Se acaba el año 2022, 365 días en los que en España el Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado el rodillo ideológico y ha empobrecido más a la familia españolas, que sufren cada día la alta inflación y la ineficacia económica de un Ejecutivo elefantiásico que ha gastado en asesores de enero a octubre 4,4 millones de euros más en 2021.
El año ha estado marcado en el contexto internacional por la guerra en Ucrania tras la invasión por parte del régimen de Vladimir Putin y la grave crisis energética derivada en buena parte de la dependencia europea del gas ruso… y en el ámbito nacional por los pactos del Ejecutivo con los enemigos declarados de España (separatistas y filoetarras) y por su deriva hacia la autocracia al tratar de eliminar los contrapesos del Estado.
Con el Poder Legislativo a su lado –son muchas las ocasiones en las que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha mostrado su parcialidad–, el Ejecutivo ha tratado de hacerse con el Poder Judicial. Así, este mes de diciembre intentó un asalto a la Justicia que fue frenado –por ahora– por seis magistrados del Tribunal Constitucional a los que miembros de los partidos que sustentan al Gobierno llegaron a tildar de «golpistas» y de «jueces ultra».
Las cesiones al separatismo y las leyes ideológicas
En 2022, Sánchez ha continuado con las prebendas a sus socios a cambio de su apoyo parlamentario en los Presupuestos del gasto y el despilfarro –ya aprobados– y en las distintas iniciativas legislativas. Su Ejecutivo ha premiado al separatismo catalán con la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación. Desde la Generalitat, por su parte, se ha respondido con la petición de un referéndum de autodeterminación —«2023 tiene que ser el año de dar forma a la propuesta catalana de acuerdo de claridad», ha señalado Peré Aragonés en el reciente discurso de Navidad–, y con la permanente –y permitida– vulneración de derechos fundamentales en materia lingüística para convertir el español, la lengua materna de la gran mayoría de los catalanes, en un idioma extranjero… en España.
Respecto al PNV y a Bildu, cabe señalar que el Ejecutivo ha continuado con los beneficios a etarras en forma de excarcelaciones o acercamientos –ya quedan poco más de 10 terroristas cumpliendo condena en prisiones fuera del País Vasco y Navarra–. Sánchez se ha comprometido además a retirar a la Guardia Civil las competencias de Tráfico y Seguridad Vial en la Comunidad Foral, decisión que se materializará en los próximos meses.
En 2022, han continuado las leyes ideológicas –surgidas algunas del Ministerio de Igualdad, que contará con 573 millones en el Presupuesto de 2023, y con el visto bueno de todo el Consejo de Ministros– que, como en el caso de la ley del «sólo sí es sí», ha permitido que se concedan permisos penitenciarios a más de un centenar de delincuentes sexuales, violadores y pederastas. Y se han desarrollado leyes –que entrarán pronto en vigor– como la nueva del aborto, que lo convierte en «derecho», elimina el requisito de consentimiento de los padres para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar y supone la garantía de adoctrinamiento sexual en todas las etapas de la enseñanza obligatoria; o la ley Trans, que instaura «la libre autodeterminación de género» y en la práctica señala que la condición de mujer es «una cuestión de voluntad».
También se ha seguido con la matraca de la memoria histórica –ahora llamada «democrática»– con una nueva norma apoyada por Bildu que intensifica el «revisionismo histórico«, y reprime el pensamiento, la libertad de expresión y la libre investigación histórica. Y se ha exhumado a Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de La Macarena en Sevilla y se ha avanzado la exhumación de José Antonio Primo de Rivera de la Basílica del Valle de los Caídos.
Además, el impulso gubernamental del «efecto llamada» ha mantenido la presión migratoria. En los primeros 11 meses y medio de este año llegaron a España más de 30.000 inmigrantes –ya son casi 220.000 desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa–, a la vez que se ha acentuado la emergencia demográfica. España registró en los primeros seis meses del año la cifra más baja de nacimientos desde 1941.
La salida de Pablo Casado y la enmienda a la totalidad de VOX a Sánchez
En 2022 se celebraron elecciones autonómicas en Castilla y León, dónde VOX, que forma parte del Ejecutivo autonómico, ha conseguido se dé prioridad al mundo rural, se incentive la natalidad y se haya recortado buena parte de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos; y Andalucía, donde el PP –que gobierna con mayoría absoluta– ha asumido el discurso del nacionalismo andaluz con decisiones como institucionalizar el 4 de diciembre como el día de la bandera andaluza y ha ampliado la plantilla fija de la televisión pública, que hasta ahora era de 1.300 trabajadores.
En la política nacional, cabe señalar el cambio en la dirección del PP tras la profunda crisis interna en el mes de febrero, la salida de Pablo Casado y la llegada a Génova 13 de Alberto Núñez Feijóo, al que sustituyó como presidente de la Xunta de Galicia Alfonso Rueda, y el rechazo global y la enmienda a la totalidad de VOX a un Gobierno «sostenido en la mentira, y que emula al viejo y criminal Frente Popular», según palabras de Santiago Abascal en el Debate sobre el estado de la Nación celebrado el pasado mes de julio.
Ante el panorama actual, con la «liquidación de los últimos vestigios de la separación de poderes«, VOX aboga por la presentación de una moción de censura, con un candidato neutral que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. «España está sufriendo un Gobierno extremista que pretende perpetuarse en el poder arrasando cualquier impedimento legal o moral. Por ello, es la hora de la unidad. El pueblo español, como en sus mejores momentos, ha de unirse frente a quienes le quieren robar su pasado, su presente y su futuro», aseveró el propio Abascal el pasado 9 de diciembre.
