Dijeron que la deslocalización de empresas supondría el colapso económico de Cataluña. ¿Qué hace el Gobierno del Partido Popular? Abre un atajo que es un ‘sálvese quien pueda’ en toda regla
“Con golpistas no se dialoga”. Es el grito que coreaban algunos de los participantes en la multitudinaria manifestación del pasado domingo por las calles de Barcelona. Cerca, muy cerca de quienes pronunciaban ese evidente principio del arte de la política, un hombre. De gesto serio, casi distraído, el vicesecretario sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, miraba para otro lado como para no escuchar esas indicaciones legales. ¿Dirigidas quizá a él? No sabemos. Pero, fuera por eso o fuera por el insistente (a pesar de las fechas del calendario) sol, Maroto cambió sus gafas de ver por unas más oscuras, unas más discretas gafas de sol. Y el gesto no puede pasar inadvertido en una España gobernada por un Partido Popular que hoy es todo menos popular (como perteneciente o relativo al pueblo, decimos) y que parece haberse puesto unas gafas de sol para ver la realidad con un color muy distinto al de quienes, a buen seguro, llenan las urnas con sus papeletas. Veamos por qué.
La negociación
Mientras un clamor popular -este sí- recorría Vía Laietana al grito de ‘Puigdemont a prisión’, el Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y de su delegado en Cataluña, Enric Millo, ondeaba una vez más la bandera de la negociación. “Dialogar mucho, buscar puntos de conexión, ceder todos un poco y seguir trabajando juntos”, decía Millo en una entrevista en TV3 en la que apostaba por una solución consensuada en la Cataluña de los golpistas. Es la misma estela que el presidente del Gobierno decidió seguir cuando ofreció diálogo a los separatistas horas después del ‘no referéndum’ y la misma que enfila el Partido Popular cada vez que llama al retorno a la legalidad como condición para empezar a hablar de Cataluña. Prisión VS diálogo.
La Policía
Coches patrulla enterrados en flores; encargos masivos de pizzas para los cuarteles-barco; y aplausos, abrazos y vítores para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados a Cataluña. Era la respuesta con que ‘la gente’ agradecía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hubieran mantenido el imperio de la ley tal como sus jefes políticos les habían ordenado.
No recibieron el mismo cariño de los miembros del Gobierno: “Cuando he visto las imágenes, y sé que hay personas que han recibido golpes, empujones e incluso hay una persona en el hospital, sólo puedo pedir disculpas en nombre de los agentes que intervinieron”. Las palabras son, de nuevo, del delegado del Gobierno en Cataluña y, lejos de ser aisladas, fueron corroboradas horas después en Consejo de Ministros. “Si hubo incidentes y hay personas que resultaron perjudicadas, evidentemente todos lo sentimos”, decía el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.
El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, trató de enmendar la plana a sus colegas afirmando que “no hay nadie en el Ejecutivo que no respalde la actuación policial”, pero sus palabras no parecen ser suficientes para calmar el malestar generado entre Policía y Guardia Civil por la tibieza de su ministro. “En Interior están equivocados y tienen que entender que es un error haber optado por una postura liviana”, decían las asociaciones policiales a La Gaceta tras las primeras jornadas de acoso a los agentes desplazados. Apoyo sin fisuras VS respaldo desigual y vergonzante
El éxodo empresarial
«Sabemos perfectamente que la deslocalización se convertiría en un éxodo, Cataluña entraría en un colapso económico». Las palabras son, esta vez, del presidente de Empresarios de Cataluña, Josep Bou, que muestra con preocupación la grave situación de vulnerabilidad en que deja a las empresas con sede en Cataluña el golpe de Estado del separatismo. ¿Qué hace el Gobierno? ¿Tranquiliza a los empresarios y garantiza la viabilidad económica de sus firmas porque Cataluña nunca será independiente? No. Aprueba un decreto ley que facilita a las empresas la salida de la Comunidad Autónoma en una indisimulada confesión de debilidad, de ‘sálvense mientras puedan’ que, desde su aprobación el pasado viernes, parece haber encendido la chispa del éxodo. La «triste» salida de empresas de Cataluña no se debe al posible escenario de la independencia, sino a la «irracionalidad y radicalidad» de las políticas del Gobierno de la Generalitat, afirma el ministro de Economía, Luis de Guindos, por toda explicación de la actuación gubernamental. Petición de ayuda VS atajo para salir más rápido.
La negociación, la Policía, las empresas… a horas de una posible declaración de independencia por parte del Gobierno de la Generalitat, sabemos del Gobierno -del mismo que decía que no habría y que no hubo referéndum- que “se va a impedir la independencia de Cataluña”, que se tomarán “las medidas para impedirlo que sean necesarias” y que “la separación de Cataluña no se va producir”. Mariano Rajoy dixit. Sobre el cómo no sabemos todavía nada.
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