Aunque desde que comenzó la campaña presidencial en Colombia se ha proyectado en algunos medios una imagen de Gustavo Petro como un hombre llamado a vencer en las elecciones –a la luz del favoritismo que muestra en las encuestas–, en las últimas semanas se han venido acumulando elementos que crean una nebulosa en torno al candidato de la extrema izquierda colombiana, llegando a poner en entredicho la transparencia del proceso electoral, y por ende de un eventual triunfo suyo –si es que le llegase a ser adjudicado- en los venideros comicios.
El primer campanazo retumbó en marzo de este año, cuando se efectuaron las elecciones de senadores y representantes en la nación sudamericana. Luego de dimes y diretes, la Registraduría colombiana terminó diciendo que los resultados que se habían adelantado durante la propia noche de los comicios parlamentarios habían variado sustantivamente, produciéndose la aparición de un poco más de un millón de votos. De dichos sufragios casi que medio millón de ellos terminaron aumentando el caudal obtenido por el Pacto Histórico de Gustavo Petro, permitiéndole obtener tres senadores más de los que inicialmente le habían sido asignados.
¿Cómo ocurre esto? El sistema electoral colombiano prevé una fase de preconteo, en la que habitualmente se incurre en “errores” humanos que terminan siendo “corregidos” en la fase de escrutinio final del proceso. Generalmente entre el preconteo (destinado a producir números en caliente, para ser anunciados por los medios de comunicación en tiempo real) y el momento del escrutinio (donde se consolidan dichos números para darles un carácter realmente vinculante) el margen de error ha estado históricamente en este tipo de elecciones entre el 1% y el 2% de los votos. Sin embargo, en esta oportunidad lo anunciado por el registrador nacional, Alexander Vega, dejó sobre la mesa un error que aumentaba en cerca de 7% el total de votos de dichos comicios.
A esto habría que sumar lo señalado en un extenso reportaje por el medio El American, que da cuenta de una serie vacíos y dudas creadas en torno a la transparencia de distintas etapas que se imbrican dentro de la elección presidencial colombiana.
Por un lado está el papel de la compañía Thomas Greg & Sons, que tiene varios años encargándose de varios aspectos de los procesos electorales colombianos, siendo quizá el más relevante de ellos el de proporcionar el software que interviene en múltiples aspectos de los comicios (desde el registro de los votantes, pasando por selección de jurados electorales, hasta la inscripción de los propios candidatos).
Así la empresa en cuestión ha sido blanco de críticas fundamentalmente por dos aspectos: su larga relación con el ente organizador de las elecciones en Colombia (sin que aparezca espacio para que otras empresas similares puedan intentar sustituirla) y, más importante aún, la imposibilidad de que el código fuente del software de Thomas Greg & Sons sea estudiado a fondo. Vale acotar que los propietarios de la firma, los hermanos Bautista Palacio, son señalados por mantener una estrecha amistad con el expresidente Juan Manuel Santos
En la misma línea han aparecido los cuestionamientos a la española Indra. La empresa fue seleccionada a finales del año pasado para proporcionar el software encargado de la fase más importante del proceso electoral presidencial: la de escrutinio. Las dudas en torno a la transparencia de la contratación, cifrada en torno a los siete millones de dólares, levantó en su momento una tormenta en contra del registrador nacional, Alexander Vega, debido a la rapidez con la que fue adjudicado el contrato (cerca de un mes) y la nula competencia que tuvo que enfrentar Indra para alzarse con el mismo.
Posteriormente la empresa española ha avivado aún más polémicas, debido a que, como también señala El American, dos de sus directivos, Juan Pedro Rodríguez Veiga y Cristina Ruiz Ortega asistieron a un evento de la Fundación Euroamérica en el que se alentaba la llegada al poder de Gustavo Petro. Para explicar la situación Indra argumentó que en dicho evento había cerca de una treintena de compañías internacionales del área y que ninguna trabó relación alguna con el candidato izquierdista.
