Este lunes 18 de octubre se cumplen dos años de la revuelta e insurrección desatada ―explícitamente― aquel viernes del 2019. Las imágenes dieron vuelta por el mundo: estudiantes saltando los torniquetes del metro, manifestaciones ciudadanas como los cacerolazos y las marchas, pero también expresiones insurreccionales tal como incendios a las estaciones de metro y otras propiedades tanto públicas como privada, saqueos, la aparición de la “primera línea”, entre otros. Sin duda alguna, se abrió un frágil escenario enmarcado por la incertidumbre y por la conflictividad, que ha enmarcado estos dos años a Chile. Dos años después su canalización institucional en la creación de la Convención Constitucional.
Recordemos que el 4 de octubre de 2019 se aumentó el pasaje del transporte público en $30 pesos chilenos (equivalente a 0,031 euros). Rápidamente se generó un malestar en algunos grupos de la sociedad, pero al mismo tiempo colectivos horizontales de izquierdas llamaron a manifestarse contra la nueva tarifa. Liderado en un inicio por estudiantes secundarios articulados por distintas vertientes de izquierdas, comenzaron las primeras evasiones al metro de la ciudad de Santiago. Estas aumentaron con el paso de los días, al igual que su nivel de radicalización. Para la semana del 14 de octubre el nivel de conflictividad era latente la que fue escalando.
Para el viernes 18 de octubre, la capital chilena se vio completamente colapsada. Aproximadamente desde las 16 horas local, las distintas calles y avenidas estaban alteradas pues el sistema de transporte público no daba abasto. Los cierres de las estaciones de metro generaron un escenario caótico, pues los buses y taxis de la ciudad no pudieron resolver la demanda de los usuarios. Asimismo, mientras se iba oscureciendo, distintos puntos comenzaron a ser focos de barricadas, incendios, y otras acciones violentas. Esa misma noche, los chilenos fueron testigos de cómo más de 20 estaciones de metro fueron quemadas, de las cuales 10 de ellas quedaron totalmente inutilizables. Los días venideros se caracterizaron por una revuelta horizontal, la que devino a ratos en molecular, la que ha buscado subvertir literalmente todo, desde la institucionalidad hasta el sentido común de los chilenos.
Ante este escenario de violencia e insurrección, desde el Gobierno en conjunto a lideres de casi todas las fuerzas políticas firmaron durante la noche del 14 de noviembre el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, estableciendo un plebiscito de entrada ―que en un inicio estaba fechado para abril del 2020―. En él se preguntó a los chilenos si “Aprueban o Rechazan” una nueva Constitución y cuál sería el órgano redactor (Convención Mixta o Convención Constitucional).
Los resultados fueron claros: el 78,2% de los votos señaló que “Aprueba” una nueva Carta Magna, y 78,9% eligió que fuera una Convención Constitucional (CC) la institución encargada de esta labor. Este plebiscito se atrasó para el 25 de octubre de 2020 por la emergencia sanitaria del covid-19.
Sin embargo, a pesar de que se instaló el relato que cediendo la Constitución la violencia cesaría, la paz no regresó, pues la conflictividad sigue latente. Esto se confirma cuando, por ejemplo, los insurrectos conocidos como “primeras líneas” ―grupos de choque urbano que se enfrentan directamente con la policía chilena― hacen desmanes y ejercen violencia cada viernes en la Plaza Baquedano. Esto ocurrió el viernes previo al plebiscito y la misma noche del 25 de octubre de 2020. En los periodos que los chilenos han tenido mayores libertades por el buen control de la pandemia esto sigue ocurriendo, tal como el pasado viernes 15 de octubre de 2021.
Tras los resultados del plebiscito, la siguiente etapa consistió en elegir a los 155 convencionales constitucionales, el pasado 15 y 16 de mayo de 2021. Tanto para la presentación de listas como para sus resultados se aplicó paridad entre hombres y mujeres. Además, 17 escaños fueron reservados para pueblos originarios. Los resultados no dejaron de impactar ya que, por un lado, las derechas no lograron componer el tercio esperado y, por otro, hubo una gran irrupción de independientes de partidos políticos, pero con una inspiración ideológica sumamente radical.
En la inauguración de la CC el 4 de julio, los convencionales eligieron los cargos de presidente y vicepresidente, siendo elegidos Elisa Loncón y Jaime Bassa respectivamente. Sus discursos dieron luces de cómo se desenvolverían durante los meses siguientes. Apuntaron a refundar un nuevo Chile, que sea plurinacional, intercultural, feminista y con enfoque de género. Asimismo, con el paso de las semanas la CC se pronunció en materias de orden político que no le competen tal como solicitar la liberación de los supuestos «presos políticos» de la revuelta, que son insurrectos que cometieron incendios, homicidios, saqueos, y otros actos vandálicos durante el 18-O. Además, la CC ha atentado contra la libertad de expresión, empujando la cultura de la cancelación al manipular la memoria histórica con el concepto de negacionismo. Incluso, por unos días, prohibieron asistir a las comisiones a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil por defender los valores e ideas de derechas.
El pasado 4 de octubre se cumplieron tres meses de ejercicio de la CC, no obstante, no han avanzado en ningún artículo. Al contrario, los convencionales han demandado más presupuesto del que fue asignado y han estado envueltos en escandalosas polémicas. Recordado es el caso del convencional Rodrigo Rojas Vade, miembro de la moribunda Lista del Pueblo, quien fue elegido por ser un «luchador» de la revuelta del 18-O a pesar de padecer leucemia. No obstante, por una investigación del diario La Tercera del día 5 de septiembre se descubrió que esto era falso, que no tiene dicha enfermedad y que mintió en la declaración de su patrimonio, por lo que distintos actores políticos comenzaron a pedir su renuncia por su falta de honradez. Ante tales presiones, Rojas Vade procedió a ausentarse de la CC presentando una licencia médica, mientras que la CC no ha resuelto si efectivamente renunciará ni quién ocuparía su puesto. En el tiempo que lleva ausente sigue cobrando su sueldo como convencional.
Curiosamente, este lunes está planificado comenzar la redacción del texto constitucional. Así lo planteó Loncón como una forma de conmemorar los dos años del mal llamado “Estallido Social”. La presidente de la CC sostuvo que “es un día simbólico, que marca esta historia de resolver la situación, la vulneración de derechos«.
Tras este escenario y al analizar la situación sociopolítica chilena podemos constatar al menos dos situaciones. Primero, la conflictividad no ha cesado ya que sigue presente en las calles; el foco de insurrección en La Araucanía sigue radicalizándose; y desde la institucionalidad se ha avalado la violencia política como praxis válida para asentar la revolución progresista. Segundo, la incertidumbre se ha tomado el futuro del país, pues si la CC no resuelve la ausencia de diálogo y negociación que los chilenos esperan, es posible un escenario político e institucional frágil y sin marcos comunes. Incluso es dable sostener que Chile pueda entrar en un momento de ensayos constitucionales, pues si el nuevo texto constitucional no alcanza grandes acuerdos, rápidamente se pueda empujar una agenda por escribir uno nuevo. Esto también se ha visto en los distintos índices económicos, pues Chile está pasando por un momento de inflación preocupante, provocado por los tres retiros de los fondos de pensiones AFP ―ya se está empujando un cuarto― y por la violencia incesante. Además, el peso chileno se ha depreciado en los mercados y recientemente el Banco Central aumentó 125 puntos la tasa de interés a 2,75%.
