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PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN LA SEGUNDA CIUDAD MÁS POBLADA DE CANADÁ

Montreal sufre un brote de tuberculosis por la inmigración mientras Trudeau persigue a los disidentes en Internet

Montreal sufre un brote de tuberculosis por la inmigración mientras Trudeau persigue las críticas en Internet a los inmigrantes. Imagen de archivo, Europa Press.
Montreal sufre un brote de tuberculosis por la inmigración mientras Trudeau persigue las críticas en Internet a los inmigrantes. Imagen de archivo, Europa Press.

Montreal, la mayor ciudad de la provincia de Quebec, y la segunda más poblada de Canadá después de Toronto, sufre un brote de tuberculosis, enfermedad que ya estaba erradicada en el país. Se da la casualidad de que el aumento de esta afección ha coincidido con una oleada de inmigrantes llegados a Quebec. La situación llega al punto de que la pasada semana el gobernador de la provincia, François Legault, solicitó al primer ministro Justin Trudeau, asumir todas las competencias en inmigración.

Sólo en 2023 Quebec recibió a 60.000 solicitantes de asilo, lo que ha provocado el colapso de sus servicios públicos. La mayoría son de México, Centroamérica y el Caribe. Desde el 1 de marzo Canadá solicita visado a los mexicanos que entren en el país ante el aumento de llegadas de ilegales. Legault exigió esta precaución al Ejecutivo central, aunque Trudeau se niega a ceder más competencias migratorias alegando que «ya tiene más poderes migratorios que cualquier otra provincia».

En Montreal los casos de tuberculosis comenzaron a aumentar en 2018. En enero se diagnosticaron 21 nuevos casos, la cifra más alta en los últimos cinco años. Además, alrededor del 90% de los casos se contrajeron en el extranjero y no dentro de Canadá. Por ello, aunque la cifra pueda no parecer muy alta, preocupa a las autoridades sanitarias. Especialmente porque la mejor manera de prevenir la enfermedad es mediante la vacunación, que al estar erradicada hasta hace poco ya no era obligatoria. En paralelo se han confirmado 18 casos de sarampión en la provincia, 13 de ellos en Montreal.

La tuberculosis se transmite por el aire y es extremadamente contagiosa. Según el Departamento Programa Global de Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desnutrición o pobreza extrema son sus principales causantes. Además, el 25% de los supervivientes arrastra después algún problema de salud mental. La enfermedad, aunque muy controlada desde mediados del siglo XX, produce todavía 1,3 millones de muertes en el mundo cada año.

Canadian Medical Association Journal —la revista de la Asociación Médica Canadiense— publicaba un estudio en diciembre de 2023 al respecto. En él, se reconocía que la prevalencia de la infección tuberculosa se produce generalmente entre los residentes nacidos en el extranjero.

El informe también admite que en el año censal 2021 —se realiza cada cinco años—, la prevalencia de la infección por tuberculosis en Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Británica (las cuatro provincias principales receptoras de inmigrantes) fue mayor que en el resto de Canadá.

Y mientras se produce esta alerta sanitaria en Montreal, el Gobierno de Justin Trudeau sigue ultimando su «Ley de protección contra daños online» o Ley C63, con la que pretende perseguir cualquier opinión disidente o políticamente incorrecta, especialmente en las redes sociales. El 1 de marzo LA GACETA era el primer medio español en adelantar el contenido de esta norma. El Gobierno canadiense la justifica como una herramienta para proteger la seguridad de los niños que navegan por Internet y frenar el intercambio de imágenes íntimas.

Sin embargo, al conocer con detalle el objeto de este legislación federal, ha resultado ser una norma con la que perseguir opiniones —habla de «delitos de expresión»—. Estos podrían tener penas de cadena perpetua o arresto domiciliario vitalicio para quienes nieguen los genocidios. Los comentarios que hagan referencia a la inmigración ilegal o el lobby LGTBI también podrán castigarse con hasta dos años de cárcel. Además, se aprobarán multas que pueden llegar a 20.000 dólares canadienses para las supuestas víctimas y hasta 50.000 para el Estado.

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