VOX ha denunciado el reparto de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) entre PP, PSOE y Podemos, «un conchaveo antidemocrático para seguir prostituyendo las instituciones y cubrirse mutuamente las espaldas» que llega después de que la formación liderada por Santiago Abascal haya cosechado los últimos meses distintos éxitos en el órgano que actúa como supremo intérprete de la Constitución.
El partido afirma que la politización de la Justicia es «una de las señales más evidentes del deterioro de las instituciones en España» y censura -en la Agenda España- que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985 los partidos políticos hayan tratado de «parasitar y controlar» las más altas instancias judiciales.
Así, sostiene que el correcto funcionamiento de las instituciones y la calidad de la democracia pasan por «garantizar la independencia del Poder Judicial» ante cualquier intento de control, supervisión o presión por parte de los restantes poderes del Estado y que los partidos «no deben meter las manos» en el nombramiento de altos cargos judiciales. «El sistema de elección debe guiarse por criterios de mérito y capacidad, no por intereses o lealtades partidistas», manifiesta.
Por todo ello, VOX propone en la Agenda España, presentada el pasado mes de octubre como respuesta a las agendas globalistas que «pretenden la liquidación de la soberanía de las naciones», la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -y dotar al órgano de mayor autonomía presupuestaria-; la adopción de medidas que garanticen la plena autonomía funcional del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado; y la transformación de la elección de los miembros del TC hasta que sus funciones las asuma una nueva Sala del Tribunal Supremo. «El control de la constitucionalidad de las leyes no puede depender de un órgano político«, subraya VOX.
Además, aboga por «recuperar la soberanía judicial» y derogar todas las leyes que colocan las decisiones de tribunales internacionales por encima de las sentencias del Tribunal Supremo y por la exigencia al CGPJ de medidas efectivas para acabar con las dilaciones indebidas y las filtraciones en los juzgados. España, reafirma, «debe tener una justicia rápida y transparente, sometida solo a la Ley, con más y mejores medios materiales y humanos».
La Agenda España también incluye la prohibición de indultos para delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial para así evitar que el Ejecutivo «pueda beneficiar a sus simpatizantes o utilizar la figura del indulto como moneda de cambio en sus negociaciones políticas con socios y aliados».
