Cuando el 11 de julio pasado miles de cubanos salieron a protestar en más de 20 ciudades de la isla, de forma espontanea y pacífica, exigiendo libertad y el fin del sistema comunista impuesto desde hace más de 60 años, la policía política no tardó en apresar a varios opositores con el objetivo de impedir que aquellas manifestaciones, surgidas al margen de los grupos disidentes, fuesen lideradas por actores de la oposición y aumentara el riesgo de conducir a la sociedad civil a una explosión de mayor magnitud.
Desde ese día, José Daniel Ferrer García, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue apresado y lleva más de un mes y medio incomunicado. Varias entidades internacionales y de derechos humanos han condenado el hecho, pero la dictadura, como era de esperar, no ha mostrado un solo gesto de atención hacia los pedidos en favor de su liberación.
Este 27 de agosto, desde Ginebra y París, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), fundada en 1922 y que agrupa a unas 200 organizaciones nacionales de derechos humanos en más de 100 países: han emitido un comunicado que «rechaza contundentemente la detención arbitraria» de Ferrer García, «así como las restricciones a sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica en el contexto de las protestas iniciadas el 11 de julio».
Tanto la OMCT como la FIDH son miembros de ProtectDefenders.eu, «mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por la sociedad civil internacional».
En su comunicado el Observatorio urge al régimen de La Habana a «liberarle de manera inmediata y a tomar las medidas necesarias para garantizar su derecho a defender derechos humanos, así como el del resto de personas defensoras en Cuba» y ha solicitado a la comunidad internacional una «intervención urgente» en el caso.
«El Sr. Ferrer García se encuentra privado de libertad e incomunicado desde el 11 de julio de 2021 por ejercer su derecho a la protesta pacífica en las manifestaciones que se registraron ese día en varias ciudades de la isla solicitando mejoras en la economía, el respeto a la libertad de expresión y de reunión, así como para expresar descontento por la escasez de medicamentos y alimentos, y la respuesta de las autoridades a la pandemia de covid-19«, expresa el documento.
Ese día, Ferrer García y su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, salieron alrededor de las 5 de la tarde rumbo a la manifestación convocada en el Parque Céspedes, en la ciudad de Santiago de Cuba, pero antes de llegar «fueron interceptados por agentes de la Seguridad del Estado, de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y personas vestidas de civil parte de la Brigada de Respuesta Rápida, e inmediatamente fueron detenidos de manera violenta y conducidos al Centro de operaciones de Santiago de Cuba», en el oriente de la isla.
El texto atestigua que dos días después, «tras varios esfuerzos y recursos legales» a los que acudieron sus familiares para intentar localizarlos, agentes del régimen les informaron que ambos se encontraban detenidos en el Centro de Operaciones y de Instrucción Penal de Versalles, en Santiago de Cuba.
Pero hasta el momento los familiares no tienen «certeza del lugar exacto» donde permanece detenido, «dado que el 14 de agosto un oficial le indicó a Roilán Zárraga Ferrer, también miembro de la UNPACU, que el Sr. Ferrer García habría sido trasladado a la prisión de Mar Verde, también en Santiago de Cuba, tras habérsele revocado una medida de prisión domiciliaria dictada por el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba. Asimismo, no hay certeza de los cargos que se le imputan y hasta la fecha no se ha obtenido acceso al expediente fiscal sobre su caso».
El 16 de agosto la dictadura le revocó el aparente «beneficio» de «limitación de libertad» a Ferrer García, por el cual supuestamente cumpliría una condena de 4 años y 6 meses en su domicilio, y con el pretexto de que el disidente mantiene «una actitud contraria a los requisitos que debe cumplir» un juez ordenó que deberá cumplir su sanción en un centro penitenciario.
El 23 de agosto, Rick Scott, senador republicano por el Estado de la Florida, denunció que el «ilegítimo régimen comunista cubano» había condenado injustamente a Ferrer García a 4 años de prisión y que tanto la administración de Joe Biden como la comunidad internacional debían «poner fin a su silencio y hacer que el régimen rinda cuentas».
El hijo de Ferrer García, que fue puesto en libertad el 18 de julio, confirmó que estuvo detenido esa semana en Versalles e informó que «las condiciones carcelarias eran muy malas, que lo mantuvieron incomunicado, sin acceso a agua potable y en un espacio inseguro para su salud».
De ahí que el Observatorio expresara su «preocupación por la salud del Sr. Ferrer García ya que sufre de úlcera gastroduodenal y el día de la detención presentaba dolor abdominal y vómitos con sangre«.
