Los falsos mitos de la izquierda sobre la Constitución de Chile de 1980

Se ha señalado, de manera generalizada, que la Constitución de la República de Chile de 1980 es el origen de todos los malestares y desigualdades en el país. Pues, como fue escrita en el periodo del Régimen Militar (1973-1980) mientras el general Augusto Pinochet estaba en el poder, se instaló un modelo “neoliberal”. Además, las izquierdas señalan que sería ilegítima porque se escribió en “cuatro paredes”, por lo que la redacción de una nueva constitución debería recaer en un poder constituyente simbolizado en una convención constitucional que estará integrada por 155 miembros. 

No obstante, hay una gran cantidad de mitos en relación a la Carta Fundamental chilena que es necesario desmontar. Para esto, es necesario hacer una breve aproximación a los sucesos históricos. Y por ello es preciso hablar del quiebre institucional por parte de Salvador Allende.

Allende fue uno de los fundadores del Partido Socialista en Chile en 1933. Y si bien hizo carrera política dentro de la institucionalidad (fue diputado, ministro del expresidente Pedro Aguirre Cerda y senador) también tuvo fracasos, pues, postuló cuatro veces para ser presidente de Chile. En las primeras tres oportunidades (1952, 1958 y 1964) fue derrotado. 

No obstante, para las elecciones presidenciales de 1970, Allende volvió como candidato por la coalición Unidad Popular (que conglomeró a sectores de la extrema izquierda), ocasión en la que logró el 36% de los votos. Es decir, no alcanzó mayoría absoluta, además, sus contrincantes lo siguieron de cerca ―Jorge Alessandri obtuvo 35% de votos a su favor y Radomiro Tomic el 28% de los votos―. Por ello, el Congreso Pleno tuvo que determinar entre las dos primeras mayorías, y con los votos de la Democracia Cristiana (DC, un partido de centro en ese tiempo), falló a favor de Allende, a cambio que este respetara la Constitución de 1925. Fue la primera vez en Occidente que un candidato abiertamente marxista llegó al gobierno a través de las urnas.

Con Allende en el poder, rápidamente se agudizó la reforma agraria, la nacionalización de las empresas, de la banca y de la producción del cobre, más el control de precios, provocando un déficit fiscal. Además, con pocos meses en el poder comenzó la expropiación de empresas y terrenos agrícolas. La inflación promedio entre 1970 y 1973 fue de 135,5%. Desglosado por año, en 1971 superaba en 30% anual, en 1972 superaba el 200% de inflación, y para 1973 era del 600%.

Hay que tener presente que la Unidad Popular buscó alcanzar el socialismo a través de la institucionalidad pero también por la vía armada. Por un lado, llegó a instalar militares en sus distintos ministerios como una forma de politizar esta institución. Pero por otro, distintos grupos guerrilleros que apoyaron al gobierno de Allende ―quienes a través de robos, secuestros, asesinatos y otros actos de violencia― contribuyeron a una profunda división política, ambiente que prontamente fue denunciado, desde los partidos de derecha hasta la DC. 

Incluso, Allende señaló en 1971 que «Yo no soy Presidente de todos los chilenos, soy Presidente de la Unidad Popular» en un acto público en la ciudad de Valparaíso.

Por el aumento de pobreza y una tremenda crisis debido al desabastecimiento de alimentos, la ciudadanía reaccionó ante la tiranía marxista. Recordada es la imagen en que las dueñas de casa lanzaban migas de pan a los militares como una forma de llamarlos “gallinas” por no pronunciarse ante esta situación. También las mismas golpeaban las cacerolas para señalar que la escasez de alimento mantiene las ollas vacías. En consecuencia, la oposición a su gobierno se acrecentó hasta la mayoría de los chilenos.

Esto fue discutido en El Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República del 22 de agosto de 1973. En este documento se señala que “es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario”. Paralelamente, el gobierno de Allende deseaba instalar un Congreso unicameral que fuera funcional a su ideario.

Las acciones terroristas de izquierda en Chile fueron comunes desde antes de 1970. En 1967 miembros del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) secuestraron a un Carabinero (policía chileno) quitándole su uniforme y arma de servicio. En febrero de 1968 hubo una seguidilla de ataques explosivos en distintos lugares, como en el edificio del diario El Mercurio, en el consulado de EE.UU., y en la sede de la DC de la ciudad de Rancagua. Previo a la ceremonia en que Allende asumió como presidente de Chile, el 11 de agosto de 1970 hubo un enfrentamiento entre Carabineros y el MIR, falleciendo el cabo Luis Fuentes Pinedo. Con Allende en el poder, el grupo Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) asesinó al ex Vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Zujovic en 1971.  

