España podría haberse ahorrado el bochorno internacional y que el expresidente Puigdemont, acusado de varios delitos por su intentona golpista, fuera juzgado incluso sin estar presente en el juicio.
Cuando Pablo Llarena decidió retirar la euroorden de detención contra el líder de JxCAT, dejó en sus manos la potestad de acudir o no a su cita con la Justicia. El magistrado del Supremo adujo que los delitos más graves por los que se le persigue -rebelión y sedición- no están tipificados de la misma manera en el Código Penal belga, por lo que Puigdemont podría evitar su procesamiento si el país rechazaba su extradición.
La Justicia se arriesgaba a que el expresidente solo pudiese ser juzgado por malversación, mientras el resto de imputados sí haría frente al cupo delictivo al completo. A escasos meses de que se confirme el procesamiento de los implicados y la fijación del juicio para -previsiblemente- el próximo mes de noviembre, Llarena necesita que Puigdemont esté en España.
La Fiscalía desveló hace unos días su plan para que el expresidente se vea las caras con el juez. El Ministerio Público es partidario de pedir solo por los delitos de rebelión o sedición la entrega de Puigdemont a las autoridades belgas en primavera, cuando el Supremo decida sobre su procesamiento.
La Fiscalía defiende que la petición cursada se limite a los delitos más graves, aunque implique el riesgo de que, si se produce en Bélgica o en otro país que plantee problemas similares a la hora de hacer entregas por delitos de ese tipo, el juicio deba celebrarse sin el expresident de la Generalitat.
Y así se adelantó Europa a este embrollo
Esta situación kafkiana habría quedado resuelta en caso de que el Gobierno hubiese acomodado en el ordenamiento jurídico la directiva europea 2016/343. El 9 de marzo de 2016 el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa aprobaron esta norma comunitaria »por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio».
Esta directiva establece el derecho de los acusados a estar presentes en el juicio, pero no como un valor absoluto. Entiende que puede haber excepciones “si el sospechoso o acusado no comparece personalmente, pese a haber sido informado oportunamente del juicio y de las consecuencias de su incomparecencia”.
Los únicos requisitos que impone para un juicio en ausencia es que el acusado haya sido informado del juicio y que encargue “a un letrado, designado o bien por el acusado o bien por el Estado, su defensa en el juicio, y dicho letrado haya defendido en el juicio los intereses del sospechoso o acusado”.
Nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que para que alguien sea procesado debe comparecer en el juicio. Sólo fija una excepción: cuando la pena solicitada “no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años”. Dada la gravedad de los delitos imputados a Puigdemont y las penas que conllevan, esta exigencia no se cumple en su caso.
La directiva europea es una modalidad de legislación comunitaria que obliga a los Estados miembro a acomodarla en su ordenamiento jurídico interno. Si bien vincula a los países para la consecución de unos objetivos comunes en un plazo determinado, ofrece libertad en la forma de transponer la directiva.
En 2016, el Gobierno decidió no modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ampliar las excepciones en las que se pudiera juzgar a alguien en ausencia, cumpliendo con el mandato de Bruselas. Explicó entonces que no había necesidad de modificar el ordenamiento jurídico porque con la salvedad anteriormente expuesta -que la pena no exceda los dos años- se cumplía con la directiva. En caso de haberlo hecho -o hacerlo, ya que el plazo para aplicar la directiva no ha finalizado-, Carles Puigdemont podría ser procesado aunque permanezca huido.
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