A esta entidad también le preocupa el «riesgo de malos tratos que enfrenta el defensor, puesto que, según informaciones recibidas, son varias las denuncias de torturas y malos tratos contra personas privadas de libertad durante las protestas sufriendo, entre otros, golpizas, electroshoks, amenazas y lamentables condiciones de detención, que incluyen interrupción del sueño, aislamiento en celdas oscuras, falta de higiene y hacinamiento en las celdas” y declara que esta realidad se ha visto acrecentada «por las restricciones de movilidad establecidas desde el inicio de la pandemia por COVID-19, así como la limitación de visitas impuestas» a la familia de Ferrer García.
El Observatorio ha manifestado tener «mucha preocupación en el contexto de represión a la protesta social y la respuesta desproporcionada del Estado hacia quienes participaron en las manifestaciones de julio, que tuvieron su detonante en la grave crisis sanitaria, la escasez de medicamentos, alimentos e insumos básicos que enfrentan quienes viven en la isla».
Otra institución no gubernamental, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, enclavada en España, asevera que las protestas del 11 de julio «dejaron al menos 1.745 acciones represivas en Cuba, de las cuales 1.103 fueron detenciones arbitrarias» y 23 de ellas contra jóvenes menores de 18 años» y «337 retenciones de activistas en sus casas». Otra organización, Prisoners Defenders , también con sede en España, identificó una lista de «187 personas posiblemente desaparecidas en el marco de las manifestaciones«.
Desde la ciudad de Santiago de Cuba, donde se encuentra a cargo de la familia e hijos del disidente, la doctora Nelva Ismarays Ortega-Tamayo, a pesar de las negativas del régimen, insiste en que se le de una «fe de vida» y se ponga en «libertad inmediata» a su esposo, quien lleva 50 días «secuestrado y desaparecido de forma forzada por fuerzas represivas», ha denunciado en sus redes sociales.
Ante todo esto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, en representación de la Organización Mundial Contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, en su «llamado urgente» propone sean realizadas 5 acciones.
La primera, dirigida a la comunidad internacional, solicita que «por favor, escriban a las autoridades de Cuba» [el régimen castrista] para que adopten «de manera inmediata las medidas más apropiadas» y garanticen la «seguridad, salud y la integridad física y psicológica de José Daniel Ferrer García y su familia, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos en Cuba».
El resto de las acciones apelan al entendimiento de la dictadura comunista, exhortándole a que actúe como una democracia y «libere de forma «inmediata e incondicionalmente» a Ferrer García y «a todas las personas defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente en Cuba durante las manifestaciones de julio de 2021 y garantizar sus derechos al debido proceso«.
La tercera y la cuarta también son pedidos a la dictadura: «poner fin de manera inmediata a todo tipo de hostigamiento contra todas las personas defensoras de derechos humanos en Cuba» y «tomar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protesta pacífica y el derecho a la libertad de expresión, incluido en línea, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos».
La última «acción» que el Observatorio le pide al castrismo es «ratificar los Pactos Internacionales de los Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como alinear su legislación en materia penal con los estándares internacionales de derechos humanos que previenen y protegen a las personas detenidas frente a la detención arbitraria y la desaparición forzada».
El documento finalmente señala a varios funcionarios del régimen como receptores y posibles ejecutores de estos reclamos: Miguel-Díaz Canel, a quien reconocen como «Presidente de la República de Cuba»; Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República de Cuba; Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, Ministro de Asuntos Exteriores; el El General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez, Ministro del Interior; Norma Goicoechea, Embajadora de Cuba ante el Reino de Bélgica; y a la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Ginebra.
Luego de que Fulgencio Batista saliera de La Habana el primero de enero de 1959, Fidel y Raúl Castro tomaron el poder del país, eliminaron la separación e independencia de poderes e implantaron una «revolución socialista«, que no ha cesado en sus ataques a los derechos y las libertades individuales, las violaciones de los derechos humanos y que ha sometido a la población a la miseria a través de una fallida economía marxista.
En la isla, donde todos los medios de comunicación masiva son propiedad del Estado, se han cometido ejecuciones extrajudiciales, hay centenares de prisioneros políticos y de consciencia, y hay un único partido legal (PCC, Partido Comunista de Cuba). No se han realizado elecciones libres ni existe ninguno de los elementos que sustentan las democracias contemporáneas. Desde hace 62 años los cubanos viven bajo un régimen totalitario basado en la desinformación y el terror.
