Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, anunció el pasado viernes una nueva medida para hacer frente a la ola migratoria a la que se enfrenta el país. Según la nueva normativa, cada inmigrante ilegal que llegue a las costas italianas tendrá que abonar alrededor de 5.000 euros a las arcas del Estado como garantía financiera mientras se gestiona su petición de asilo.
La crisis migratoria en la Isla de Lampedusa ha provocado el colapso de los centros de acogida. La llegada de más de 12.000 inmigrantes en las últimas semanas ha terminado de desestabilizar una localidad habitada por alrededor de 6.000 personas. Los vecinos, principales afectados de la crisis migratoria, han denunciado la situación insostenible en la isla, que ya ha triplicado su población habitual, en espera de una respuesta del gobierno italiano.
La primera ministra, que hace unos días visitó la Isla para evaluar la situación en compañía de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicado varias de las medidas al respecto. La más polémica ha sido la intención de aprobar un nuevo decreto que obligará a los inmigrantes ilegales que lleguen a las costas italianas a abonar la cantidad de 4.983 euros. Según fuentes oficiales, esta cuantía irá destinada al pago del «alojamiento adecuado en el territorio nacional, la suma necesaria para la repatriación«, así como de «los medios mínimos necesarios de subsistencia por persona». La garantía financiera, que se espera tenga un efecto disuasorio, se empleará para una estancia de una duración de cuatro semanas, un periodo no superior a 28 días.
Esta misma semana el Gobierno de Giorgia Meloni ha tomado el primer paso en esa dirección aprobando la construcción de «centros de permanencia para la repatriación». Las nuevas instalaciones servirán como centros de detención temporal para inmigrantes ilegales mientras se tramita su expulsión y retorno. Sin embargo, una de las medidas más destacadas ha sido la ampliación del periodo legal de retención al máximo permitido por la Unión Europea, prolongándose de 3 a 18 meses.
La masiva llegada de inmigrantes ilegales a la frontera sur italiana ha alcanzado las 133.000 personas en lo que va de año; una cifra que triplica el número de inmigrantes en el año 2021 y que ha obligado a la Comisión Europea a aumentar el presupuesto destinado a la protección de las fronteras. Bruselas ha dotado con 127 millones adicionales cuestiones relacionadas con la protección de las fronteras comunitarias y el control de la inmigración. Parte de los nuevos fondos, unos 67 millones, se emplearán para proporcionar asistencia en operaciones de control fronterizo, mientras que la parte restante irá destinada al acuerdo establecido con Túnez.
Los países del norte de África, en especial Túnez y Argelia, constituyen canales de tránsito de inmigrantes que se dirigen a Europa. Una amplia parte de los 12.000 inmigrantes que se amontonan en la Isla de Lampedusa, y que proceden en su mayoría de Nigeria, Eritrea y Guinea, cruzaron el mediterráneo en barcazas que partieron desde puertos tunecinos. El pasado mes de julio, Meloni y la UE firmaron un acuerdo con su homólogo tunecino por este mismo motivo. Según el nuevo pacto, similar al ya existente con Turquía, Túnez se compromete a reforzar el control migratorio a cambio de fondos para ello.
La cuestión migratoria ha adquirido un carácter urgente en los últimos meses. Oleadas de inmigrantes ilegales como la de la Isla de Lampedusa o la que se espera las próximas semanas en las Islas Canarias, han conducido a países como Italia y Francia a unir esfuerzos. Este martes, los ministros de Exteriores de ambos países han solicitado a la UE más apoyo ante lo que consideran «un problema europeo«.
