El presidente electo, el izquierdista Gustavo Petro, ha puesto las cartas sobre la mesa. Atrás quedó ese momento inicial de acercamiento y conciliación. Su postura es muy clara: las mayorías se consolidan para impulsar las reformas radicales que se promovieron durante la campaña.
Así lo hizo como alcalde de Bogotá (2012-2015), incluso enfrentando al Concejo distrital, alegando que él como burgomaestre debía cumplir el programa que presentó, incluso en contra de la posición mayoritaria que se pudiera expresar en el cabildo. Así lo hará como jefe del Estado colombiano. Poco importa que haya sido elegido, igual que todos los demás antes de él, con los votos de apenas la cuarta parte del censo electoral, pues en Colombia la participación electoral fue cercana al 55% y él obtuvo el 50,4% de esos votos.
Habrá impuestos a las bebidas azucaradas (esas que consume la población más pobre y cuyos sustitutos suelen ser más costosos), impuestos a los alimentos procesados, incremento en el impuesto de renta que pagan las personas naturales que ganan más de diez millones de pesos mensuales (2.200 euros), impuesto a todo patrimonio mayor a mil millones de pesos (222 mil euros), fin de las exenciones tributarias, prohibición del fracking, incremento al impuesto predial de la propiedad rural “improductiva”, entre otros.
La aplanadora petrista tiene claro que no va a cometer los errores del Gobierno saliente, que desaprovechó su capital político inicial y sale con la peor imagen de la historia reciente. “El cambio es en serio”, es lo que suelen expresar los integrantes del Pacto Histórico.
Además, las relaciones con el Gobierno, hoy no reconocido por el Estado colombiano, de Nicolás Maduro serán reestablecidas y se trazarán caminos de colaboración con el régimen chavista. Eso incluye devolver el control de la empresa “Monómeros colombo venezolanos” a la tiranía de Venezuela, levantar las restricciones en la frontera, acercar a las fuerzas armadas y de policía colombianas a la fuerza armada bolivariana, con el fin de llevar a cabo operaciones en conjunto.
Duque anunció en una oportunidad “que pronto caería un nuevo muro de Berlín y Venezuela sería libre”. El caso es que ahora dejará el palacio de Nariño, al que llegará Maduro en visita oficial como jefe de Estado. En eso quedó su política de “cerco diplomático” al régimen vecino.
En un intento por proteger la estabilidad de la empresa más importante del país, el gobierno saliente promovió una reforma de sus estatutos para extender el periodo de su junta directiva hasta el año 2025. Al respecto, el presidente electo publicó en su cuenta de twitter: “No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representan”.
De igual modo, quien será nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Campo, expresó que “Se va a cambiar la junta directiva, pero esto no quiere decir que sean todos los miembros. Ya lo veremos en su debido momento, pero lo que se hizo fue un atropello a la democracia y al gobierno electo”.
Cecilia López, quien será ministra de Agricultura, ha insistido en que se promoverá una reforma agraria a través del catastro multipropósito que cobrará más impuestos a los predios que el Gobierno defina como tierra improductiva: “Se fijará un impuesto equivalente a lo que debería pagar un predio si fuera bien explotado”.
La evidencia con relación al potencial agroindustrial que tiene Colombia y que se ha visto limitado por la falta de seguridad y orden, lo débil de los derechos de propiedad de las grandes propiedades, muchas veces invadidas o su producción quemada; parece no importar.
Primará la negociación con grupos terroristas que operan en territorios con gran potencial, pero hoy en manos de carteles y grupos armados ilegales, y el compromiso de dar tierra a comunidades campesinas. El mundo ya conoce los efectos de la producción para la subsistencia y contrarias a la división internacional del trabajo y la especialización: la pobreza y el riesgo de hambruna.
Por su parte el nuevo director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, ha sugerido un “impuesto verde a la tenencia de ganado en el país”, alegando que cobrar 15 mil pesos mensuales por cabeza de ganado sería “suficiente para una renta básica que acabara con la pobreza extrema en el país”. Reyes es reconocido por sus posturas en defensa de los impuestos progresivos y el papel redistributivo que debe jugar el sistema tributario. Ha insistido en que la lucha contra la evasión y la elusión debe ser frontal e incluso llevar a la cárcel a los grandes evasores.
Se aceleró el tránsito de Colombia hacia un modelo mucho más cercano al socialismo que al capitalismo. ¿Será que los colombianos quieren esto? Los Gobiernos que se eligieron con el respaldo de la derecha en los últimos años, como el que termina el 7 de agosto, tomaron ese rumbo, el del amago izquierdista. Entre la copia y el original, la opinión pública, como el mercado, suele preferir el original. En los últimos cuatro años lamentablemente se abonó el proceso de transición hacia un nuevo y peligroso modelo. La cereza del pastel fue el triunfo de Petro. Lamentablemente no se pude alegar que fue sorpresivo sino cosechado.
