El separatismo y la izquierda pretender silenciar al presidente del grupo parlamentario VOX en el Parlament de Cataluña, Ignacio Garriga, sancionándole por incumplir, a su juicio, el Código de Conducta de la Cámara catalana al denunciar la situación de deterioro e inseguridad que sufren los barrios a consecuencia de la inmigración ilegal.
La Mesa ha admitido este martes el escrito que han presentado PSC-Units, ERC, Junts, la CUP y los comuns para iniciar un procedimiento de verificación y un informe en la Comisión del Estatuto de los Diputados ante un «posible incumplimiento» del Código de Conducta por parte del dirigente de VOX.
El Código especifica que la Mesa puede optar por una amonestación pública, una multa de 600 a 12.000 euros o, «si considera que la infracción es muy grave, puede proponer al pleno que acuerde la suspensión temporal en el ejercicio de la función parlamentaria».
En la solicitud los grupos han señalado que durante el Debate de Política General de la semana pasada Garriga «formuló una serie de afirmaciones vinculando delincuencia con inmigración [ilegal] haciendo identificación expresa de la nacionalidad de los presuntos responsables».
Así, los grupos, que al mismo tiempo impulsan un cordón sanitario a los diputados de VOX, a los que no dejaron presidir ninguna comisión y, según denuncia el partido, muchas veces no invitan a reuniones y discriminan por su posicionamiento político, pretenden que nadie denuncie en el Parlament la oleada de delitos de inmigrantes ilegales, la mayoría de origen magrebí.
El objetivo es que no se denuncien los robos, atracos y tiroteos que se han convertido en escenas habituales en la región y poner una «mordaza» a la formación para que no pueda decir que en Cataluña «se debe recuperar la seguridad de los barrios reforzando la dotación y los recursos de los agentes de Policía, exigir la expulsión de forma inmediata de los ilegales, cerrar todos los centros de menas y devolverles con sus padres en sus países de origen, y eliminar todo tipo de subvenciones publicas a ONG y entidades que promocionan la inmigración ilegal».
En su discurso de la pasada semana, Garriga recordó la detención el pasado mes de septiembre de dos marroquíes de 23 y 31 años por agredir sexualmente a una chica menor de edad con discapacidad en Rosselló (Lérida), el linchamiento multitudinario [el 28 de agosto] de inmigrantes magrebís a una persona mayor en Salt (Gerona) y la detención de un argelino el 30 de agosto en Lérida por robar a varias ancianas de forma violenta, entre otros casos casos de violencia de inmigrantes ilegales.
