rusia es un enemigo real y cercano y no un ente geopolítico abstracto que amenaza en las sombras. Según las encuestas, el 76,7% de los polacos están de acuerdo con el aumento del gasto militar.
El pasado lunes, el Gobierno de Estados Unidos anunció la concesión de un paquete de ayudas de 2.000 millones de dólares para la modernización de las Fuerzas Armadas de Polonia. La nación polaca es un aliado clasificado como «incondicional» de la Alianza Atlántica, no sólo por su apoyo a Ucrania sino, especialmente, por su papel de bastión en la frontera este de la OTAN. El rearme de Polonia, además, se ha recibido con buenos ojos por Estados Unidos, quien tradicionalmente ha reprochado a los países europeos su falta de inversión militar y su dependencia en materia de defensa.
Canadá y el excombatiente nazi
El Gobierno de Polonia anunció que ha puesto en marcha medidas para una «posible extradición» de Yaroslav Hunka, el combatiente ucraniano de 98 años aplaudido en el Parlamento de Canadá por Justin Trudeau y Volodimir Zelenski y que resultó ser un excombatiente nazi. El antiguo integrante de la 14ª División de Granaderos SS ‘Galitzia’ podría haber cometido crímenes contra Polonia y contra ciudadanos polacos de origen judío durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el incidente, tanto los responsables del Parlamento como el primer ministro Justin Trudeau lamentaron la situación y pidieron perdón de manera oficial, aunque esto no haya servido para templar los ánimos.
El aplauso de la Cámara de Representantes canadienses y del Ejecutivo levantó críticas en varios países, como Polonia o Rusia, quien acusó a Canadá de connivencia con el nazismo. La petición de extradición del excombatiente nazi ha sido recibida con buenos ojos por gran parte de los votantes polacos, aunque todavía está por verse si la demanda contará con base legal en Canadá.
Compra de visados, crisis migratoria e injerencias de Alemania
El escándalo, que saltó hace un par de semanas, ha terminado por implicar a Alemania y abrir otro frente más ante la Unión Europea. Presuntamente, una red formada por embajadas de Polonia en Asia y África habría estado intercambiando sobornos para conceder, de forma fraudulenta, miles de visados de trabajo —unos 250.000 según la oposición polaca—.
El asunto se ha convertido en un tema central de la campaña y ha abierto un nuevo frente político entre Polonia y la Unión Europea. El Gobierno de Morawiecki ya se dirigió por carta a la Comisión presidida por Von der Leyen para tratar de calmar los ánimos y aseguró que el número real de visados fraudulentos es menor al que la oposición maneja: 268 visados estarían siendo investigados oficialmente frente a los 250.000 señalados por la oposición. El Ejecutivo ha denunciado que la oposición estaría tratando de explotar políticamente el asunto con el fin de dañar la imagen del Gobierno e inclinar la balanza electoral a su favor.
La Comisión Europea exigió al Gobierno una respuesta a las acusaciones, que deberá presentar antes del próximo 3 de octubre. Su respuesta y lo satisfactoria que resulte para la Comisión podría terminar por determinar el resultado electoral.
El pasado fin de semana, el canciller alemán, Olaf Scholz, mencionó el escándalo para tratar de evitar las críticas a su política de asilo y pidió explicaciones al país vecino. Aseguró que la venta de visados por representantes de Polonia impide que Alemania desarrolle una política migratoria adecuada, ya que quienes entran con los permisos fraudulentos pueden desplazarse directamente a territorio alemán al no existir controles en las fronteras europeas interiores.
El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia acusó al canciller de tratar de interferir en la campaña electoral en curso y señaló que las declaraciones de Scholz sobre la polémica por la compra de visados «violan los principios de igualdad soberana». El Gobierno polaco hizo un llamamiento a «las buenas relaciones bilaterales» y pidió a Alemania evitar injerencias en lo que resta de campaña electoral.
Pero la respuesta de Alemania no se ha hecho esperar. La ministra del Interior anunció que el Gobierno impondrá controles fronterizos fijos en las fronteras con Polonia y República Checa para evitar la entrada de inmigrantes ilegales. El Gobierno tripartito, asediado en las encuestas y sondeos por el enorme auge de AfD (Alternativa para Alemania, segunda fuerza con un 21%), busca ahora reducir el flujo de inmigrantes indocumentados, aunque advierte de que un refuerzo de la vigilancia no será suficiente para cortar la totalidad de entradas irregulares, que calcula en una quinta parte del total.
De hecho, Alemania aboga ahora por reforzar el control en las fronteras exteriores de la Unión Europea para atajar el problema antes de que se produzca. El número de solicitantes de asilo en este país se ha incrementado un 77%: 204.000 en los primeros ocho meses del año. El Gobierno asegura que esta circunstancia radica en el escándalo de los visados polacos y Scholz no ha dudado en señalar que es posible que se requieran «mayores medidas» para poner fin a esta situación.
El cambio de rumbo del Gobierno respecto a la materia migratoria podría estar motivado por fines electorales, ya que el próximo 8 de octubre tendrán lugar las elecciones estatales en Baviera y Hesse. AfD dio el sorpasso a Los Verdes en abril y ha continuado viendo aumentados sus apoyos hasta superar también a los socialistas del SPD en junio. La brecha entre las formaciones de Gobierno (SPD, 17%; Verdes, 14%; FDP, 6%) y la AfD (21%) no ha hecho sino ensancharse durante las últimas semanas, mientras que los apoyos de la CDU/CSU (27%) continúan menguando.
Actualmente, las relaciones entre Alemania y Polonia son especialmente tensas, no sólo porque sus Gobiernos sean de signo político contrario, sino también debido a su complicado pasado histórico. Ya en 2022, el Gobierno de Polonia exigió a Alemania el pago de 1.300 millones de euros por daños a la nación durante la invasión de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno alemán rechazó la propuesta en enero de este año, pero Polonia insistió poco después, y el tema ha sido rescatado por el PiS durante la campaña, pues se trata de una exigencia que cuenta con apoyo popular, más ahora que el ambiente entre las naciones vuelve a estar caldeado.
El expediente migratorio también continúa siendo un tema sensible en Polonia. Allí no sólo llegan refugiados ucranianos, sino también miles de inmigrantes ilegales que el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, emplea en su guerra híbrida contra Europa. De hecho, el estreno reciente de una película de la aclamada directora Agnieszka Holland ha motivado la subida en la temperatura y la consiguiente reacción de miembros del PiS y del Gobierno.
La cinta se centra en la forma en la que Polonia ataja la inmigración irregular en la frontera con Bielorrusia y denuncia el «maltrato» que los oficiales polacos dispensan a los indocumentados que tratan de cruzar la frontera. El presidente Duda calificó la película de «antipolaca»; Jarosław Kaczyński, líder del PiS, aseguró que es «vergonzosa, repulsiva y repugnante»; y el primer ministro, Mateusz Morawiecki, señaló que es «una sarta de desvergonzadas mentiras». A su vez, el Gobierno ha señalado el compromiso desinteresado de los polacos y los sacrificios asumidos en la recepción de más de un millón y medio de refugiados de guerra desde el inicio de la invasión de Ucrania.
