La panacea de alcanzar –al fin– la libertad de expresión absoluta con la emergencia del nuevo milenio y del boom de las Redes Sociales quedó quebrada recientemente, cuando distintas plataformas web decidieron silenciar sin contemplación alguna al expresidente Donald Trump y a varios de sus seguidores. Los coletazos de aquello aún se sienten: si ya sabíamos que en los mass media tradicionales existía la censura, ahora hemos topado con un baño de realidad que nos convence de que en las plataformas alternativas que ofrece internet también se acallan las voces disidentes.
Ahora bien, ¿qué es mejor? ¿qué te censuren las Big Tech y los medios de comunicación tradicionales o que lo haga tu propio gobierno? Esta discusión que lleva al ciudadano a escoger entre lo menos malo –en un menú en el que todas las opciones son horribles– es la que parece tener epicentro en el México del controversial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en este momento.
A través de la imposición de reformas utilizando al parlamento, López Obrador y los suyos ahora se encaminan a promulgar una Ley que implicaría la regulación de las Redes Sociales desde el poder del Estado. Así lo ha dado a conocer la mano derecha de AMLO en el parlamento al menos desde febrero de este año, el Senador Ricardo Monreal.
¿La excusa? Más o menos una de las que utiliza la izquierda siempre: que no se puede dejar algo tan importante –y que además tiene alcance público– como la libertad de expresión, solamente en manos de las grandes corporaciones privadas y de la voluntad de 3 o 4 empresarios ricos.
“No puede un ente privado privarte de tus derechos. No puede un ente privado simplemente eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión”, señaló Monreal en febrero pasado, al presentar ante el Senado mexicano sus motivaciones para la creación de esta Ley. La decisión del gobierno de dar este paso habría estado motivada, entre otras cosas, justamente por lo que a principios de año ocurrió con Trump, quien fue silenciado por plataformas como Youtube, Twitter y Facebook.
La Ley planteada por Monreal, quien además es el Coordinador Parlamentario del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), regularía a las redes sociales “relevantes”; es decir, aquellas que cuentan con más de un millón de usuarios. De allí que Tik Tok, Facebook, Instagram, Twitter y Youtube entrarían en la lista de regulables, siendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el organismo del Estado que emitiría los permisos para que estas plataformas puedan operar en México.
En este sentido se supone que el IFT ejercería una especie de papel mediador entre los usuarios de cada una de estas redes y la compañía en sí. Desde el relato oficial del gobierno se ha puntualizado que la idea es que ninguna de las Big Tech pueda cancelar la cuenta de ningún usuario de manera intempestiva y sin darle la oportunidad a cada persona de defender su permanencia en la red, si es que surge una suspensión.
Se estipula incluso que, ante un caso de suspensión de una cuenta, cada una de estas compañías debe otorgar al menos 24 horas al usuario de la misma para poder impugnar la decisión. Una de las exigencias de la Ley es que cada empresa debe contar con personal formado en Derechos Humanos y Libertad de Expresión para poder dar respuestas a usuarios que apelen la supresión de sus contenidos o de la cuenta en sí. Siendo la difusión de noticias falsas, odio y perturbación del orden público las únicas causales en firme que avalarían a cualquiera de estas redes para cancelar definitivamente dichas cuentas.
Otro aspecto a destacar del proyecto de Ley esbozado por quien se asume como el hombre encargado de convertir en Ley todo aquello que se le antoje a López Obrador, es que dejaría el campo abierto para que, en casos de cancelaciones de cuentas en redes que se den sin motivos justificados, el Estado pueda ser facultado con la potestad de imponer multas a estas compañías hasta por montos superiores a los 3 millones de euros.
Ricardo Monreal es un veterano político que, al igual que López Obrador, comenzó su carrera dentro del establishment partidista mexicano, militando desde mediados de la década de los 70s en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para pasar luego a engrosar las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ser electo gobernador del estado de Zacatecas desde 1998 hasta 2004. Acompaña a AMLO en el izquierdista MORENA desde 2015.
El Senador Monreal también es una de las piezas claves en la discusión de lo que se supone será la Ley que despenalizará el uso recreacional de la marihuana en México. Tema que emergió públicamente en las cámaras legislativas en noviembre pasado y que se estima que cristalizará este mismo año en un reglamento que, de acuerdo al propio parlamentario, será “una buena ley, una ley de avanzada que resuelva los problemas planteados por colectivos, ciudadanos, consumidores, industriales y la sociedad en general”.
La defensa del sagrado derecho a la libre expresión siempre es algo que se aplaude. Sin embargo, cuando esa “defensa” proviene de un gobierno tan intolerante ante la propia opinión ajena, que además ha admirado públicamente y hecho hermandad con regímenes de izquierda de todo el mundo que han perseguido periodistas, cerrado medios de comunicación y fustigado el derecho del ciudadano promedio a decir lo que piensa -tal cual es el caso de Andrés Manuel López Obrador- es cuando se encienden las alarmas y el cuento no se cree completo.
Frente a la tiranía de las Big Tech, el gobierno mexicano plantea darle más poder al Estado y a sus burocracias para que sean éstas últimas las que decidan cuándo se tiene o no se tiene razón con lo que se dice en las Redes Sociales. Toda una jugada de riesgo. El peor de los mundos para México y la comunicación libre.
