Durante casi tres años la Organización de Estados Americanos (OEA) ha tratado de encontrarle una salida a la crisis nicaragüense desatada tras el estallido social de abril 2018, pero esos esfuerzos hasta ahora solo han producido resoluciones de condena, pese a la matanza perpetrada por Ortega contra manifestantes, que dejó centenares de muertos y heridos con armas de guerra.
A ello se suman los presos políticos, miles de exiliados y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que concluyó que el régimen cometió crímenes de lesa humanidad durante la represión contra las protestas, hechos denunciados ante el Consejo Permanente de la OEA, pero que tampoco han propiciado la aprobación de la Carta Democrática Interamericana.
“Podría ser suficiente motivo, lo que pasa es que la OEA ahora mismo está debilitada por diversas razones, México y Argentina boicoteándolos, el interés de Estados Unidos no está en la OEA después de la [caótica salida] de Afganistán; entonces, como que se olvidan de lo que pasa en Nicaragua, y lo mismo sucede con Venezuela que ya pasó a otro nivel. En Venezuela seguramente van a aceptar un ‘mamotreto’ de arreglo”, dijo el exembajador de Panamá en la OEA, Guillermo Cochez.
Pese a que existen los elementos suficientes para la aprobación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, Cochez cree que será difícil se toque ese tema en la OEA por los ataques de México y Argentina contra el organismo y su secretario general, Luis Almagro, a los que se han sumado Bolivia y Nicaragua.
México, gobernado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, propuso en julio pasado la creación de un organismo que sustituya la OEA, y criticó la gestión de Almagro, comentario al que se han sumado las dictaduras de Venezuela y Nicaragua y gobiernos de extrema izquierda de la región.
Pero analistas consideran que la propuesta de esos países no es viable ni tiene fuerza o apoyo entre la mayoría de los países miembros de ese organismo.
Importancia de aplicar la CDI
Almagro pidió el 9 de junio pasado suspender a Nicaragua de la OEA por la “arremetida sin precedentes” del régimen sandinista contra la oposición.
El Secretario General ha calificado al régimen de Ortega como “dictadura” y consideró que en Nicaragua se produjo una «alteración del orden constitucional» según lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, el instrumento regional de defensa de la institucionalidad.
“Es muy importante porque le cierra las puertas a cualquier tipo de financiamiento de los organismos financieros internacionales”, dijo Cochez.
El régimen de Ortega ha sido denunciado de emplear los fondos otorgados por organismos multilaterales para financiar la represión a manos de la Policía y los grupos paramilitares organizados y financiados por la dictadura sandinista.
“De aplicarle la Carta Democrática el efecto es inmediato, es el cierre con organismos multilaterales. Fue lo que le pasó a Honduras cuando el caso de [Manuel] Zelaya”, destituido por incurrir en reiteradas violaciones a la Constitución, otras leyes y sentencias judiciales, el hecho fue considerado como “golpe de Estado” en junio de 2009.
Para el analista político y exdiplomático, el escenario en que se presenta Ortega a unas elecciones adaptadas a su medida, con presos políticos, entre ellos los aspirantes presidenciales, tendrá consecuencias, “será peor para él porque va a quedar totalmente aislado”.
¿El final?
“Lo que está sucediendo es parte de un final anunciado, el final del régimen de Ortega. Hay que seguirlo deteriorando. Lo que está pasando en Nicaragua es muy doloroso para la gente presa y los que han tenido que exiliarse”, señaló Cochez.
“Por ejemplo, lo que hicieron con Sergio Ramírez esta semana eso no le conviene a Ortega en lo más mínimo porque Sergio Ramírez es una persona bien vista por la izquierda mundial, todo eso es positivo para la salida de Ortega del poder”, consideró.
Ramírez, es un escritor que fue vicepresidente de Nicaragua, durante la primera dictadura sandinista (1984-1990), y fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1984) por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), tras el derrocamiento de la dictadura somocista.
El excolaborador de Daniel Ortega, que por muchos años defendió al régimen autoritario al que llamaban “revolución”, hoy es acusado por su excamarada por actos que según el régimen “incitan al odio” y por conspirar contra la soberanía”, argumentos que la dictadura ha empleado contra 36 opositores durante la última oleada de arrestos contra opositores.
La última resolución de la OEA fue aprobada el 15 de junio con 26 votos. El ente regional condenó «inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes».
También pidió la inmediata liberación de los presos políticos y demandó reformas electorales para garantizar elecciones libres y transparentes el 7 de noviembre próximo. Ortega sigue ignorando las resoluciones y ha iniciado el proceso de enjuiciamiento contra los aspirantes presidenciales a menos de dos meses de los comicios.