Por todo lo anterior y ante la evidente amenaza de que Chile se convirtiera en un país comunista, el 11 de septiembre de 1973 tuvo lugar un Pronunciamiento Militar liderado por el general Augusto Pinochet. Durante este hecho, Allende se suicidó con una metralleta AKMS que le fue obsequiada por el dictador cubano, Fidel Castro, en La Moneda, el palacio presidencial, acción de la que fue testigo el médico Patricio Guijón.

Por tanto, se suspendió la Constitución vigente y se llamó a una comisión para que redactara un anteproyecto constitucional. La Comisión Ortúzar funcionó entre septiembre de 1973 y octubre 1978 ―dicho de otro modo, durante cinco años―, integrada por expertos abogados que elaboraron este texto constitucional. Entre sus miembros destacan Jaime Guzmán, Enrique Ortúzar, Sergio Diez, Alejandro Silva Bascuñán, Alicia Romo, Luz Bulnes, entre otros.

Por las penurias que Chile vivió por parte de partidos y grupos de extrema izquierda, los miembros de la Comisión Ortúzar señalaron que la nueva Constitución busca “el establecimiento de un precepto constitucional, similar al contemplado en la Carta de Alemania Federal, que declare contrarios a la Constitución a los Partidos o movimientos que sustenten Ideas o doctrinas marxistas”. 

El trabajo de los constitucionalistas fue espectacular. Pues, a pesar de la profunda crisis económica provocada por la Unidad Popular, lograron establecer los pilares del progreso. La Constitución de 1980 estableció que las personas son libres e iguales en dignidad y derechos; que se defiende la vida del que está por nacer hasta la muerte natural; la familia es el núcleo fundamental de la sociedad; y es el Estado el que está al servicio de la persona humana y no al revés. Asimismo, se estableció el derecho de propiedad y el principio de libertad personal y económica. Todo esto sustentado en un Estado Subsidiario el que fue apoyado por el plan económico conocido como “El Ladrillo”, promovido por los Chicago Boys, logrando restaurar la economía en el país. 

Con el retorno a la democracia plena, ambos pilares lograron que Chile, un país históricamente pobre (para 1973, el 50% de la población estaba en esta situación) y que fue víctima de las miserias de Allende y la Unidad Popular, repuntara. En 1990, el 38,6% de la población se encontraba en situación de pobreza, mientras que para el año 2017 solo lo estaba el 8,6%. La matrícula en educación superior también tuvo un impacto positivo. Es más, hoy tenemos más mujeres que hombres educándose en este nivel. Por lo tanto, se generó una movilización social nunca antes vista en el país.

No obstante, en la actualidad las izquierdas han impulsado un relato lleno de mitos sobre la Constitución de 1980. Y no mencionan que fueron la Unidad Popular y el gobierno de Allende los que violaron sistemáticamente los derechos de los chilenos a través de la lucha de clases. Fueron ellos los que generaron el quiebre institucional y que el Régimen Militar tuvo que contener. No hay un Pinochet sin un Allende y, a pesar de todo lo ocurrido en ambos gobiernos, Chile logró salir a adelante y destacar en la región gracias a la Constitución de 1980, como también a los pilares económicos impulsados por los Chicago Boys. “El PIB per cápita se multiplicó por 5 y la pobreza se desplomó”. Empero, las izquierdas han instalado el discurso que el texto constitucional vigente ha generado malestares, cuando la realidad es que logró que el país tuviera tremendos avances destacando en Latinoamérica.

Es importante mencionar que entre las principales preocupaciones de los chilenos la redacción de una nueva Constitución no fue un tema hasta octubre de 2019. Por ejemplo, en 2014, Michelle Bachelet impulsó la idea de Asamblea Constituyente respaldado por movimientos sociales minoritarios pero no tuvo mayor adherencia ciudadana. Desde la academia, intelectuales de izquierdas también buscaron instalar la discusión. Pero solo la insurrección del 18-O logró que esta agenda se asentara y que la institucionalidad viera como única salida a la violencia firmar “El acuerdo por la paz social y una nueva Constitución” en noviembre de 2019.

Y si bien, la redacción de un nuevo texto constitucional ha dado esperanza a muchos chilenos, la violencia no ha cesado y la polarización recuerda a aquellos tiempos del siglo pasado que se creían superados. Lo problemático hoy es que, por los tiempos posmodernos que corren, es difícil la realización de un texto común para todos los chilenos donde hay ausencia de sentido común. La relativización de la violencia es una de las tantas evidencias de esta situación, como también la tendencia a establecer un “catálogo de derechos” como ha ocurrido en otras cartas magnas de la región. Sin embargo, las elecciones a convencionales constituyentes, que coinciden con las de alcaldes, concejales y gobernadores regionales, pueden suspenderse y no realizarse el próximo 10 y 11 de abril por el incremento de contagios por el covid-19. En consecuencia, el proceso constituyente aún está en suspenso.