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Tercer aniversario del 18-O en Chile: la validación de la violencia como herramienta de transformación social

Tercer aniversario de las protestas del 18 de octubre en Chile. Reuters
Tercer aniversario de las protestas del 18 de octubre en Chile. Reuters

El pasado lunes se cumplió el tercer aniversario de las revueltas del 18 de octubre en Chile; una fecha reivindicada por el actual presidente del país, Gabriel Boric, y por los medios de comunicación como un «hecho histórico» bautizado como «estallido social».

Sin embargo, y pese a lo difundido por medios y Gobierno, lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019 en el país se parece muy poco a lo que hoy defienden como un motivo de celebración.

En 2019, el alza de 30 pesos en la tarifa del metro de Santiago, unido al contexto de crisis económica en el país, provocó evasiones en el metro, sobre todo protagonizadas por estudiantes y jóvenes que decidieron dejar de pagar los billetes de acceso como forma de protesta. En horas, estas evasiones se volvieron masivas y eventualmente dieron paso a una ola de violencia.

Durante los días que siguieron al 18 de octubre, los violentos manifestantes quemaron más de 20 estaciones de metro y autobús, así como muchos otros establecimientos y comercios.

Hoy se conocen cuáles fueron las pérdidas económicas que las protestas, defendidas hoy por el presidente Boric, provocaron en el país: pérdidas de más 3.300 millones de dólares, más de 15.000 pymes afectadas como consecuencia de los destrozos, más de 140.000 despidos resultado del cierre de comercios y empresas, y una subida del 0,3% del paro que alcanzó entonces su nivel más alto en los últimos nueve años. Además de una treintena de muertes provocadas por la respuesta violenta de los protestantes contra los Carabineros que intentaron devolver la tranquilidad a las calles de Chile.

El resultado de las protestas iniciadas el 18 de octubre desencadenaron la firma del «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» por parte de los principales partidos políticos que contempló la creación de una Convención Constitucional encargada de redactar una nueva Constitución. Una medida que recordó a muchos a la Asamblea Constituyente de Hugo Chávez que, inicialmente, tuvo el mismo objetivo en Venezuela.

En 2022, lo que la izquierda consideró un «triunfo» de las revueltas –la nueva Constitución– ha resultado un fracaso. En septiembre, el «Rechazo» a la constitución izquierdista logró el 61,90% de los votos, casi 24 puntos más que el «Apruebo».

Sin embargo, Boric, que fue uno de los participantes en las protestas del llamado 18-O, reivindicó este año la fecha e, incluso, arremetió contra la labor policial de aquellos días y acusó a los carabineros de provocar «muertos, abusos sexuales y mutilaciones oculares».

Pese a lo defendido por el Gobierno y por los impulsores del «estallido social», las consecutivas conmemoraciones de la fecha han demostrado que nunca fue una reivindicación pacífica. En el primer aniversario, en 2020, se quemaron dos iglesias: la de San Francisco de Borja, usada regularmente por el cuerpo policial de Carabineros para ceremonias institucionales, y la de la Asunción, una de las más antiguas de la capital, con más de un siglo y medio de antigüedad. Y este 2022 las «celebraciones» se tornaron de nuevo en saqueos y destrucción con un saldo con 195 detenidos y 42 heridos.

Además de que los aniversarios del 18-O se han convertido en una repetición de la violencia de aquella jornada, los tres años que separan a Chile de aquel día no han servido al país para mejorar. Tampoco lo ha hecho el nuevo Gobierno que cuenta con una desaprobación del 65%, según las últimas encuestas.

Por su parte, la violencia, la delincuencia, la pobreza y la desigualdad en el país también han aumentado.

El 18 de octubre, la violencia intentó echar abajo un Gobierno democráticamente elegido, el de Sebastián Piñera, que, además, cedió ante los insurgentes. Y lo que es más peligroso: supuso la validación de la violencia como una herramienta de transformación social y política del país.

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