Después del fracaso de las negociaciones con el gobierno de Mark Rutte, los granjeros de los Países Bajos se han vuelto a echar a la calle. El jueves pasado centenares de campesinos y en torno a cien tractores se manifestaron en La Haya. Ha tenido menos impacto que otras protestas porque no han incendiado edificios ni herido a nadie ni atacado a los policías. En general, estas protestas son pacíficas. No obstante, ha habido dos detenidos a las afueras del Parlamento. El plan del gobierno para reducir las emisiones de nitrógeno condena a la desaparición a unas 3.000 granjas y sienta un peligrosísimo precedente para todas las demás.
En la Unión Europea se están produciendo varias fracturas políticas, económicas y sociales. Todas ellas vienen causadas o, al menos, agravadas por políticas impuestas desde fuera de los Estados nacionales. El entramado de organizaciones internacionales, lobbies y otras instancias de poder desempeñan un papel central en el trazado de esas decisiones que los gobiernos terminan imponiendo a sus ciudadanos. Desde el Foro Económico Mundial hasta las organizaciones que influyen sobre los eurodiputados, los intereses económicos de una élite global —por ejemplo, la imposición de una «economía verde» que transformará las sociedades europeas— prevalecen sobre sectores enteros de la población y, en algunos casos, sobre la mayoría. Sirva de ejemplo la fijación de cuotas obligatorias de inmigrantes para los Estados europeos, que Polonia y Hungría tratan heroicamente de resistir.
Se dirá que la revuelta campesina es producto de un descontento y que sus resultados electorales en los Países Bajos se deben al voto-protesta. Tal vez. Los granjeros neerlandeses llevan desde 2019 oponiéndose a medidas políticas y económicas que los abocan a la pobreza, a la pérdida de sus granjas y, en fin, a la desaparición de su forma de vida. Desde las grandes ciudades europeas, donde están los centros de poder, influencia y decisión, se cargan sobre los campesinos las consecuencias de unas medidas ajenas a la soberanía nacional. Algo similar sucede con la inmigración irregular —cuyos efectos sufren las clases populares de las barriadas y no las élites— y con el impulso de los vehículos eléctricos mediante prohibiciones, limitaciones de uso y restricciones a la venta de los que no lo son.
Resulta inevitable invocar el procedente canadiense. La represión desatada contra los camioneros no sólo comprendió detenciones y procesos penales, sino cancelaciones de cuentas bancarias, privación del acceso a fondos y otras medidas tendentes a asfixiar económicamente al movimiento y a los propios conductores, que sólo pedían poder trabajar. Por supuesto, estas medidas no se adoptan sólo desde el Estado, sino también desde instituciones privadas que optan por apoyar determinadas políticas y reforzar ciertos consensos. El globalismo emplea todos los recursos a su disposición desde los gobiernos afines, como el de los Países Bajos, hasta, la gestión de las marcas y las políticas de los fondos de inversión como la integración en los «valores corporativos» de la «diversidad», la «equidad» y la «inclusión». Huelga decir que, a esos términos, especialmente «equidad», se los ha dotado de nuevos significados de forma parecida a lo que ha hecho la OMS.
Así, en torno a las revueltas campesinas orbitan varias cuestiones candentes de nuestro tiempo: la tensión entre las clases populares nacionales y las élites globales, el descarte de los perdedores de la globalización —es decir, quienes no pueden influir en la toma de decisiones en espacios de poder no democráticos como el Foro Económico Mundial pero sí sufren sus políticas— y la menguante soberanía nacional a la hora de que los gobiernos velen por el interés de sus ciudadanos.
Naturalmente, hay alternativas. En el caso de la inmigración, por ejemplo, Polonia y Hungría se han convertido en el dique de contención del «mecanismo de solidaridad obligatoria», que impone a los Estados ciertas cuotas de inmigrantes o el pago de un determinado importe —20 000 €— por cada uno de ellos. Polonia celebrará elecciones parlamentarias en otoño, pero la victoria de Viktor Orbán en abril de 2022 aún resuena. Los campesinos neerlandeses obtuvieron un éxito muy notable en las elecciones locales de marzo de 2023.
En Europa estamos viviendo una reacción cada vez más intensa frente a los excesos y las injusticias que las políticas globalistas están generando. Francia está en llamas y señala las consecuencias de décadas de malas decisiones. Los campesinos neerlandeses se han vuelto a echar a la calle. Dentro de un año hay elecciones al Parlamento Europeo.
Recuerden todo esto cuando llegue el momento de votar.