Desde el ámbito estrictamente político tanto los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana como la senadora Maria Fernanda Cabal han manifestado su preocupación por la transparencia del proceso electoral colombiano.
Uribe fue quizá una de las voces que con más fuerza denunció las irregularidades de marzo pasado, mostrando en su cuenta de Twitter distintos formularios E14 (los que se utilizan en la fase de preconteo) presuntamente adulterados. Sobre el particular el exmandatario fue categórico al afirmar en Twitter: “No se puede aceptar este resultado”
Pastrana, por su parte, no ha dejado de denunciar el mar de fondo de toda esta situación desde el primer día en el que se encendieron las alarmas. Hace pocos días publicó una carta abierta dirigida al actual jefe del Estado, Iván Duque, intentando explicarle la gravedad del asunto. Allí dejaba entrever que: “Las relaciones de funcionarios responsables del proceso electoral, del registrador que no constituye garantías para unas elecciones limpias, y del candidato Petro con Indra deben aclararse de cara a Colombia y el mundo”, calificando además la jugada que ha echado a andar la ultraizquierda como un “golpe de Estado”.
Por su parte, María Fernanda Cabal, ha puesto en relieve la opacidad que existe en torno a la empresa que se encargará de hacer la auditoría final del proceso electoral: Datasys Group. Sobre ello Cabal ha expresado que dicha firma no tiene experiencia alguna en la realización de este tipo de tareas. Además de ello, la senadora del Centro Democrático señaló que el ingeniero costarricense Dennis Cascante, recibió un contrato por parte de la Registraduría colombiana para encabezar la “Misión del Plan de Garantías Electorales Presidenciales 2022”, siendo que Cascante fue detenido en 2013 en su país de origen por presunto enriquecimiento ilícito a través de una empresa de tecnología.
A este largo listado habría que adicionar el escándalo generado por el micrófono espía que los allegados de Petro plantaron en una de las sedes de campaña del candidato del Equipo por Colombia, Federico “Fico” Gutiérrez. El hallazgo se produjo a falta de pocos días de la realización de los comicios, por cuanto debe haber estado en uso por un largo rato y es perfectamente razonable decir que el Pacto Histórico ejerció espionaje activo y continuado de su más cercano contendor, sin prurito alguno.
Pero por si esto fuese poco, a escasas horas de efectuarse las elecciones, resultó retenida en el aeropuerto de Colombia una ficha clave del Pacto Histórico, la senadora Piedad Córdoba. La líder izquierdista fue abordada por las autoridades migratorias en el aeropuerto de Palmerola (cercano a Tegucigalpa, Honduras) cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Panamá y que posteriormente conectaría con otro que la llevaría a Colombia. Córdoba cargaba consigo cerca de 68.000 dólares en efectivo sin declarar, que le fueron descubiertos mediante una máquina de rayos x.
Las explicaciones sobre este asunto son verdaderamente risibles. Córdoba ha justificado su actuar diciendo, por ejemplo, que el dinero le fue consignado por trabajar dos días en el país centroamericano dictando “asesorías”. Petro, de momento, no ha tenido otra alternativa más que la de señalar que su compañera de formación ha cometido “una imprudencia” que es “incomprensible”. El asunto se torna más preocupante si se tiene en cuenta que Honduras es un país históricamente golpeado por el flujo de capitales dominado por los cárteles de la droga y que Córdoba, además, se reunió en días previos a su detención con la presidente izquierdista Xiomara Castro, quien al igual que ella ha izado las banderas del Foro de Sao Paulo.
En definitiva, el sistema político de Colombia afronta una circunstancia acechada por grandes sombras, y lamentablemente ahora las dudas sobre la transparencia de las elecciones han aparecido en el horizonte. Aunque a Petro las encuestas lo pinten de favorito, son múltiples los elementos que amenazan la credibilidad de un proceso que merece ser revisado más allá de los números de los estudios de opinión y las predicciones que se hacen en las democracias funcionales y normales; un proceso que, sin lugar a dudas, determinará por muchos años –y quizá décadas– la vida de millones de colombianos.
