El anuncio de un plan con miras a brindar «seguridad que garantice la paz» en Nicaragua pone nuevamente en el ojo del huracán al régimen de Daniel Ortega, que estaría utilizando una supuesta política de vigilancia contra el crimen para esconder una nueva escalada en la represión contra la disidencia en el país centroamericano.
La puesta en marcha del plan fue anunciada por la vicepresidente de Nicaragua y esposa de Ortega, Rosario Murillo, hace tan sólo una semana.
“Tenemos el programa que está desarrollando la Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación, que han visitado ya a 43.000 madres de familia con todos los temas relacionados con la seguridad en el hogar, en la Familia y seguridad ciudadana”, dijo Murillo al anunciar el lanzamiento del mismo.
Durante el mes de mayo la tiranía sandinista detuvo a 55 personas durante una sola noche, sumando un total de 63 presos durante el mes por disentir del régimen.
Desde 2018, cuando se produjeron masivas protestas en distintas regiones de la nación hispanoamericana, Daniel Ortega ha dado rienda suelta a una embestida contra los actores y organizaciones que se le oponen, desarrollando una campaña de persecución especialmente intensa contra sectores de la Iglesia Católica.
