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Instituciones y gobiernos nacionales imponen medidas liberticidas

La izquierda y los globalistas intensifican la censura en Europa a poco más de seis meses del 9-J

Pedro Sánchez, Charles Michel y Donald Tusk. Europa Press

En el Congreso, los diputados de izquierdas que apoyan al Gobierno de Sánchez deciden no contestar las preguntas de los periodistas que les molestan. Y no ocurre nada. La presidenta del Congreso quita el turno de palabra al presidente del tercer partido de la Cámara por dirigirse a Sánchez sin guardarle el debido respeto. Y tampoco ocurre nada. El director de un periódico digital se sienta en primera fila en la presentación del nuevo libro de Sánchez y luego asegura que toca la “exclusión de la comunidad democrática» de VOX. Y por supuesto a nadie de la casta se le cae la cara de vergüenza.

Porque en España estamos acostumbrándonos a la censura. Y esa acomodación se extiende gracias a que los medios cuya audiencia es de derechas pero que no son de derechas dejan pasar todo lo anterior.

Sin embargo, basta asomarse por encima de los Pirineos para darse cuenta que los partidos no gratos para el sistema y los medios de comunicación que permiten transmitir la realidad están sufriendo un ataque generalizado por parte de los poderosos y de sus vicarios.

En seis meses habrá elecciones al Parlamento Europeo, esa Cámara que decide qué se puede cultivar en los campos y en la que los regímenes de Catar, Marruecos y China compran parlamentarios. Y las últimas elecciones en Países Bajos y Alemania, y las encuestas recientes indican que puede producirse un terremoto político. Los dos grupos parlamentarios soberanistas, el ECR e Identidad y Democracia, crecerían a costa del Partido Popular, los socialistas y, sobre todo, de los verdes y los liberales.

Medidas liberticidas de instituciones y gobiernos nacionales

Para evitarlo, la partitocracia comunitaria, que es la misma que todavía gobierna en la mayoría de las naciones de la UE, está procediendo a aplicar medidas contra estos partidos y contra la libertad de expresión. De todas ellas, hemos dado cuenta en La Gaceta.

Comisión Europea: el comisario de Comercio Interior y Servicios, Thierry Breton, que fue ministro en un Gobierno de Sarkozy, es decir, también vinculado al PP, lleva meses amenazando a la red social X por permitir «contenido ilegal» y «desinformación». A Breton no le importa que haya periódicos de papel ni canales de televisión públicos y privados que difundan bulos o mientan. El lunes pasado anunció la apertura de un expediente sancionador a X.

Su propietario, Elon Musk, que el domingo anterior intervino en un acto del partido Fratelli d’Italia, le ha preguntado por medio de X si ha tomado medidas similares contra otras redes sociales. Breton no se ha dignado contestar.

-Polonia: el Gobierno del centrista Donald Tusk, vinculado en Europa al PP, destituyó a una multitud de directores de organismos públicos, incluidos los de los medios de comunicación públicos. El pasado miércoles, la Policía entró en la sede de la televisión pública y cortó la emisión en directo. El diario El Mundo ha aplaudido la suspensión de la emisión, porque el Gobierno anterior, según la corresponsal, usaba esas televisiones y radios como «canales de propaganda«.

-Alemania: los servicios de información alemanes persiguen al partido Alternativa para Alemania (AfD), el que más crece en las encuestas. Este organismo de espionaje, controlado por el Gobierno de socialistas, verdes y liberales, ha clasificado como «organización extremista» a la sección de AfD en el estado de Sajonia, como ya lo hizo en los estados de Turingia y Sajonia-Anhalt. Estos territorios son los de mayor crecimiento del partido, opuesto a la inmigración descontrolada y la Agenda 2030.

Irlanda: el Gobierno de Leo Varadkar, del partido Fine Gail, miembro del Partido Popular Europeo, quiere aprobar desde hace meses una legislación que castigará severamente los delitos de odio, y se considerarán tales las opiniones contrarias a la inmigración o a las políticas del Gobierno.

Las revueltas ocurridas a finales de noviembre después de que un inmigrante ilegal con varias órdenes de expulsión apuñalase a tres niños y dos adultos han corroborado a Varadkar en sus planes de censura. Según el proyecto de ley, se tipificará como «delito de odio» tener memes en el teléfono móvil contra la inmigración tal y como la califique el Gobierno y se castigará con multas y cárcel.

Francia: el Gobierno del liberal-progresista Macron va a prohibir una asociación católica tradicional, Academia Christiana, que no está involucrada ni en política ni en disturbios ni tráfico de drogas ni de inmigrantes. El Ministerio de Interior justifica su propuesta en que esta asociación, dedicada a la formación de católicos y la identidad, promueve el «discurso de odio».

Mientras tanto, los franceses ya aceptan a la Agrupación Nacional, de Jordan Bardella y Marine Le Pen, como posible partido de Gobierno. Una reciente encuesta da al RN un 28% del voto para las elecciones al Parlamento Europeo, por encima de la mayoría presidencial, que se quedaría en un 19%.

Parlamento Europeo: el pleno de la Cámara retiró la inmunidad a cuatro diputados polacos del partido Ley y Justicia para que sean juzgados por delito de odio al compartir un vídeo de unas elecciones celebradas en 2018 sobre los peligros de la inmigración masiva.

En los próximos meses, a medida que se acerque la fecha del 9 de junio, cuando se elegirá el nuevo Parlamento Europeo, los ciudadanos asistirán a nuevos ataques a las libertades, que no se limitan sólo a prohibir entrar con los coches en los centros de las ciudades (salvo que se pague una tasa), sino a prohibir hasta ciertas ideas y palabras.

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